¿Terrorismo en Fundadores?
Algo huele a podrido en Fundadores.
Hay indicios de que lo sucedido el pasado sábado en la Plaza de los Fundadores es, más bien, resultado de la irresponsabilidad de las autoridades, antes que un acto de “terrorismo” como se empeña en presentarlo la versión oficial que ha sido reproducida por buena parte de la prensa local.
La consignación por “terrorismo” de dos empleados que laboran en un negocio aledaño al lugar, uno de los cuales encendió la motocicleta cuyo ruido fue confundido por la muchedumbre causando –según la versión oficial- la estampida durante el evento, es un despropósito que envía una señal ominosa tanto de los tiempos que corren, de las reacciones de una sociedad atemorizada, como de las erradas estrategias gubernamentales para enfrentarla.
Es claro que sobre lo sucedido en el evento se construyó una versión oficial, la cual puede apreciarse nítidamente en un análisis de las notas periodísticas que corrieron los días inmediatamente posteriores. La versión propagó la percepción de que se trataba de una “broma” que, de “estúpida”, “inconsciente” y “de mal gusto”, pasó a convertirse en intencional y dolosa, cuyo premeditado fin fue ocasionar la estampida. Así, los empleados se habrían burlado, repetido intencionadamente la acción, y hasta gritado “es una balacera”, para luego refugiarse cobardemente al interior del negocio en que laboran, incluyéndose el “festejo” colectivo “de lo que acababa(n) de ocasionar”. Un video, tomado por uno de sus compañeros de trabajo, lo que revela es un diálogo entre algunos policías y empleados que se desarrolla sin particulares incidentes que no sea la tensión mutua del momento. Es un video parcial, cierto, pero da cuenta del ambiente en que se desarrolló el momento previó a la detención de los “terroristas”.
La versión propagada tuvo el efecto buscado: el linchamiento mediático de Ramón Munguía Monsiváis y Enrique Jaziel Treviño Rivera. “Maldad diabólica”, “cobardes”, “inconscientes”, “irresponsables” son algunos de los calificativos que les aplicaron los medios locales usualmente dóciles para adoptar las versiones oficiales.
Una vez producido el efecto todo estaba dispuesto para, por razones de imagen antes que de genuino interés público, generar un efecto de falsa "ejemplaridad" en la aplicación de la ley, particularmente en el tema de la inseguridad. De ahí el despropósito de consignarlos por “terrorismo”. Un efecto de imagen que puede ayudar, como efecto colateral –para estar a tono-, a distraer sobre el hecho de que San Luis Potosí es la quinta entidad con menor efectividad en la resolución de investigaciones y la que tiene el peor desempeño en cuanto al cumplimiento de órdenes de aprehensión, el cual es de 14.2 por ciento lo que representa menos de la mitad del promedio nacional; además de que registra un bajo porcentaje de consignaciones. (Seguridad y Justicia Penal en los estados. México Evalúa. Citado en La Jornada San Luis el 28 de marzo del 2012)
Qué ocasión tan propicia les brindó Judas y el “chamuco” durante su quema a las autoridades, tanto estatales como municipales, de evadir su responsabilidad en las omisiones para tomar las adecuadas medidas de seguridad y protección civil para realizar el evento.
Asegurar que el encendido de la motocicleta sea el factor determinante que desencadenó la confusión que provocó lo sucedido, además de acreditar la intencionalidad y hasta el dolo, para configurar el tipo delictivo que les endosa la institución procuradora de justicia es asunto que debe ser resultado de una investigación seria, acompañada de pruebas periciales con bases profesionales y científicas y no, como parece, la construcción inducida de una percepción pública que utiliza el temor ciudadano como oportunidad de lucimiento y evasión de las responsabilidades inherentes a la función gubernamental, entre las cuales está la seguridad pública y la implementación de las adecuadas medidas de prevención y protección civil para eventos masivos.
Otra aciaga advertencia que nos muestra lo sucedido es que en momentos de crisis en materia de inseguridad, la opinión pública y los actores gubernamentales tienden a generar una actitud adversa frente a la protección de los derechos humanos. Cuando los problemas de inseguridad se convierten en un problema de gobernabilidad, los llamados a la opción autoritaria reciben buena aceptación en el común de la ciudadanía. La supuesta eficiencia de medidas extremas es percibida por el público en general como incuestionable. Así, la reducción de derechos civiles, entre otras medidas más o menos extremas, se consideran apropiadas y necesarias para, supuestamente, combatir la inseguridad.
Es lo que nos muestran los llamados para aplicarles “mano dura” y un “castigo ejemplar”, tanto de las cámaras empresariales locales como de muchos ciudadanos que, a través de las redes sociales expresan opiniones severas y hasta despiadadas. Incluso de gente que se define, en sus propios sitios de facebook, como “progresista” y de “izquierda”.
En situaciones de pánico y conmoción social, buena parte de la ciudadanía está dispuesta a renunciar a los derechos propios y -con mayor brío- a los ajenos, provocando un efecto de bumerán que termina por descomponerlo todo aún más, incluyendo la inseguridad que quería contrarrestarse.
El miedo es mal consejero, valerse de él para obtener beneficios en imagen pública es propio, más bien, de gobiernos autoritarios poco afectos al estado de derecho constitucional y democrático, aspiración que debiera serlo, de las sociedades modernas.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)