Participación ciudadana domesticada
“No hay mejor ciudadano que el que no da lata y, además, me aplauda”… tal parece ser el mantra de la clase política mexicana.
El sistema y la clase política mexicana prefieren la ciudadanía “cómoda”, dispuesta al halago y pronta al aplauso. Material de fotogenia para las portadas periodísticas o el boletín de prensa oficial que den testimonio de la imagen pública que quiere construirse el mandatario en turno, y que aporte el elemento gráfico que acompañe al parloteo de la “gobernanza democrática”, la “construcción de ciudadanía activa”, la “accountability social”, etcétera, y todo el palabrerío que el discursero en turno le ha hecho llegar apuradamente antes del evento al que, por costumbre, impuntual llega.
Esa simulación y remedo de participación ciudadana sólo abona al enorme descrédito de la clase política, el alejamiento ciudadano de las instituciones públicas y la creciente insatisfacción con la democracia formal y representativa, tal y como lo demuestran la mayoría de los indicadores, particularmente en México (Latinobarómetro 2015).
La discusión respecto de la participación ciudadana, incluso la parodia gubernamental de la misma, ha cobrado relevancia en la medida en que, a pesar de cierta consolidación de los procedimientos de la democracia electoral, las sociedades se sienten insatisfechas y desilusionadas por los escasos logros en materia económica, de equidad, o instauración del estado de derecho, cuando no hasta en las consecuencias negativas del sistema como la partidocracia, la corrupción campante y la impunidad.
Así, la participación democrática se presenta como una alternativa que puede ayudar a hacer más funcional, en un sentido efectivo y no mediatizado o simulado, el sistema democrático. Pero sólo a condición de que ésta sea genuina, auténtica y efectiva para el empoderamiento ciudadano que le permita moderar y controlar al poder e intervenir directamente en la gestión de los asuntos públicos.
Hoy día, luego de un proceso que diera inicio con una serie de foros organizados por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), el tema respecto de avanzar hacia una ley de participación ciudadana en la entidad ha sido colocado en la agenda pública de tal forma que diversos actores han presentado propuestas de iniciativa en la materia.
A la inicial propuesta presentada por la Comisión Especial de Participación Ciudadana de la LXI legislatura el pasado 16 de junio, se han incorporado dos iniciativas más, una presentada por el diputado Gerardo Serrano Gaviño en nombre del abogado José Mario de la Garza el pasado día 20 y otra anunciada el día 27 por la asociación Foro San Luis.
Con la presentación de la primera en el pleno del Congreso durante la 35 sesión de su periodo ordinario, y al ser remitida a las comisiones de Puntos Constitucionales y la Especial de Participación Ciudadana, ha dado formal inicio al interior del Congreso local el estudio y análisis del tema. ¿Estará la clase política potosina representada por sus actuales diputados y diputadas a la altura? Al tiempo.
Cualquier ley de participación ciudadana debe tener por principal objeto empoderar a la ciudadanía e ir reduciendo el empoderamiento de la clase política, principal beneficiada de los procesos de transición o alternancia política que han ocurrido en los recientes lustros en el país. Acortar la enorme y desproporcionada asimetría entre el poder de la ciudadanía y la clase política es uno de los temas ineludibles de cualquier reforma política sostenible hoy día.
Hasta ahora, en el plano local, las más relevantes autoridades recién electas no parecen enfrentar el reto con una efectiva y auténtica disposición de impulsar la participación ciudadana genuina.
La administración estatal ha tropezado estrepitosamente con la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo (PED). El episodio demuestra desde desconocimiento indebido hasta menosprecio por la participación ciudadana en la fase de elaboración del PED. Pero la forma en que ha conducido el litigio en tribunales combatiendo con todo tipo de recursos al Consejo Consultivo Indígena, revela un abierto y preocupante ánimo de confrontación que envía una ignominiosa señal.
Por su parte, la administración municipal capitalina no desaprovechó la ocasión de los procesos de renovación de las juntas vecinales de mejoras para buscar domeñarlas y mediatizarlas hacia los proyectos político-administrativos de su gestión.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)