El IFE hoy… y aquí (segunda parte)
La ciudadanización de los órganos directivos y la constitución de un servicio profesional de carrera son dos factores fundamentales que permiten entender, desde cierto ángulo, la situación actual del IFE. Las vicisitudes, encuentros y desencuentros por las que han atravesado ambos procesos delinean su historia reciente.
La ciudadanización de los órganos electorales, el reclamo más contundente de la década del ochenta y hasta la mitad de los noventa, tuvo como objetivo arrancarlos del control al gobierno y mantenerlos ajenos a los intereses partidistas. Sin embargo, siendo un órgano político quien los conforma, al final son los partidos políticos en el Congreso quienes deciden los nombramientos de los integrantes del Consejo General del IFE, quizá la única forma de “despartidizarlos” es buscar un equilibrio en los nombramientos. Tal y como ocurrió en 1996, 2008 y los tres recientes y tardíos del 2011. Justo la falta de equilibrio y de consensos del 2003 fue un decisivo factor que condujo a la crisis institucional y política del 2006.
Pero una vez conformado el nivel superior de decisión del IFE, viene la integración de las instancias delegacionales: entidades federativas y distritos electorales. En este nivel las coordenadas son muy otras pues, una vez echados a un lado los inevitables influjos partidistas que le conformaron, las decisiones se toman ahora de acuerdo a las dinámicas internas del Consejo General, que son las que determinan la composición de los órganos de dirección delegacionales, es decir de los Consejos Locales del IFE en cada una de las treinta y dos entidades. Es ahí donde se puede apreciar la efectiva naturaleza autónoma del Instituto, así como su real ciudadanización.
Es un proceso en que los actores locales, tanto políticos como los del Servicio Profesional Electoral, resienten no tener injerencia en las decisiones. Pero el diseño institucional del IFE ha sido creado justamente para ello, la autonomía refiere no solo a la de los partidos políticos sino también de la propia estructura profesional del Instituto.
Es así como debe entenderse la actual conformación del Consejo Local del IFE en San Luis Potosí en octubre del año pasado, cuando se integraron los de todo el país.
Con conocimiento de causa, sé que el patrón de conformación de tales Consejos correspondió a la incorporación mayoritaria de activistas de organizaciones de la sociedad civil, modificando así el perfil previo que se observó en las anteriores integraciones. Fue un claro mensaje del Consejo General que no terminó de gustar ni ser entendido por algunos de los actores políticos ni de sectores del propio Servicio Profesional Electoral.
Aquí, en San Luis Potosí, reactivó el recelo que ciertos actores políticos tienen hacia las organizaciones ciudadanas independientes por estar fuera de su órbita y control. Es un comportamiento persistente con que, desde la década de los noventa cuando surgieron las primeras y entonces llamadas ONG, se desenvuelven actores políticos tradicionales locales que no terminan de aceptar los nuevos contextos y la emergencia de actores políticos y sociales, con quienes deberían dialogar y construir antes que combatir y desacreditar. Así se inició el embate de algunos medios de comunicación tradicionalmente alineados al poder.
Un momento culminante de este proceso ocurrió con el nombramiento de los Consejos en los siete Distritos Electorales que integran el estado. En la misma lógica del Consejo General, la mayoría del Consejo Local promovió su composición con integrantes de diversas y variadas organizaciones ciudadanas de la entidad que reunieran los requisitos legales. En un hecho inédito, el propio Presidente del Consejo Local, que es a la vez Vocal Ejecutivo de la Junta Local del IFE y cabeza visible del Servicio Profesional Electoral votó, con otros dos Consejeros, en contra de tal integración. Interpretaciones aparte -los argumentos quedaron asentados en el acta de la sesión del 7 de diciembre del 2011-, ello da cuenta de un hecho significativo.
Al recelo se sumó ahora cierto sector del PAN y, veladamente, algunos mandos del Servicio Profesional Electoral en el estado. El PAN y un grupo de seis aspirantes que habían participado en el proceso, cuyo denominador común era haber sido consejeros o empleados del IFE acudieron, en legítimo derecho, al Consejo General y hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la conformación de los consejos ciudadanizados. Ambas instancias confirmaron -por unanimidad de todos sus integrantes- la legalidad de su integración y desecharon por improcedentes e inoperantes los argumentos, así como los supuestos agravios.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)