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Víctimas necias que acusáis…

La reciente denuncia de Alberto Athié, activista por los derechos de las víctimas de abuso sexual de sacerdotes, acusando al ex representante legal del Arzobispado potosino, Eduardo Córdova Bautista, ha generado diversas reacciones en un tema particularmente sensible.

La aparición de testimonios periodísticamente documentados por Sanjuana Martínez, reconocida reportera especializada en el tema y autora de varios libros, dimensionó aún más el asunto.

Athíe y Sanjuana Martínez, no son improvisados. Junto con otros periodistas e investigadores, fueron claves en documentar y dar a conocer a la opinión pública la doble vida criminal de Marcial Maciel cuando hacerlo era enfrentarse abiertamente a las cúpulas mediáticas, empresariales, eclesiásticas y políticas, y ello tuvo consecuencias en sus vidas y actividades.

“Conozco al monstruo: he vivido en sus entrañas”, decía el poeta independentista cubano José Martí de su vida en Nueva York. Athié puede decirlo de la Iglesia Católica a la que conoce profundamente por haber sido sacerdote durante veinte años en que llegó a ocupar importantes cargos administrativos y pastorales, luego de conocer el testimonio directo de algunas de las víctimas de Marcial Maciel, el criminal fundador de la Legión de Cristo, se comprometió a lograr justicia. Luego de años de infructuosa búsqueda al interior de la Iglesia comprendió que a nada se llegaría desde ahí por la política institucional de encubrimiento. Relegado y perseguido en su ministerio renunció al sacerdocio y continuó la lucha desde la sociedad civil. Maciel y la Iglesia Católica se vieron finalmente acorralados. Aquél nunca rindió cuentas a la justicia civil que nunca procuró, siquiera, alcanzarle.

La Iglesia católica potosina no se había visto públicamente enfrentada a un caso así. Sus reacciones han sido ambivalentes. Por una parte el propio Arzobispo reconoció que desde hace tiempo existe una investigación en el Vaticano sobre las conductas del señalado y que ha recibido testimonios directos de familias de afectados, lo cual es un reconocimiento inusual en el modus operandi del tratamiento institucional del tema. En contraparte y paradójicamente, el vocero oficial del Arzobispado, Juan José Priego Rivera, ha enarbolado el tradicional tratamiento de deslegitimar las denuncias, empezando por los denunciantes, a quienes tacha de “difamadores”, y atribuye oscuras intenciones para desprestigiar a la Iglesia Católica, particularmente del ex sacerdote quien estaría “resentido”, y hasta ha defendido la inocencia del señalado.

Así fue la inicial forma en que la Iglesia Católica mexicana y el Vaticano enfrentaron las acusaciones contra Maciel en la década de los noventa, y conocemos el desenlace.

Resulta sumamente extraño, pero significativo, que en una de las instituciones donde más peso tiene la conducción jerárquica de los asuntos y las conductas, sea evidente tan desigual tratamiento dado por el superior y su subordinado. Algo parece no funcionar ahí.

Particular gravedad suponen algunas de las declaraciones del vocero arzobispal respecto de las acusaciones porque, aunque dirigidas a Athié y Sanjuana Martínez, terminan por dirigirse a las víctimas que han confiado en ellos para dar a conocer sus testimonios. El mensaje es claro: víctimas, presenten denuncias ante el Ministerio Público, de lo contrario nada puede hacerse; den la cara, déjense de difamaciones; quien acusa debe comprobar.

Al coro se han sumado algunos diputados siempre prestos a declarar respecto de cuanta cosa sin ton ni son. También la Procuraduría de Justicia del Estado y hasta, con matices, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Similar conminación: víctimas, preséntense y denuncien anta la autoridad civil competente.Parece fácil ¿no?

De congresistas y PGJE cualquier cosa puede esperarse sin extrañeza. La Iglesia Católica y la CEDH, no deben ignorar el especial tratamiento que requieren las víctimas de abuso sexual por la particularidad y gravedad de los efectos que tiene sobre ellas.

El abuso sexual, es un delito particularmente lesivo para quien lo sufre agravado cuando son menores de edad por las afectaciones a su desarrollo psico-social.

El abuso sexual es una de las más brutales manifestaciones de dominio de una persona sobre otra, y ocurre por la asimetría de poder entre ambas, siempre en perjuicio de la víctima. El abusador siempre ocupa una importante y significativa ascendencia jerárquica -familiar, moral, religiosa, laboral, política, etc.- sobre su víctima. Sabe elegirla, conoce su vulnerabilidad no solo por la relación asimétrica que mantienen, sino por determinadas situaciones afectivas, personales o sociales que suelen confiarle previamente. Por otra parte, antes del abuso, se encarga de hacerle saber con toda claridad que goza de amplio poder y reconocimiento particularmente en el entorno en que se mueven ambos, y en otros también, fuera del alcance de la víctima, incluyéndose el de la justicia civil.

El abuso sexual es un suceso traumático así haya ocurrido ayer, hace un mes o veinte años antes. Exigir retadoramente a las víctimas “dar la cara” es revictimizarles y un recurso bastante mezquino de deslegitimarles y, no en pocas ocasiones, hasta con la abierta intención de proteger al abusador.

El verdadero apoyo institucional -eclesial y civil- a las víctimas de abuso sexual, es generar condiciones adecuadas para la denuncia en conformidad con la naturaleza y gravedad de las afectaciones sufridas. Muy apartado de ello resultan las declaraciones del vocero arzobispal quien hasta afirma que aunque sea hallado culpable dentro de la Iglesia no sería denunciado ante las autoridades locales, ya que esa no es la función de la Iglesia (Nota de La Jornada San Luis del 8 de mayo), en abierta contraindicación de disposiciones eclesiales señaladas en la “Guía para comprender los procedimientos fundamentales de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), cuando se trata de las acusaciones de abusos sexuales”, el motu proprio “Sacramentorumsanctitatis tutela”, y el Código de Derecho Canónico.

Declaraciones como las vertidas me remiten a la famosa redondilla satírica de Sor Juana Inés de la Cruz que bien podrían parafrasearla así: “Víctimas necias que acusáis al abusador sin razón; sin ver que sois la ocasión; de lo mismo que culpáis”.


(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)


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