Legislar sin atender: la Ley de la Persona Joven
En las postrimerías de la actual legislatura, algunos de sus diputados y diputadas vuelven a mostrar el sello de lo que ha sido una constante en los cuerpos legislativos del país, legislar sin atender las necesidades y propuestas ciudadanas. El derrotero que ha seguido una iniciativa para expedir la Ley de la Persona Joven para el Estado de San Luis Potosí lo demuestra.
Originalmente tal iniciativa fue el resultado de un inédito y alentador proceso de trabajo entre diputados y diputadas de distintos Grupos Parlamentarios con organizaciones de la sociedad civil (OSC), y el Instituto Potosino de la Juventud que habría sentado un precedente de colaboración entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y las OSC locales.
No fue un proceso fácil, hubo que remontar desconfianzas, desacuerdos, visiones distintas y hasta por momentos encontradas, sin embargo luego de cuatro meses de trabajo entre marzo y junio del 2011, se presentó al Congreso la propuesta de ley suscrita por los diputados y diputadas: Pedro Pablo Cepeda (PAN), Beatriz Benavente (PRI), Felipe Abel Rodríguez (PRD), Manuel Lozano (PRI), Raquel Hurtado (PAN), y Griselda Álvarez (PANAL); así como por las y los ciudadanos, Alejandro Rosillo (Catedrático e Investigador de la UASLP), Alma Nava (EDUCIAC), Martín Faz Mora (Propuesta Cívica y EDUCIAC), Christian López Amaro (EDUCIAC), y Adelina Lobo Guerrero (Animos Novandi, A.C.). Cabe señalar que en la elaboración de la propuesta participaron activamente tanto Gerardo Aldaco Ortega, entonces Director del Instituto Potosino de la Juventud, así como los asesores jurídicos del Instituto, Javier Fortanelli Ortiz y León Cantú.
La iniciativa representa un avance en la protección y garantía de los derechos de las y los jóvenes, toda vez que fue realizada en conformidad con los estándares internacionales en la materia, particularmente la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, se le otorga al Ejecutivo a través del Instituto Potosino de la Juventud y con la intervención de la sociedad civil instrumentos efectivos para implementar políticas públicas en la materia a través del Programa Integral para el Desarrollo de la Juventud otorgando a los propios jóvenes la titularidad plena de sus derechos.
Pero una vez presentada la iniciativa, esta comenzó el tortuoso recorrido al interior de las comisiones legislativas, dos de ellas la de Derechos Humanos, Equidad y Género y la de Puntos Constitucionales, algunos de cuyos integrantes participaron en su elaboración, la dictaminaron sin reparos. Una tercera a la que también se le envío para su dictaminación, la de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, dominada por los cuatro integrantes del grupo parlamentario del PANAL, luego de detenerla durante más de un año, terminaron por mutilarla y empobrecerla al punto que hoy día han presentado una propuesta en la que desaparecen sus avances para transformarse en una ley que, de otorgar titularidad plena de derechos a los y las jóvenes, los reduce a simples objetos de tutela y asistencia de las instituciones gubernamentales, se le vacía de una adecuada perspectiva de juventud, se reducen en lugar de ampliar derechos, y se eliminan las garantías para el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades que la harían efectiva. Ello a pesar de que dos de los integrantes de tal grupo parlamentario, Griselda Álvarez y Vito Lucas Gómez, integrantes también de una de las otras comisiones legislativas, habían suscrito su aprobación al interior de las mismas meses antes.
Desafortunadamente por las prácticas legislativas de lo que llaman “negociación”, esta propuesta parece abrirse camino incluso, lastimosamente, con el consentimiento de algunos de los impulsores que la suscribieron inicialmente.
En innumerables ocasiones las autoridades, entre ellas los diputados y diputadas, realizan rimbombantes declaraciones sobre la necesidad de una ciudadanía activa en los temas públicos y atentísimas invitaciones a las organizaciones de la sociedad civil a participar en el diseño e implementación de políticas públicas. Cuando les tomamos la palabra y participamos activamente en procesos como el que aquí he descrito, las cosas se colocan en su verdadero lugar: un actuar legislativo que funciona en atención a intereses cortos y hasta mezquinos, atendiendo principalmente a consideraciones partidistas, con un alto sesgo de individualidad en ocasiones, y sin considerar la responsabilidad que se tiene ante la ciudadanía a la que se deben.
Aunque el tiempo apremia, aún podría retomarse la original iniciativa si las Comisiones de Derechos Humanos, Equidad y Género y la de Puntos Constitucionales, la impulsan decididamente, honrando así su compromiso cuando la dictaminaron aprobándola. O, por lo menos, evitar que llegue la propuesta elaborada por la comisión Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)