El país del “¡sálvese quien pueda!”
¿Cómo debe entenderse el reconocimiento, en conferencia de prensa, del Procurador General de Justicia del Estado de que: “la ruptura de bandas delincuenciales repercutirá en una espiral de violencia”?
Es de agradecerse la sinceridad respecto de la incapacidad, más no deja de ser preocupante la formal declaración de incompetencia.
Pareciera que aquella vieja aspiración republicana del liberalismo democrático de que el Estado asegurara, aunque fuera, un mínimo de protección a los derechos fundamentales, sin meternos siquiera en las exquisiteces, así fueran teóricas, de modelos de corte más socialista –o ya “de perdis” del sistema del Estado benefactor-, donde no sólo se protegiera sino hasta se garantizara su disfrute ha quedado, dizque por efecto de la violencia, en el museo de los anacronismos.
Pero debe señalarse que la claudicación de los deberes del Estado es una aspiración constante del modelo económico dominante desde los años ochenta. Reducir gasto social en todos los aspectos posibles para trasladar su costo a las posibilidades individuales, mediante el mercado, ha sido la consigna y las políticas impulsadas desde el poder en materia de educación, salud, servicios públicos, infraestructura, seguridad social, y tantos etcéteras. ¿Por qué habría de ser la seguridad pública la excepción?
Llegar al punto en que las instancias del Estado reconocen que sus capacidades, en materia de seguridad pública –o de cualquier otro tema- son ampliamente superadas por actores privados, es una manifestación del fracaso del modelo de desarrollo tanto como de la estrategia para enfrentar el problema en específico. Igual debe afirmarse de la incapacidad del Estado por frenar, acotar o limitar los intereses privados por sobre los públicos en otras materias como televisión, telefonía celular, tiendas de auto servicio o lo que sea. En materia de seguridad pública el hecho es particularmente grave porque va de por medio la vida misma de las personas, así como porque los actores privados son grupos abiertamente delictivos que se han fortalecido por los procesos mismos del mercado global, aderezado por la corrupción y la intencionada reducción de las capacidades instaladas de los gobiernos.
Treinta años de aceptar y aplaudir el desmantelamiento del Estado hoy parece dejar inerme a la sociedad ante la violencia generalizada.
No menor es la pobreza conceptual y de análisis de muchos de los actores que ayer y hoy apoyan e impulsan las políticas de adelgazamiento del Estado y que ahora no atinan sino a afirmar, desprovistos de mejores ideas, que la única estrategia posible es aumentar la capacidad de fuego de los cuerpos de seguridad, militarizar los cuerpos policíacos y profundizar la estrategia de guerra implantada por la administración calderonista, ya ahora, de funesta memoria.
En el país del “¡sálvese quien pueda!” al que nos remiten constantemente las autoridades de todo tipo, se agradecería siquiera que se nos brinde información clara de las cosas para tomar las medidas a nuestro alcance y posibilidades. Pero ni eso ocurre. Así, la ciudadanía somos quienes encontramos y diseñamos formas de auto resguardo y cuidado de los nuestros a través del sentido común y el uso de las actuales tecnologías de la información: mensajes vía celular, Facebook o twitter. O bien desarrollamos estrategias para que nuestros hijos e hijas jóvenes y adolescentes los fines de semana se reúnan y celebren al interior de los domicilios quedándose a pernoctar en las casas anfitrionas. Con los vecinos establecemos mecanismos de seguridad y alerta, algunos que lindan en acciones fuera de normatividad incluso, como cerrar calles, por ejemplo. Y así muchos otros etcéteras para sobrevivir en el país del “¡rásquese cada quien con sus uñas!” en el que nos instalan las autoridades, tras previo reconocimiento de incompetencia. Es a lo que ha quedado reducida la acción estatal: “el que avisa no es traidor, ¿eh?”.
Pero estas formas de autocuidado necesario son paliativos al problema, además de que colocan en desventaja y vulnerabilidad a amplios sectores cuyos recursos, económicos, informativos, culturales o tecnológicos, son limitados.
Dejar a cada cual a merced de sus propias posibilidades, no debe ser la función ni la actitud de autoridad alguna.
Jorge Fernández Menéndez, analista en temas de seguridad, festina como “buena” la noticia de la lucha interna que sostiene el cártel de los Zetas, presunta explicación de los hechos de violencia ocurridos en San Luis, y de los que se avecinan inexorablemente, a resultas de las declaraciones del Procurador y el analista. En el país del “¡sálvese quien pueda!” no alcanzo a distinguir la bondad del hecho, ni de su contrario. Tal lectura sigue atrapada en la estrategia equivocada.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)