Derechos humanos capturados
Los más recientes episodios de vulneración y captura política de otros Organismos Públicos “Autónomos” de Derechos Humanos (OPADH), los de Hidalgo y el del Distrito Federal, confirman que tal patrón de captura se afianza en el país.
Desde la creación del primero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 1990, como un acto de legitimación política de Carlos Salinas de Gortari ante el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, nacieron capturados por el Ejecutivo, y pese a su ulterior y gradual obtención de la formal autonomía en el marco jurídico, los OPADH no han logrado apartarse de la cultura política e institucional que les sujeta con las formas del autoritarismo político en México haciéndoles conservar compromisos con éste.
La mayoría de los y las titulares de los OPADH, entendidos de que su acceso al cargo se lo deben a los grupos de poder hegemónicos, ni siquiera intentan escapar de los límites y la fronteras políticas y culturales de tales grupos para ejercer el carácter autónomo y fortalecer así una cultura verdaderamente emancipadora de los derechos humanos. En términos generales, se dedican a administrar el cargo y la institución, dentro de los límites establecidos, sin importunar de más al poder, con la esperanza de ser ratificados para un segundo periodo y, al término de su gestión, mantener u obtener algún otro cargo en la administración pública.
Las modalidades de captura de los OPADH por el poder en turno llegan a tener tintes patéticos cuando son nombrados como “ombudsman”: desde ex Procuradores de Justicia o toda laya de funcionarios de la administración pública con abiertos compromisos gubernamentales, hasta compadres, familiares y compañeros de generación de los gobernadores en turno; abiertos militantes partidistas; grises y acomodaticios funcionarios de segundo nivel y hasta siniestros personajes que han sido sujetos de recomendaciones de los OPADH como responsables en violaciones a los derechos humanos, en donde la constante son los procesos de selección amañados y a modo, para que mediante negociaciones políticas se designe a éste o aquél previamente señalado por quien o quienes detentan el poder político efectivo.
Cuantas veces algún OPADH, ha realizado alguna o varias acciones que le desliguen de tal cultura para transitar por el ejercicio efectivo de la autonomía, o conducido una gestión auténtica y genuina de independencia ante el poder ha pagado el precio, siendo apartado del cargo. Así ha ocurrido con los OPADH, por mencionar algunos, de Querétaro, Jalisco, Baja California, Hidalgo y ahora en el Distrito Federal donde la no ratificación de Luis González Placencia por la abierta oposición y chantaje político de la coalición conservadora PAN-PRI-PVEM, apoyada por la CNDH que, capturada desde hace tiempo por un grupo de poder intenta ahora colonizar a los OPADH de las entidades federativas, como lo ensaya con la CEDH potosina.
¿Los OPADH mexicanos, el sistema universal más caro en la materia, se han convertido en un eficaz contrapeso, en materia de respeto, protección y garantía de los derechos humanos ante el Estado? No.
Veámoslo aquí en San Luis Potosí, basta ver la forma en que se ha agudizado el problema de las arbitrariedades policíacas que recientemente han costado la vida a varios ciudadanos, con la negligente reacción de las autoridades estatales que les solapan mediante el público apoyo a los mandos policíacos, así como sus indolentes deslindes al atribuir tales abusos como asunto de mera y exclusiva índole personal e individual de los agentes, y no a un sistema degradado que institucionalmente facilita, permite y hasta estimula tales comportamientos sin, además, sancionarlos debidamente.
Los contrapesos eficaces que recientemente han modificado el actuar gubernamental han sido actores externos como la ONU y GIRE: en el caso de Daniel Zamorano, joven asesinado por policías estatales, lo fue el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Naciones Unidas; y para Hilda, joven huasteca sentenciada por aborto, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una de las más prestigiadas organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos del país. La intervención de ambas, de diversa forma y por estrategias distintas, fue realmente eficaz pues obligó a las autoridades locales a modificar el curso que habían seguido los casos, para reorientarlos en favor de las víctimas, la justicia y el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. ¿Puede afirmarse lo mismo de los OPADH? Existen demasiados datos empíricos para negarlo y confirmar, en cambio, que se apuntala el patrón de su captura por el poder.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)