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Ley de la persona joven en San Luis…las vicisitudes de una ley necesaria

Nunca antes como ahora hay tantas personas jóvenes en México y así será hasta el 2015, cuando se llegue al máximo histórico. Sin embargo son uno de los sectores más vulnerables. Muchos datos lo demuestran.

La tasa de desempleo juvenil es de 12.3%, lo que significa más del doble del promedio nacional en materia de desocupación (OIT). Mientras que la cobertura en educación básica es superior al 90 por ciento, en la Educación Media Superior se desploma al 65 por ciento -en cifras redondas- y apenas 3 jóvenes de cada 100 llegan a la educación superior.

Hasta 2005 los accidentes automovilísticos constituían la mayor causa de fallecimientos entre jóvenes de 15 a 29 años. En 2006 al registrarse un aumento inédito de homicidios, han terminado por convertirse en la principal causa de muerte de jóvenes a partir de 2009. Los homicidios de adolescentes de 15 a 19 años repuntó 124%; entre jóvenes de 20 a 26, 156%; y entre los de 25 a 29 años, 152%. (Instituto para la Seguridad y la Democracia, 2011)

San Luis Potosí tiene el tercer porcentaje más alto del país de jóvenes entre 12 y 29 años de edad que no están en la escuela ni se dedican a actividad laboral alguna, lo que representa el 29.5 por ciento de la población total en ese rango de edad, sólo detrás de Coahuila, que tiene el 31.3 por ciento de sus jóvenes sin estudiar ni laborar, y Guanajuato, con el 29.6 por ciento. (Los Jóvenes y la Educación, SEP, 2011)

A las adversidades reales señaladas –sólo algunas por cierto- se añaden los prejuicios. Así, somos una de las entidades en las que más personas creen que los jóvenes que no estudian ni trabajan lo hacen por decisión propia (Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México, CONAPRED, 2010). El 44.3 por ciento de los encuestados en San Luis Potosí así opinan, superando por ocho puntos porcentuales la media nacional. Por si fuera poco, la encuesta también refleja el grado de desconfianza de la ciudadanía a los jóvenes, el 65.6 por ciento de los potosinos consideró justificable, en algún grado, llamar a la policía cuando se junta en la calle un grupo numeroso de jóvenes. La media nacional sólo llega al 49.2 por ciento…San Luis teme a sus jóvenes. Hace unos días, a los menores de 18 años, según revela una nota (Pulso, 26 de marzo), hasta se les prohibió adquirir una mascota mediante reformas a la Ley de Protección a los Animales.

La vulnerabilidad de las personas jóvenes en San Luis, llevó a un grupo de OSC, diputados locales de distintas fracciones y el Instituto Potosino de la Juventud a integrar, en marzo del 2011, un grupo de trabajo plural interdisciplinario e interinstitucional para elaborar y presentar una iniciativa de Ley de la Persona Joven para el Estado. El objetivo es ampliar el marco de derechos de los y las jóvenes y crear mecanismos para su efectivo goce.

La iniciativa representa un avance en la protección y garantía de los derechos de las y los jóvenes, toda vez que fue realizada en conformidad con los estándares internacionales en la materia, particularmente la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes en concordancia con la reciente y trascendental Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, que entró en vigor en junio del 2011

Durante tres meses se realizaron trabajos intensivos para construir la iniciativa y llegar a consensos. El 30 de junio se presentó la iniciativa que, por otra parte, pareciera representar un inédito y alentador proceso de trabajo entre diputados y diputadas de distintos Grupos Parlamentarios con organizaciones de la sociedad civil, sentando un precedente de colaboración entre el Poder Legislativo y las OSC locales.

Pero…la iniciativa no avanza. A diez meses de su presentación, aún espera ser dictaminada por la comisión legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. El tiempo corre en contra, pues las campañas electorales suelen paralizar la actividad legislativa, más aún si buena parte de los diputados son, a la vez, candidatos a nuevos puestos de elección, como es notoriamente el caso del Congreso local.

En San Luis no sólo se teme a sus jóvenes, tampoco parecen ser prioridad legislativa…a menos que sea para reducir la edad penal y enviarlos a la cárcel.


(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)



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