Blindaje anti ciudadano
Para la clase política “la ciudadanía” es un útil concepto demagógico al que se recurre por razones de proselitismo electoral o de propaganda. Una vez accedido al cargo, debido sobre todo a favores y cercanías politiqueras al interior de la facción partidista a la que pertenece, así como a ciertas habilidades depredadoras propias, o a los favores del gobernante en turno –o las tres anteriores–, entonces “la ciudadanía” se trastoca en virus que debe inocularse evitando que se entrometa en los delicados asuntos de la toma de decisiones de gobierno, las cuales sólo pueden ser abordados por sus legítimos representantes, o por expertos –los de ellos, claro– que sí saben del tema, debiendo “la ciudadanía” dedicarse, mejor, a lo suyo, cualquier cosa que eso signifique. Es el argumento de la tutela ciudadana, que consiste en argüir y considerar que el gobierno debe ser llevado por personas expertas y capaces.
¡Ah, la hermosa democracia representativa! y su generosidad para otorgar un cheque en blanco durante el tiempo que dure el cargo. Pero como lo usual es brincar de uno a otro de administración en administración, el periodo suele alargarse indefinidamente, o por lo menos es a lo que aspiran. Es la llamada “monarquía democrática” que caracteriza a las sociedades industrializadas contemporáneas donde el poder es elegido y legitimado por procedimientos formalmente democráticos, pero se ejerce de manera autocrática por un reducido grupúsculo (Ulrich Beck).
Durante un tiempo, mediando los noventas, para efectos de legitimación la clase política hubo de especializarse en la construcción de ciudadanía a modo. Para ello se acudía a personas cercanas a los círculos sociales y políticos del gobernante y autoridad en turno. Con ellas se integraban rimbombantes “Consejos consultivos ciudadanos”, o hasta se les nombraba ombudsman, o lo que fuese necesario. Eran momentos en que la creación de “organismos públicos autónomos” era la onda, coloquialmente hablando. Respetables y sesudas reflexiones señalaban que la existencia, proliferación y consolidación de organismos autónomos como los institutos electorales, los organismos de transparencia y las comisiones de derechos humanos, constituían una de las manifestaciones más destacadas de los procesos de democratización y la reforma del estado, contribuyendo así a fortalecer y extender la estructura de pesos y contrapesos más allá de la estructura tripartita tradicional, mejorando así la gobernabilidad democrática. Así que: ¡a simular se ha dicho! parecía ser la consigna de época.
Pero ahora parece que ya ni eso le interesa a la clase política. Ahora prefiere el abierto blindaje anti ciudadano. Baste ver las sendas convocatorias para integrar el Consejo General del IFE y al CEEPAC local.
Para el caso del IFE, la Cámara de Diputados de plano eliminó de un plumazo la “previa realización de una amplia consulta a la sociedad” (Artículo 41 fracción V de la Constitución General) para la elección de consejeros generales, atribuyendo su supuesta realización al arbitrio de los grupos parlamentarios, para establecer un procedimiento cerrado y opaco donde, por sí y ante sí, en negociación con la Junta de Coordinación Política, y sin considerar criterio alguno de evaluación ausente de la convocatoria, serán quienes discrecionalmente valorarán a los y las aspirantes, ya que aunque se menciona la “idoneidad” para el cargo, no se señalan los atributos que le conforman sino los meros requisitos legales para ocupar el cargo que no es lo mismo. La convocatoria emitida es un monumental ejemplo de opacidad y discrecionalidad, tras la que se blinda para continuar con el reparto de cuotas partidistas con el que se ha vulnerado persistentemente al Consejo General desde el 2003.
En la convocatoria del Congreso local para la renovación e integración del CEEPAC, ocurre algo similar. No aparece criterio alguno de evaluación ni se definen los atributos de la “idoneidad” para el cargo, tal juicio será realizado por los integrantes de la Comisión Especial por sí y ante sí. Para la anterior renovación e integración del CEEPAC, hace tres años, en el mecanismo de elección de la convocatoria se señalaban ciertos criterios de evaluación, que ahora desaparecieron para descaradamente dar campo abierto a la discrecionalidad, las componendas y los arreglos políticos mediante el reparto de cuotas partidistas. Para ello no hubo empacho en escribir con todas sus letras que de nada vale la entrevista que habrá de realizarse a las y los aspirantes, ni su currículum, ya que quedará “a salvo en todo momento la potestad del Congreso del Estado para la designación de los consejeros”. Es decir: favor de no estar molestando.
Si antes fingían tener interés en la opinión y la participación ciudadana, ahora de plano se blindan para evitarla.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)