La CEDH-SLP abandona proyecto de protección a migrantes
Pobres entre los pobres, las personas migrantes son uno de los grupos más vulnerables en materia de derechos humanos. Víctimas de todo tipo de abuso y sumidos en la indefensión, ahora también lo son del desamparo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque su nuevo titular, Jorge Vega Arroyo, decidió de manera unilateral abandonar el proyecto de “Fortalecimiento de los organismos y organizaciones de derechos humanos de México y Centroamérica para la protección y promoción de los derechos de las personas migrantes”, financiado por la Unión Europea, por razones mezquinas enmarcadas en la disputa por la hegemonía de los Organismos Públicos de Derechos Humanos y olvidándose de las víctimas, contraviniendo así el mandato de la CEDH.
El origen del proyecto es el trabajo realizado por un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil en México y Centroamérica que integran la Red Regional Verdad y Justicia para las Personas Migrantes. Desde hace tiempo sus integrantes articulan acciones de defensa y protección para tan vulnerable sector. Con la finalidad de hacerlo también con organismos estatales ampliando la cobertura y la efectividad de los trabajos, la Red planteó el diseño e implementación de un proyecto conjunto, el cual representa un ejercicio inédito de creación de mecanismos trasnacionales para el acceso a la justicia de las personas migrantes. La Red Regional Verdad y Justicia se lo planteó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que a su vez articuló a otras dos estatales, la de Chiapas y San Luis Potosí. Localmente el asunto fue manoseado por el anterior Ombudsman, que utilizó el Proyecto haciéndolo pasar como un logro personal para cabildear su reelección.
Los objetivos del proyecto , consultados con sus impulsores para la elaboración de este artículo, son incidir en las condiciones que, en el ámbito local, afectan el derecho a la dignidad, integridad y seguridad personales e incentivan escenarios propicios para la discriminación e intolerancia hacia las personas migrantes en tránsito, a través de la creación de una Red permanente de acción y colaboración entre los organismos y organizaciones de derechos humanos que se constituya como un mecanismo de defensa transnacional de los derechos de las personas migrantes. Busca, así, implementar acciones y estrategias locales, a través de una red interinstitucional, que incida en la reducción de las condiciones de vulnerabilidad de las personas migrantes en tránsito por la región y generar estrategias de incidencia política y de cooperación institucional, principalmente locales, para que las autoridades respondan efectivamente a su obligación de protección de todas las personas. Se trata de visibilizar la grave problemática de violación a los derechos humanos y desarrollar mecanismos de protección para estas “víctimas invisibles”, como las titulara en un informe la organización Amnistía Internacional (2010).
En el proyecto participan: el Foro Nacional para las Migraciones de Honduras (FONAMIH), el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), la Casa del Migrante de Saltillo y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (México), organizaciones ciudadanas que forman parte de la mencionada Red. Y los Organismos Públicos de Derechos Humanos: las Procuradurías de Derechos Humanos de El Salvador y Guatemala, el Consejo de Derechos Humanos de Chiapas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y, lo iba a hacer, la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, hasta que su nuevo titular dispuso que no.
El proyecto se sometió a concurso en la Unión Europea y resultó seleccionado, por lo que ésta aporta el financiamiento sustancial del mismo, los organismos públicos y las organizaciones de la sociedad civil locales, realizan algunos pequeños aportes de infraestructura que no representan carga presupuestal imposible de solventar.
¿Por qué, entonces, la CEDH que tiene por mandato legal “la protección, defensa, observancia, promoción, estudio, difusión y educación en y para los Derechos Humanos de toda persona que se encuentre en el territorio del Estado”, abandona el proyecto? La razón es simple: pura mezquindad
La trama remonta a una sostenida disputa entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la del Distrito Federal (CDHDF) por la hegemonía de los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) en el país, de la que la CEDH local no se ha escapado en diversos momentos.
Desde la creación de los OPDH estatales en la década de los noventa, la CNDH ha procurado controlarlos por diversas vías. El escenario de la confrontación ha sido la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, donde intermitentemente un pequeño grupo de OPDH, que varía por periodos, ha pretendido mantenerse autónomas ante tal pretensión colonialista de la CNDH. Quien tradicionalmente ha encabezado tales esfuerzos es la CDHDF.
Por allá del año 2004 las comisiones de derechos humanos de Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Querétaro, Chiapas y el Distrito Federal decidieron impulsar el Programa de Fortalecimiento Institucional de Organismos Públicos de Derechos Humanos financiado, como ahora, por la Unión Europea y coordinado por la CDHDF. El conflicto fue mayúsculo, al grado que la CNDH por vías diplomáticas intentó desmantelarlo, sin lograrlo. El motivo que le impulsó a hacerlo era el control y los recursos, es decir, el poder. Es el antecedente del actual capítulo en que participa la CEDH local.
Ahora ocurre algo similar, la UE financia un proyecto, en esta ocasión en la temática de las personas migrantes, y de nuevo la lucha mezquina por la hegemonía de los OPDH aparece, y localmente se empata con la coyuntura del reciente proceso de renovación de la CEDH local, a la que llega Vega Arroyo quien recién ocupara la Dirección General de la Cuarta Visitaduría de la CNDH, organismo en el cual trabajó durante los últimos diez de los dieciocho años que llevaba haciéndolo fuera de la entidad.
Así las cosas, más allá de las injustificables excusas. En esa lucha por la hegemonía del tema y las instituciones de los derechos humanos lo que menos importa a los organismos públicos burocratizados son las víctimas, en este caso las personas migrantes.
Dice Jorge Vega Arroyo en declaraciones a la prensa: “No se requiere convenio para proteger a migrantes”… Aseguró que el único beneficiario sería la CDHDF, en tanto que a San Luis Potosí le correspondería pagar traslados, oficina, servicios y quizá hasta hospedaje en los municipios a recorrer y para los cuales no hay recursos”. Son declaraciones lamentables que revelan un pobrísimo compromiso con el mandato legal otorgado a la CEDH, y con las que esconde la verdadera razón por la cual decidió abandonar el proyecto en beneficio de las personas migrantes: puro cálculo político mezquino para mantener su relación con la CNDH, correspondiéndole así el favor de haber maniobrado ante el gobierno local para su nombramiento.
Nada parece diferenciar la decisión del nuevo Presidente de abandonar el proyecto a favor de las personas migrantes, de aquella irresponsable del anterior de cerrar oficinas del organismo al retirarse. Como se aprecia, la institución Ombudsman sigue estando a merced de los caprichos de sus titulares. La autonomía de la CEDH no debe ser utilizada como parapeto para evadir la debida rendición de cuentas de un organismo cuya naturaleza es de participación ciudadana (Art. 3 de la Ley de la CEDH). El Congreso, responsable de su nombramiento debería, al menos, exigirle una explicación de su decisión.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)