Derechos humanos: informe anual de Amnistía Internacional
Veinticinco años hace, en febrero de 1991, a raíz de la reciente conformación del Centro Potosino de Derechos Humanos, AC (Cepodhac), primer organismo no gubernamental de defensa y promoción en la entidad, fue que Amnistía Internacional (AI) se hizo presente por primera vez en nuestro estado participando en las Jornadas Estatales por los Derechos Humanos. Al año siguiente su informe anual ya reportaba un caso ocurrido en San Luis Potosí del ciudadano de origen iraquí Amir Aboud Sattar, y a éste siguieron otros en subsiguientes informes anuales.
Amnistía Internacional es mundialmente reconocida como fuente de información sobre el tema, y ha acompañado el movimiento de los derechos humanos desde su creación en 1962 y con él ha también evolucionado al ir ampliando sus reivindicaciones iniciales de pedir la liberación de presos y presas políticos a defender el espectro completo de los derechos humanos.
Anualmente la organización presenta un informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en estos días el correspondiente a 2015. Fue el de 1990, cuando la creación del Cepodhac, el primero que atendí y, con mayor o menor diligencia, lo he hecho a lo largo de tal tiempo.
Una comparación simple entre el de 1990 y el 2015 revela la grave y preocupante persistencia de violaciones a los derechos humanos que parecen estar profundamente enraizadas en el sistema político, judicial y de administración de justicia en México tales como: uso generalizado de la tortura; la impunidad por violaciones graves a los derechos humanos; violencia contra movimientos sociales y políticos; así como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas por fuerzas de seguridad del Estado. Ya presentes desde inicio de los noventa, el reciente informe de 2015 reporta el severo agravamiento de algunas, el exponencial crecimiento de otras, así como la preocupante aparición de otras que, en aquél entonces, no se reportaban: feminicidios y amenazas, acoso y homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos o, quizá, no eran aún visibilizadas.
Paradójicamente, en esos 25 años, México ha visto surgir un pujante movimiento ciudadano por los derechos humanos a través de la creación, proliferación y diversificación de organizaciones ciudadanas defensoras y promotoras de los derechos humanos. Una reforma constitucional en la materia que ha llevado a instalar los derechos humanos en la máxima fuente de normatividad hasta el punto de dar un vuelco al paradigma constitucional tradicional. Hemos tenido acceso pleno al sistema de protección internacional e interregional de derechos humanos incorporándose tanto a numerosos tratados como a mecanismos de protección como la Corte Interamericana, por ejemplo. El tema de los derechos humanos se volvió “políticamente correcto” y no hay discurso o estrategia política de los muy diversos actores políticos y sociales que no le incorpore como parte de su repertorio. ¿Qué ha ocurrido entonces?
Claro que, en contraparte, también ha pasado el vendaval del neoliberalismo con sus políticas globalizadoras de la privatización de los bienes sociales, la exclusión y el descarte social, la precarización de amplios sectores y la inmoral concentración de la riqueza en los muy pocos, la expansión de la criminalidad y el surgimiento de una clase política depredadora descrita por el politólogo italiano Michelangelo Bovero, como la kakistocracia del griego kakos (malo: sucio, sórdido, defectuoso, inhábil) término utilizados por el autor para significar: el gobierno de los peores. No son asuntos desvinculados ni consecuencias casuales sino, estrictamente, causa y efecto.
Resulta imposible en este apretado espacio de opinión realizar un detallado análisis respecto las luces y sombras, avance y retroceso en la materia durante el periodo señalado. Ello debe ser objeto de un análisis de mayor alcance y tesitura. Baste señalar por ahora, a modo de apunte, la notoria incapacidad institucional, política y social para instaurar un verdadero y efectivo Estado de derecho en el país. Ni la alternancia o los avances reseñados en párrafos precedentes lo han permitido, a pesar de situarse en el sentido adecuado.
Voluntad política, es quizá, en otro apurado apunte lo que ha faltado a los diversos actores políticos que han estado en posibilidad de tomar las decisiones gubernamentales y de Estado requeridas para ello. Derechas, centros e izquierdas, en éste o aquél nivel de gobierno, han sido incapaces de encabezar un pacto político de alcance nacional, de decidida envergadura y largo aliento que atienda a la instauración del Estado de derecho. Han preferido atender a sus particulares y, en no pocas ocasiones, hasta mezquinos intereses. Más de alguna oportunidad se ha perdido y hasta dilapidado irresponsablemente, la más notoria fue la alternancia ocurrida en el año 2000. Cada posibilidad perdida ha polarizado, fragmentado y alejado más la posibilidad de lograrlo. Y ello ha sido acompañado por un recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos, a la par de la aparición de nuevas y graves violaciones tanto sistemáticas, masivas y hasta estructurales que, como las reseñadas desde los noventa, tienden a enraizarse y persistir.
Insistir y porfiar para expandir y fortalecer la organización y la autogestión comunitaria para la defensa y promoción de los derechos, continúa siendo necesario. Sin ello el horizonte de los derechos tiende a reducirse.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)