Autodefensas, autogestión, Estado fallido
Las autodefensas han colocado de forma ineludible en la agenda pública uno de los problemas fundamentales de México: la inexistencia de un efectivo Estado de derecho y, en contraparte, la existencia de un Estado fallido.
La ausencia del debido actuar gubernamental, sea por corrupción, cooptación, o coerción, deja en situación de indefensión a la sociedad que se ve orillada, como mecanismo de auto protección, bien a replegarse, plegarse o rebelarse ante los poderes de facto criminales y ante la indebida ausencia gubernamental. Cualquiera de estas opciones supone graves padecimientos y costos tanto sociales como humanos.
La autogestión auténticamente ciudadana es algo deseable, cierto, pero ¿cuáles deben ser sus alcances, y hasta dónde ésta debería extenderse en una organización social que aspire a lo que suele definirse como Estado de derecho?
En el tradicional concepto liberal de Estado de derecho o en su formulación acotada como Estado democrático de derecho, que pretende añadirle un matiz menos individualista y más social, el concepto de autogestión resulta chocante, sino hasta antagónico al concepto mismo de Estado, que tiende a ser identificado como el actor y sujeto fundamental. Visión heredera del modelo weberiano, cuyo máximo aforismo en materia de la sustancia del Estado es, precisamente, la definición de éste como la entidad que detenta el monopolio del uso legítimo de la violencia y los medios de coacción. Si Max Weber hubiera sido un michoacano de tierra caliente no habría dicho que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, refería uno de los #TuitsdelaSemana que recopila el diario digital Animal Político, tuiteado por @BernardoBolanos, profesor investigador de la UAM.
Señalarán algunos que no se trata de un Estado fallido, sino manifestaciones de la “debilidad”o “disfuncionalidad” del Estado de derecho, o "zonas marrones" a las que la legalidad del Estado no se extiende (O´Donell), o “ámbitos al margen de la legalidad” (Garzón Valdés), o cualquier otro término que, para efecto reales de quien lo padece, y más allá de disquisiciones teóricas, poco importan cuando la vida está en juego y que conducen a lo mismo: la ausencia e ineficacia del Estado y la imperiosa necesidad de enfrentar la situación, ante las graves consecuencias de ello.
¿No será, entonces, que la autogestión auténtica debiera ser la principal dinámica social en la construcción efectiva del Estado de derecho?
Así, ¿son las autodefensas el ejemplo extremo y hasta disfuncional de la autogestión o, por lo contrario, la mejor de sus manifestaciones?
¿Cómo hacer para que, en todo caso, la autogestión tenga un anclaje institucional que evite tanto la autogestión mafiosa como, por otro lado, la conformación de un estado desobligado e intencionadamente anémico, como el que impulsa el modelo económico neoliberal, constituyéndose así en un incentivo perverso?
Las autodefensas ahí están y, como coloquialmente se dice, le han puesto el cascabel al gato. Luego de una inicial intentona fallida por desmantelarlas, ha quedado claro que no será, ya no digamos legítimo, sino solo simple hacerlo. Lustros de ausencia e indebidas omisiones gubernamentales las legitiman, más aún sus eficaces resultados en contener al crimen.
Dudo que el establecimiento de un efectivo Estado de derecho sea lo que impulsa a la actual administración federal, menos aún su instauración en la que el factor dinámico del mismo sea la autogestión ciudadana. Pareciera, más bien, ser la restauración del autoritarismo lo que le impulsa. Las autodefensas bien pueden constituir el más efectivo y abierto reto al objetivo.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)