Invernaderos de Santa Rita y transparencia
La discrecionalidad con que parece manejarse en materia de información pública la actual administración estatal, no es una señal positiva respecto de la transparencia.
En mayo solicité información sobre el asunto de los invernaderos de Santa Rita a la Secretaría de Finanzas (SF). Lo hice recurriendo a la Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública, solicitando información respecto del gasto que la actual administración había realizado, hasta ese entonces, en el proyecto de los invernaderos de Santa Rita.
Recibí respuesta informándome que, por un acuerdo sostenido el 3 de febrero, tal información no me podría ser proporcionada ya que había sido clasificada como "reservada". Ello supone que debió de existir, por lo menos, una solicitud previa sobre el mismo tema que data de una fecha alrededor de tal acuerdo.
Las causas para considerar reservada la información son por considerarla un expediente de proceso jurisdiccional o de procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, así como por estimar que con tal información se comprometía el procedimiento de investigación penal del asunto que se trataba en el Juzgado Segundo Penal en contra del ex titular de la propia SF, Olegario Galarza Grande.
En mi opinión, la SF realizó una interpretación sesgada de la ley toda vez que si, en efecto, la información solicitada fue integrada al juicio en mención ésta no es resultado de la Averiguación Previa realizada por el Ministerio Público, sino que forma parte de una información administrativa, contable y financiera propia de la actividades de administración y control de la SF y elaborada de manera previa al inicio del proceso jurisdiccional.
Así se lo comente a los encargados de la Unidad de Enlace de la Ley de Transparencia de la SF, de quienes he recibido un magnífico trato que ha llevado a un cordial intercambio de opiniones y un aprendizaje mutuo en el tema. En todo caso, no pasó de un comentario cordial porque en ese entonces no se había integrado la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información (CEGAI), por lo que no hubo forma de interponer el recurso de revisión que la propia ley prevé.
Integrada hasta el 28 de junio la CEGAI, y enterado que ésta dispuso un acuerdo relativo a la ampliación de términos para la presentación de recursos de revisión sobre negativa de las autoridades de proporcionar información pública a solicitantes, el 9 de septiembre lo presenté.
Pero resulta que contraviniendo la respuesta que me fuera dada por la propia SF hace unos meses ahora, el 25 de septiembre, aparece en la prensa local la información, emitida por el titular de la SF, de que la actual administración ha invertido 90 millones de pesos en los invernaderos y que solo ha recuperado la mitad de tal inversión. Y al día siguiente el titular de la Secretaría de Planeación del Desarrollo, Antonio Madrigal Ortíz, afirma: "todos los detalles de cifras en torno a los invernaderos serán dados a conocer por el Gobernador en el próximo informe de Gobierno" (Pulso)
¿Por qué entonces negar la información, mediante interpretaciones segadas, a quienes la habíamos solicitado con anterioridad?
Espero que, efectivamente, la información sea ventilada públicamente. Y que tal información no sea motivo de dudas al interior incluso del propio gobierno, porque hasta el Secretario de Gobierno afirmaba, en información aparecida el mismo día 26 de septiembre, que de acuerdo a sus informes la cantidad que se quedó a deber a proveedores de los invernaderos era distinta de la que se había manejado antes.
Me preocupa la discrecionalidad que aplica, en este caso la SF, para establecer criterios de clasificación a la información pública ya que, al menos en este caso, parece haber habido ligereza en reservar una información que ahora difunde en medio de confusiones e imprecisiones.
La transparencia requiere de un aplicación confiable de la ley, así como del manejo apropiado y claro de la información por parte de los sujetos obligados a proporcionarla, de lo contrario asistiremos a un nuevo acto de simulación que mucho le cuesta a la ciudadanía, y en detrimento de la confianza a las instituciones públicas.
Por otro lado, los solicitantes de información pública estamos enfrentando procedimientos burocráticos y tácticas dilatorias que contravienen el objeto de la propia ley de transparencia: acceder a la información.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)