Auto castración institucional
Suscribo la corriente de opinión que considera que el reciente fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que rechazó la demanda de la coalición Movimiento Progresista para invalidar los comicios, es lamentable por la forma en que se resolvió, antes aún que por su sentido.
El fallo, como lo han señalado diversos analistas y juristas, eludió el núcleo del reclamo, escudado en una estrecha idea de la legalidad, indebidamente descargó la carga de la prueba en los denunciantes renunciando a ejercer sus atribuciones tanto investigadoras como de análisis y evaluación de los principios constitucionales, abdicando de sus obligaciones de tribunal constitucional en la materia con plena jurisdicción.
Así, el Tribunal no entrega al país un debate serio ni de fondo, menos aún ofrece criterios jurisdiccionales que construyan argumentos para una tesis sustancial sobre la libertad del sufragio, la autenticidad del voto y sobre las condiciones democráticas de la competencia para saber si éstas correspondieron a los principios democráticos elementales, pues prefirió no hacerlo.
Lo mismo hizo el Consejo General del IFE con la queja promovida por el PRD contra Enrique Peña Nieto, el PRI, el Gobierno del Estado de México, Televisa y otros; por una presunta maquinación para promover la imagen del primero. No se investigó suficientemente.
La auto renuncia a ejercer el mandato legal y las atribuciones que se les otorgan es uno de los principales, si no el más grave, de los problemas que han colapsado todo tipo de instituciones en el país. Con tal abandono se deja a la ciudadanía en la indefensión arrojándosele, así, a la tentación de hacer justicia por propia mano y extendiendo la impunidad a todos los ámbitos y niveles de la vida pública.
Por ello resulta chocante la festinación evasiva de buena parte del Consejo General y la estructura profesional del IFE que prefiere regocijarse en la formalidad de la democracia, desdeñando intencionalmente el elemento sustancial de la misma. Democracia formal sin democracia sustancial no es celebrable así sin más, menos aún con tan alta dosis de ausencia de autocrítica.
El indebido ejercicio de auto limitación, que ejemplifican los fallos del TRIFE y del Consejo General del IFE, es el que ha colapsado a las instituciones procuradoras y administradoras de justicia, a los organismos públicos autónomos de defensa de los derechos humanos y de transparencia y, en general, a la administración pública, lo que explica en buena medida el lamentable estado en que se encuentra el país.
Es, para usar un símil, una especie de auto castración institucional en la que se abdica voluntariamente del mandato social que le ha sido conferido a las instituciones del Estado.
El por qué de tal auto restricción sólo se entiende desde un análisis de las relaciones de poder que condicionan el actuar, tanto de los actores como de las instituciones políticas. Hay, desde luego, un ámbito de interpretación y análisis meramente individual relativo a la ética de quien ejerce la función pública, sin embargo es insuficiente para explicarlo.
Los poderes fácticos por efecto, entre otros, de la mediación jurídica, terminan por cooptar o limitar y estrechar los márgenes de acción tanto de las personas como de las instituciones
La pregunta relevante, como siempre, es la de ¿qué hacer?
Si, como señalé en una colaboración anterior, la opción no es frustrase ni rendirse, debe desecharse la desesperanza paralizante y la inmovilidad claudicante.
Pero hay también cursos de acción que bien pueden resultar contraproducentes y finalmente conducir, mediante la dilapidación de una enorme energía social, tanto a la frustración como a la auto marginación de las agendas públicas, dejando la plaza a merced del pensamiento y la política conservadora y regresiva.
De ello escribiré en la próxima colaboración.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)