La justicia indolente, ahora Esperanza
“En este lugar maldito donde impera la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza”. Con este verso inscrito por un reo en un muro de la antigua cárcel de Lecumberri, iniciaba hace seis meses un artículo sobre Hilda, mujer potosina de escasos recursos, injustamente criminalizada y, entonces, sentenciada por aborto tras un irregular proceso. (Colaboración del 11 de julio del 2013, en La Jornada San Luis).
Ahora, el caso de Esperanza Reyes Aguillón, vuelve a evidenciar la grave descomposición del sistema de justicia penal y el grado sumo de indolencia de sus actores gubernamentales, sean de corte federal o local.
Igual que Hilda, ser pobre y mujer, es el delito que realmente se castiga en Esperanza. Su condición social de marginación, desamparo y de género, la convirtió, como a miles, en una más de las víctimas propiciatorias perfectas para sacrificar ante el altar de la “justicia” y cubrir así su cuota de simulación que justifica la existencia de tal burocracia ineficaz e indolente que del total de los delitos denunciados solo el 20 % es investigado, el 9 % por ciento llega ante un juez y apenas se castiga al 1%, y justo le tocó a Esperanza, como en su momento a Hilda… ¿otra historia de “mala suerte”? ¡No! simplemente el resultado predecible de un sistema judicial perversamente ineficaz, injusto, abusivo e indolente, y de una estructura socioeconómica y cultural que lo alimenta y mantiene.
El modus operandi fue exactamente el mismo en ambos casos, si bien uno del ámbito local y éste de carácter federal: en un primer momento se les detiene y mediante fianza se les libera para que luego, el diligentísimo Ministerio Público, institución autodenominada de “buena fe”, se encargue dolosamente de fincarle el mayor número de crímenes, cuanto más graves mejor, para así justificar burocráticamente su trabajo. A su vez la defensoría de oficio, el siguiente eslabón de la indolencia, la simulación y la ineficacia, hace lo mismo, limitándose a atender el trámite burocráticamente, apegado solo a las formas y sin ir al fondo. En el caso de Esperanza solo se limitó a presentar dos cartas de buena conducta, pero no a combatir el fondo del asunto para desmantelar las absurdas y dolosas acusaciones del Ministerio Público, así, no solicitó dictámenes periciales ni inspecciones de ningún tipo, nunca cuestionó las dolosas y subjetivas acusaciones elaboradas por el MP, ni realizó las gestiones para que fuera preservada la evidencia, en este caso el billete de cien pesos que utilizó para comprar la libreta a su hija, y que ya ni siquiera se encuentra en el expediente para ser revisado.
Los jueces, y luego los magistrados, continúan la simulación y el dolo, ensañándose con Esperanza, y sin corregir las actuaciones del MP, la defensoría de oficio y los tribunales, haciendo caso omiso de los principios constitucionales para garantizar los derechos de las personas, como la presunción de inocencia, pro persona, debido proceso y control de convencionalidad, que les obligan, entre otras cosas, a asegurar que exista la defensa adecuada y oportuna en todo momento del proceso. Y aunque tienen a la vista los notorios yerros e ineficiencias de la defensa, así como las absurdas acreditaciones subjetivas y dolosas del Ministerio Público, lo mismo hacen, conducen el trámite con indolencia, sin ir al fondo, para cubrir la cuota burocrática que, después, se verá reflejada en su bono de actuación y en las estadísticas de productividad de su desempeño. Como escribe el abogado, activista y analista, Jesús Robles Maloof, el sistema está diseñado para perseverar en los errores y no para corregir los abusos. (“Cinco años de prisión por 100 pesos”, en Sinembargo.com, edición del 14 de enero).En suma, un sistema perverso y degenerado.
La indolencia alcanza niveles de paroxismo cuando quien fuera el ineficaz defensor de oficio de Esperanza, en los claves momentos iniciales del proceso, Miguel Martínez Castro, hoy Subsecretario de Enlace Institucional del Gobierno de Fernando Toranzo, en declaraciones de prensa “deslindó al gobierno del caso, y dijo que el gobierno del estado no intercederá a[su] favor… El funcionario estatal argumentó que el caso compete a autoridades federales, y que todo el procedimiento se desahogó en ese ámbito por ello, dijo, el gobierno no va a intervenir”. ¡Peor: imposible!
Como en el caso de Hilda, solo la intervención de actores externos, GIRE A.C., una organización nacional con reconocida y larga trayectoria en la promoción y defensa de los derechos reproductivos de las mujeres en su caso, y ahora en el caso de Esperanza mediante Renace, A.B.P. (Asociación de Beneficencia Privada), Capítulo San Luis, es que las autoridades, locales o federales, se ven obligadas por efecto de una sacudida, a modificar, en parte, su abusivo e indolente modus operandi. Igual ocurrió en el caso del adolescente ejecutado en Ciudad Valles, Daniel Zamorano Rocha hasta que, finalmente, intervino el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Naciones Unidas. Es el mismo patrón.
Dado que el problema es estructural, los casos particulares como el de Esperanza, se repiten por cientos y miles que no alcanzan notoriedad. No menos cierto es que combatir estructuralmente tal situación, requiere conocer, difundir y actuar en los pocos que salen a la luz pública, gracias al esfuerzo de ese pequeño sector ciudadano y profesional que no se deja vencer ante la magnitud del problema, ni se rinde ante el desánimo de esa maquinaria institucional que devora y trunca vidas, rompe historias, y continúa indolente reproduciendo y magnificando más daños que arreglos. Su retorno de las Islas Marías al penal potosino es, apenas, una de las mínimas reparaciones que deberán conducir a su liberación, entre otras. La plataforma de peticiones Change.org ofrece la posibilidad de sumarse a la petición de indulto a su favor en: https://www.change.org/es/peticiones/presidente-de-la-rep%C3%BAblica-conceder-indulto-a-esperanza-reyes#
Los problemas estructurales del país no se reducen al sistema de justicia, sino que gangrenan prácticamente toda la institucionalidad. México atraviesa por un grave momento. Pero es la indolencia y hasta el cinismo con el que se conducen las autoridades responsables lo que magnifica tal gravedad. Su irresponsabilidad coloca al país al borde del abismo. Ahí están: Michoacán; la captura criminal del Estado y hasta su reconfiguración cooptada por la criminalidad; la restauración del sistema autoritario, y; el colapso institucional hasta en sus más básicas atribuciones como brindar seguridad pública o tapar baches, siquiera.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)