¿Era evitable la masacre en La Pila?
Sí, sin duda. Cierto que hay causas de orden estructural y otras de contexto, pero ambas recaen en el ámbito de la responsabilidad estatal directa.
Estructuralmente el problema de los penales radica en un sistema de justicia colapsado por efecto de un modelo de justicia inquisitorial que crea las condiciones para ser capturado por la corrupción y la ineficiencia. Los beneficiarios de éstas se han mutado, antes lo era el propio Estado, ahora lo son los grupos criminales con el consentimiento de las estructuras y los representantes del Estado que, en cierta medida, siguen beneficiándose.
Las víctimas son las mismas, las personas sin recursos económicos, sociales y culturales suficientes para sustraerse de esa red destructora. Mientras que en doce estados del país se han dado los pasos para que ya esté funcionando el nuevo sistema de justicia penal, en San Luis las cosas van más lentas. Qué decir del hecho de que durante este primer trimestre el gobierno torancista ha reducido el gasto en el eje de combate a la pobreza en un 4.5% y en un 23.6% el rubro de seguridad y justicia, aunque en el eje de gobierno “eficiente y austero” el aumento es del 54.2%. Es así como los problemas estructurales terminan por enquistarse.
Aun suponiendo, sin conceder desde luego, que los problemas estructurales “no pueden” ser atacados por la acción del gobierno porque le superan ¿qué tenemos respecto del contexto en el penal de La Pila? De información disponían, y abundante. Más allá de las ramplonas e irresponsables declaraciones de que los internos no denunciaban lo que ocurría y se gestaba, la CEDH les notificó algo de lo que ocurría, pero más aún, era obligación del gobierno saberlo. Se distingue entre la ignorancia debida e indebida, aducir ignorancia por parte de las autoridades gubernamentales de un espacio confinado bajo su responsabilidad, no hace sino confirmar que se trata de ignorancia indebida y, por ello, injustificable en forma alguna. La única explicación posible es la abierta omisión, sino hasta la activa complicidad.
Un penal es, por excelencia, el espacio que mejor controlado debe tener el Estado, su incapacidad de hacerlo es también la medida de su incompetencia para hacer preservar el Estado de Derecho que es su principal obligación en todos los demás espacios de la vida pública. Si no es capaz de preservar el orden y la ley en un espacio confinado bajo su más estricto y completo control ¿qué puede esperarse de él? prácticamente: ¡nada!
La pérdida de control del penal de La Pila y su captura por parte del crimen organizado es un proceso que no podía pasar inadvertido por las autoridades y que debió contar con su complacencia, colaboración u omisión. ¿Ineficiencia, irresponsabilidad, falta de profesionalismo, captura del crimen organizado de las estructuras del gobierno vía la extorsión o la corrupción? Cualquiera de las opciones es grave.
Los desatinos posteriores a lo ocurrido adosan lo anterior con una elevada dosis de ineficiencia: si 13 o 12 muertos; si herida de bala o picahielo; la tardía reacción para cesar a los funcionarios responsables, entre otros. Lamentable por dónde se vea.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)