El relevo en la CEDH
Ha concluido el proceso de relevo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Durante el tiempo que estuvo en curso consideré correcto abstenerme de comentar sobre el tema en mis colaboraciones semanales por estar participando en él. Concluido ahora, debo hacerlo.
El desenlace resultó acorde con la especie de que Jorge Vega Arroyo era el candidato oficial del Gobierno del Estado. Lo anterior fue abiertamente comentado y publicado por diversos medios, y era amplia y rotundamente afirmado en los pasillos y las oficinas del Congreso desde que se dio a conocer la lista de aspirantes en los primeros días de febrero.
Entre los conocedores de este tipo de decisiones, es claro que en el actual estado de cosas no se puede acceder a estos cargos si no se cuenta con la venía del Ejecutivo, más aún en un Congreso con la actual conformación y su reciente historial de mansedumbre. Todo señala que, en efecto, se eligió al candidato apoyado por el Ejecutivo.
De acuerdo a su currículum, publicado con ocasión del proceso, el nuevo Ombudsman suma dieciocho años viviendo fuera del estado desde que en 1995 ocupara el cargo de Ministerio Público Federal y luego otros en la Secretaría de Gobernación y el Senado. Los últimos diez ha trabajado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que representa, así, su horizonte, conocimiento y práctica en materia de derechos humanos. Tal organismo se ha mostrado más como un ente burocrático oficialista que como un auténtico defensor del pueblo. Lo más probable es que la llegada al organismo local de alguien con tal perfil, hará que se replique un esquema similar. Inclusive su elección puede enmarcarse en un ejercicio de “colonización” de la CNDH de los organismos estatales, un patrón que se percibe en diversas entidades. De por sí la CEDH ya es un organismo burocrático, solo que ahora lo encabezará alguien debidamente autorizado por el Ejecutivo local, algo que no tenía José Ángel Morán Portales.
Éste último se une a la lista de Ombudsman que no consigue reelegirse, y no por no desearlo. En los días previos diversos grupos de presión empresariales, profesionales y hasta eclesiásticos le manifestaron su apoyo. Su gestión, la más pobre de todas las que haya tenido la CEDH en sus veinte años, no le fue de ayuda, además de la animadversión del oficialismo.
Que en esta decisión siguen interviniendo intereses mezquinos y partidistas antes que el apego a la ley, la transparencia y la apertura, más allá de los autoelogios que se brindó a sí misma la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género que condujo el proceso, lo demuestran varios hechos. Ante todo, el desapego de la Convocatoria a la Ley de la CEDH ya que contrario a lo expresamente plasmado en el artículo 30 no se estableció “de manera clara” (sic) el perfil requerido para ocupar el cargo de Presidente, sencillamente no quisieron hacerlo a pesar de advertencias y solicitudes expresas. En su lugar la Convocatoria denotó una lamentable confusión entre el perfil para el cargo y los requisitos de ley establecidos para ocuparlo. La ausencia de tal requerimiento legal colocó el proceso a merced del oficialismo y la discrecionalidad poniendo en grave riesgo la idoneidad de quienes ocuparan el cargo y con ello, la legitimidad del nombramiento. También se solicitaron diversos requerimientos no establecidos en la ley.
Sólo dos días antes se dieron a conocer los planes de trabajo de los aspirantes a la Presidencia de la CEDH y no se dio a conocer la exposición de motivos, a pesar de que la propia Convocatoria señalaba en su base séptima que “por tratarse de un procedimiento de interés público” éstos serían de “acceso público”.
Que el proceso no está exento de partidismos mezquinos dan cuenta los 5 votos que en la primera ronda de la votación obtuvo la panista Beatriz Eugenia García Reyes (Batiquena), quien a pesar de no formar parte de los seis perfiles más idóneos señalados en el Dictamen que, incluso, advertía que el suyo no era el adecuado a lo señalado por la Ley en su artículo 32. Aun así la mayoría de los panistas votaron por ella en una clara muestra de respaldo político partidario lo cual, entre otras cosas, da cuenta de la poca seriedad con que se toman decisiones trascendentales como ésta, así como el trabajo de la propia Comisión conformada en mitad por panistas.
En materia de derechos humanos, aunque no solo, la mansedumbre es un error que termina por no ser útil para nadie: ni para el Congreso como institución ni a los diputados en lo particular que creen así poder seguir escalando cargos; tampoco para el Ejecutivo que terminará por tener meros incondicionales que le irán colocando irremediablemente fuera de la realidad como en la conocida fábula del Traje nuevo del Emperador o el Rey desnudo.
Menos aún lo es para un Organismo Público de Derechos Humanos que debe ser una institución al servicio y representante de las víctimas antes que del Gobierno, de quien debe defenderlas. La mansedumbre es justo lo contrario a la independencia y la autonomía, los atributos que sostienen de manera más evidente la legitimidad y credibilidad de un organismo de defensa y promoción de los derechos humanos. Que el epílogo de este proceso sea la confirmación de que quien cargaba con la sospecha de ser el candidato oficial llegue al cargo no abona a lo anterior.
En materia de contrapesos al poder, no parecen avecinarse buenos tiempos.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)