Relevo en la ASE
Otro proceso de renovación de un organismo público autónomo está por concluir, el de la Auditoría Superior del Estado (ASE), y como en anteriores, se impone un patrón de captura por parte de los poderes que termina por pervertir su naturaleza.
Los organismos públicos autónomos (OPA), como la ASE, la CEDH, la CEGAIP y el CEEPAC, por señalar los del ámbito estatal, han surgido en las democracias contemporáneas como instancias que contribuyen a extender la tradicional estructura tripartita de la división de poderes, ampliando la estructura de pesos y contrapesos y la rendición de cuentas. De esa forma, según la teoría, pueden ayudar a la consolidación de la democracia, al ocuparse de velar por el cumplimiento de alguno de sus elementos medulares, ya sea, la rendición de cuentas, los derechos humanos, el acceso a la información pública o los procedimientos electorales.
Pero para que cumplan con su auténtica función, tales organismos deben reunir ciertas características, siendo las principales, la autonomía e independencia, atributos que sostienen de manera más evidente su legitimidad y credibilidad, y de ahí, su eficacia.
Sin embargo el sistema político, tanto a nivel federal como estatal, ha encontrado la forma de pervertir la naturaleza de tales órganos, para subordinarlos a los intereses políticos-partidistas de la coyuntura. Así, tales órganos suelen ser moneda de cambio de negociaciones políticas al interior de los congresos, apartándose de los criterios con los que debieran de realizarse sus periódicos procesos de renovación: otorgarles autonomía, legitimidad y eficacia.
El patrón de captura de los OPA inicia, la mayoría de las veces, por la emisión de convocatorias que no reúnen todos los requisitos de la ley, y en las que no se establece un proceso público, abierto, incluyente y, sobre todo, auténtico, en base a criterios que privilegien la aptitud de quienes ocuparan la titularidad de los OPA, y destacan la inexistencia de un perfil claro de idoneidad así como la ausencia de criterios de evaluación a seguir por parte de los legisladores. De tal forma, los procesos quedan a merced de la discrecionalidad y de los intereses de la coyuntura política del momento.
En un clásico reciente de la Ciencia Política, “Accountability social: la otra cara del control”, Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz (2002), analizan los déficits del sistema democrático en América Latina respecto de la deficiencia en el desarrollo de mecanismos adecuados y eficaces de lo que en inglés se conoce como accountability, concepto que, al no tener un equivalente preciso en castellano, ha sido traducido de un modo más común como “rendición de cuentas”. Así, distinguen la accountability legal y la política. La primera refiere a la separación de poderes y los sistemas de pesos y contrapesos entre las distintas ramas de gobierno y está integrada por las normas constitucionales, los códigos, leyes, reglamentos, procedimientos administrativos y, en general, todos los mecanismos que el constitucionalismo moderno establece para poner límites a la arbitrariedad del Estado. La accountability política se refiere a la capacidad del electorado para hacer que las políticas gubernamentales respondan o se adecuen a sus preferencias y está íntimamente vinculada a los procesos electorales.
Ante sus notorias deficiencias y debilidades, debido en parte a la captura política de tales mecanismos, los autores hablan de la necesidad de implementar una accountability social realizada por OSC´s, movimientos sociales y medios de comunicación, una forma diferente de control social que, bajo determinadas circunstancias -la intensidad del reclamo, la fuerza de su voz y el impacto en la opinión pública- puede resultar más efectiva en la rendición de cuentas, siendo hasta capaz de forzar a activar los mecanismos tradicionales de accountability legal y política que, de otra forma, no se activarían.
El ejercicio de la accountability social se fundamenta en estrategias tanto legales, como de movilización cívica y mediáticas, las cuales interactúan y se combinan aportando cada cual elementos distintos que permiten establecer un cierto control social a las acciones del poder.
Por la forma en que se conducen los procesos de integración y renovación de los OPA en la entidad, no hay duda de que sólo con este tipo de exigencia en la rendición de cuentas, así sea de alguna minoría ciudadana interesada en tales temas, será posible, por lo menos, evidenciar y sacar a la luz pública los excesos del poder, ya que los organismos públicos autónomos han sido pervertidos en su naturaleza debido a su captura política.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)