Hilda: ser pobre y mujer, su delito
“En este lugar maldito donde impera la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza”. Se dice que tal verso fue inscrito por un reo en un muro de la antigua cárcel de Lecumberri. Sintetiza no solo a la prisión como espacio físico, sino al mismo sistema penal mexicano. El caso de Hilda, mujer potosina de escasos recursos, criminalizada y sentenciada por aborto lo ejemplifica.
Hilda, originaria del Ejido las Palmas en Tamuín, sufrió un aborto involuntario luego de una inhumana jornada de trabajo doméstico en la que, junto con su madre, debió acarrear cubetas de agua de un pozo y una presa hasta su casa, y terminó siendo criminalizada por el personal médico y de apoyo de los servicios de salud del estado y por el Ministerio Público acusándola del delito de aborto y ha sido sentenciada a ser encarcelada, ejemplificando con claridad que lo que el sistema penal castiga es la pobreza, con el agravante, para Hilda, de la discriminación de género.
Todo inició el 9 de julio del 2009 cuando Hilda y su madre, ante la falta de agua en su casa, tuvieron que acarrearla en tinas y una carretilla durante buena parte del día, haciendo un “trabajo de burro” como ella misma lo dice. Fueron y volvieron con su carga hasta llenar los tambos que requerían para el consumo doméstico. Al día siguiente se sintió mal y le vino una hemorragia al punto de desmayar. Una hermana y un vecino la llevaron al Hospital Básico Comunitario. Allí, el personal médico detectó que Hilda, entonces de 18 años, tenía un embarazo de seis semanas. Comenzaron a incriminarla e intimidarla y agresivamente le condicionaron la atención médica a que “dijera la verdad”. Para ellas, ya que inicialmente le atendió una doctora, enfermeras y una trabajadora social, Hilda era culpable. Asustada por la hemorragia y el dolor, amedrentada por las servidoras públicas que le condicionaban atenderla, sin nadie que le apoyara o aconsejara Hilda terminó por “confesar” que se había provocado el aborto.
El Hospital la denunció ante el Ministerio Público, la policía, diligente como lo es, fue por Hilda para llevársela a los separos de la cárcel. Allí pasó la noche cubierta aún con la bata hospitalaria y soportando los dolores, pues el doctor en turno cuando se la llevaron se negó a entregarle la medicina prescrita. Quizá consideró que, siendo culpable, no la mereciera y así escarmentaría la culpa en merecido castigo.
Al día siguiente el Ministerio Público le dejó libre bajo las reservas de ley estimando que en ese momento no existían indicios suficientes para consignarla al juez. Ya lo haría en su momento pues no podría desaprovechar la oportunidad de contar con la víctima propiciatoria perfecta, una mujer pobre, para sacrificar ante el altar de la “justicia” y cubrir así su cuota de simulación que justifica la existencia de tal burocracia que solo “castiga” el 1% de las denuncias que se le presentan, ya que según datos proporcionados recientemente por el abogado José Mario de la Garza Marroquín, de la organización Renace, del 100 % de los delitos denunciados solo el 20 % es investigado, el 9 % por ciento llega ante un juez y se castiga al 1%, y justo le tocó a Hilda… ¿mala suerte? ¡No! simplemente el resultado predecible de un sistema judicial ineficiente, injusto y abusivo, y de una estructura socioeconómica y cultural que lo alimenta y mantiene.
En julio del 2012, tres años después, el Ministerio Público integró la averiguación, volviéndola a detener y consignándola, ahora sí, ante el juez. La criminalización de Hilda fue reforzada por la prensa. En las ediciones locales de la mayoría de los diarios de los días 24 y 25 de julio del 2012, se reporta la nota que solo da cuenta de la versión oficial de la Policía Ministerial y se enfatiza que Hilda es una delincuente confesa. El extremo fue la contraportada de un diario regional que publicó la nota con su fotografía encabezándola con el título “Asesinó a su hijo”, en grandes letras rojas, que fue profusamente voceada en su propia comunidad, ante sus vecinos, al grito de que Hilda era una asesina.
El pasado 5 de abril el juez Miguel Ángel Ramiro Díaz dictó sentencia condenatoria en contra de Hilda. Apoyada por GIRE, organización con reconocida y larga trayectoria en la promoción y defensa de los derechos reproductivos de las mujeres, Hilda interpuso recurso de apelación que deberá resolver en agosto la Quinta Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
En tal recurso se demuestra que en el proceso penal no existen pruebas para demostrar la responsabilidad de Hilda en el aborto que tuvo, y que la denuncia se fundamentó en una confesión arrancada bajo presión por la doctora del hospital, condicionándole la atención médica y sin la presencia de un abogado, por lo que la acusación carece de validez al fundarse en una confesión violatoria de los derechos de Hilda a la no autoincriminación y a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Coincido con GIRE, cuando afirma que “el caso de Hilda es ilustrativo de los prejuicios que persisten en las autoridades judiciales en torno al tema del aborto, así como de la criminalización del personal médico hacia las mujeres que solicitan atención en los hospitales públicos, lo cual constituye un patrón de conducta dentro de los servicios de salud que pone en riesgo la integridad y la vida de las mujeres”. GIRE impulsa una campaña de apoyo a favor de Hilda. Se trata de una petición dirigida a los Magistrados Zeferino Esquerra Corpus, Carlos Alejandro Robledo y la Magistrada María Guadalupe Orozco Santiago, integrantes de la V Sala Mixta del STJE, conminándoles respetuosamente a resolver con criterios imparciales el recurso de apelación interpuesto por Hilda. La petición puede firmarse en la plataforma de peticiones change.org en la siguiente liga: http://www.change.org/es/peticiones/ayuda-a-hilda
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)