La vulneración del sistema regional de derechos humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha realizado una alarmante advertencia sobre el inminente colapso del sistema interamericano de protección a los derechos humanos de no recibir el adecuado financiamiento que su mandato requiere.
En lo inmediato, la CIDH se ha visto obligada a suspender la realización de visitas previstas a diversos países para monitorear la situación de los derechos humanos y entrevistarse con víctimas que han solicitado su intervención. Los periodos de sesiones 159 y 160, programados para julio y octubre de este año, también han debido ser suspendidos. En ellos se procesarían diversas denuncias presentadas por víctimas, peticionarios y organizaciones de la sociedad civil, así como una serie de reuniones de trabajo para monitorear la situación de los derechos humanos en la región.
Debido a que la CIDH no es un órgano permanente de la OEA, los periodos de sesiones de la CIDH son los espacios en los que los y las comisionados cumplen con su mandato, por lo que su realización es fundamental para el sistema de protección de los derechos humanos de las Américas. Es, valga el símil, como si le amputaran las manos a un pianista.
El ahogo financiero al que han estado sometidas por parte de los gobiernos regionales tanto la Comisión como la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, los órganos garantes del sistema de protección regional, no es nueva. Durante décadas lo han hecho saber a la OEA y sus estados miembros, sin que estos decidan resolverlo. Mientras que el Consejo de Europa destina 41,5% de su presupuesto a la promoción y protección de los derechos humanos, la OEA destina apenas 6% de su presupuesto a la CIDH. Por el contrario, en el más reciente proceso de reformas al sistema regional durante el periodo 2011-2013, varios países molestos con la vigilancia y el trabajo de la Comisión, pretendieron reformar el Reglamento de la CIDH para debilitarla, encabezados por los autodenominados “gobiernos progresistas” de izquierda de la región inicialmente encabezados por Brasil y luego por Venezuela y Ecuador, a los que se sumó Nicaragua y Perú. El intento logró revertirse gracias a la firmeza de la CIDH y el apoyo del movimiento regional de derechos humanos, particularmente las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos de la sociedad civil.
Pero la precarísima situación financiera de la CIDH ya empieza a hacer sentir sus efectos. La Comisión ha realizado gestiones permanentes a lo largo de las últimas décadas ante los estados miembros de la OEA para asegurar un presupuesto que le permita trabajar eficazmente en el cumplimiento de su mandato, más aún porque ha habido un aumento exponencial de víctimas de violaciones a derechos humanos que solicitan su intervención al no encontrar justicia en sus sistemas nacionales, como el caso de los 43 de Ayotzinapa en nuestro país, por ejemplo. Nada ha ocurrido al respecto.
Sin desconocer o minimizar el lamentable papel que en ocasiones la OEA ha jugado en la conformación de un determinado orden político de acuerdo a intereses de carácter hegemónico en la región, es general el reconocimiento de que el sistema interamericano de promoción y protección de derechos humanos es una de las áreas de mayor prestigio para la OEA. Éste se ha constituido en un baluarte para la reconstrucción de la memoria de las víctimas de las más graves violaciones de derechos humanos en el continente, en su mayoría, personas pertenecientes a los grupos más vulnerables de la región. Propios y extraños reconocen que ha contribuido en la mayoría de avances en materia de derechos humanos, tanto por la elaboración de sus informes temáticos o por país realizados mediante visitas de inspección para conocer directamente los efectos en las víctimas, así como la atención de denuncias individuales y el otorgamiento de medidas cautelares a víctimas de violaciones a sus derechos humanos, de tal forma que se ha constituido en un importante referente para otros Sistemas internacionales de protección, como la Corte Europea de Derechos Humanos, por ejemplo.
En un contexto regional, ante el avance de posturas conservadoras y reaccionarias, que permite avizorar retrocesos en materia de derechos políticos, económicos, sociales y culturales, así como por el previsible aumento de acciones represivas de los estados para enfrentar las crisis sociales, resulta particularmente grave ahondar la vulnerabilidad de la CIDH. O será, más bien, que es justo lo que se pretende. La situación es alarmante y gravísima.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)