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¿Pueden los gobiernos hacer algo?

Un vistazo al panorama local, empezando por el municipal, extendido al ámbito nacional y hasta internacional parece detectar un común denominador en el escenario: los gobiernos se manifiestan incapaces de mucho, ante los aparentes estrechos márgenes a los que la situación económica los orilla. Bien puede ser por las finanzas propias, endeudamiento particularmente, o el entorno de crisis económica, uno de cuyos problemas es, precisamente, el endeudamiento público.

Así, la nueva administración municipal de la ciudad de San Luis Potosí, a su llegada enfrenta una deuda de casi 782 millones de pesos herencia del gobierno de Victoria Labastida. Tal cifra, de acuerdo a información difundida públicamente a través de internet por la propia administración, en un hecho relevante, representa un alza de casi el 986% con respecto a los 72 millones de pesos que dejó en obligaciones la administración correspondiente al periodo 2000-2003, hace una década.

Salvando las distancias y, particularmente el contexto social, algo parecido ocurre en Europa. A decir de la actual Directora del FMI, Christine Lagarde, la deuda interna de los países capitalistas más desarrollados, ha alcanzado, el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial, advirtiendo que el más grande obstáculo al crecimiento es la pesada deuda pública en las economías avanzadas que se estima en cerca del 110%” del conjunto de su PIB. Una deuda que se antoja impagable.

Es por ello que justo ahora España, Portugal, Italia y Grecia, se convulsionan por el efecto de la crisis económica, las medidas draconianas que los gobiernos realizan en contra de sus poblaciones, y las masivas movilizaciones sociales que reaccionan. Pero los gobiernos, por su propio dicho, nada pueden, y lo que sí pueden lo hacen para hacer retroceder los niveles de bienestar de la población.

Algo parecido, sin el contenido de las movilizaciones ciudadanas, ocurre en nuestro entorno. La nueva administración municipal pareciera tener las manos atadas por la falta de recursos, resultado del enorme endeudamiento de la caótica e irresponsable administración previa.

Cabe entonces la pregunta ¿pueden los gobiernos hacer algo? o, mejor planteada, ¿qué sí pueden hacer los gobiernos? ya que obligados están a hacer algo, nomás falta que ahora los gobiernos se victimicen y soliciten de nuestra comprensión y paciencia. ¿Para qué querían ser gobierno, entonces? Díganos, en consecuencia, quien gobierna en los hechos. Las deudas y los acreedores son, más bien, quienes nos gobiernan. Para ellos, y no para las necesidades de la población, trabajan los gobiernos.

Es claro que, tanto en el ámbito mundial como el nacional y el local –todo en su tamaño-, los grandes grupos financieros, los lobbys, los grandes inversores, las grandes fortunas –incluyéndose las criminales para el país- y, en los últimos tiempos, los acreedores, son los que imponen su voluntad sobre pueblos, sociedades y naciones enteras, ahora en forma de deuda. Es un fenómeno de primer orden que cuestiona seriamente el concepto mismo y los principios de la democracia, ya que tales instancias económicas de poder se encuentran fuera de los controles democráticos -en el supuesto de que éstos funcionen-: votaciones, plebiscitos, referéndums, transparencia, rendición de cuentas, etcétera.

En buena medida, hoy día, las decisiones trascendentales no las toman los gobiernos o, al tomarlas, lo hacen en atención a los límites que les son impuestos por tales grupos de poder antes que al mandato ciudadano que les llevó al cargo por las vías electorales bajo el principio de representación. No nos representan.

Desde Europa hasta Uruapan -permítaseme el mal chascarrillo- asistimos a la quiebra y la manifiesta negación de principios que siempre se han considerado esenciales a la democracia.

Pero hay algo que sí pueden hacer los gobiernos, son acciones políticas que no requieren más recursos o demasiados y que, en cambio, provocarían cambios positivos en el tejido social y comunitario de los municipios, regiones y países. La primera de todas es la promoción de la auténtica y genuina participación ciudadana, algo que no suelen estar dispuestos a hacer los gobiernos, como se vio -para el caso local- en los recientes procesos de renovación de Juntas Vecinales de Mejoras y el Consejo de Desarrollo Social Municipal. Incluso ahora, concluidos formalmente los procesos, pueden encontrarse formas de subsanar este déficit si hay verdadera voluntad política para ello.

También habría que empezar a hablarnos con la verdad. En tal sentido es un paso en la dirección correcta la publicación de los pasivos del Municipio de San Luis Potosí. Pero hay más que sí se puede hacer: indagar a fondo por qué y quienes ocasionaron el endeudamiento y, de encontrarse anomalías -como es casi seguro que existan-, castigar a los responsables.

(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)


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