Dos años del caso Córdova (II). La reacción social
En los dos meses transcurridos entre los miércoles 9 de abril y el del 11 de junio del 2014, que marcan el inicio de la exposición pública del caso y el final reconocimiento y solicitud de perdón de la Arquidiócesis potosina, éstas fueron las reacciones de algunos de los actores sociales relevantes.
1.- La reacción eclesial.
Durante el periodo de intensa exposición pública del tema, que alcanzó notoriedad tanto a nivel nacional como internacional, la Arquidiócesis actuó con un embrollado y hasta contradictorio zigzagueo que fluctuaba entra la torpeza, la desvergüenza y revelaciones autoinculpatorias.
Los días y semanas iniciales negó y desestimó las acusaciones atribuyendo a presuntos “resentimientos personales” de Athié, en su calidad de ex sacerdote, y a un periodismo “sensacionalista”, “poco ético y profesional”, y calificando de difamaciones las acusaciones (La Jornada San Luis del 8 de mayo del 2014). El vocero oficial de la Arquidiócesis, Juan Jesús Priego Rivera, fue particularmente prolijo en tales declaraciones, hasta afirmó del temor de que sembraran denuncias penales en contra de Córdova. Para entonces, tanto Priego como el arzobispo Cabrero, afirmaron que Eduardo Córdova se encontraba resguardado en “algún punto de la ciudad” pero no escondido pues, según eso, “evita salir a la calle por prevención de ser sujeto de agresiones por el escándalo a su alrededor” (diario La Razón del 7 de mayo del 2014).
Cabrero declaró haberse entrevistado con Córdova, “quien le aseguró tener la conciencia tranquila […] en espera de que se aclare este problema […] pues se dijo inocente de toda culpa. Afirmó que el Padre Córdova se siente herido, lastimado, ofendido, y sumamente triste, pues no concibe cómo es que se le acusa de tal delito, el cual nunca cometió, pero nada teme porque es inocente, la prueba está que sólo existen quejas sin fundamento” (periódico El Sol de San Luis, edición del 14 de abril de 2014)
El cúmulo de denuncias, reportajes y evidencias surgidas en el transcurso de los días y semanas fueron desmontando la versión de la Arquidiócesis, minando su credibilidad y arrinconándole en un callejón sin salida. La estrategia eclesial habitual de negar, desestimar y encubrir con el afán de salvaguardar el prestigio institucional resultó contraproducente. En medio del escándalo la propia Arquidiócesis debió reconocer entonces que desde 1999 existían denuncias contra Córdova.
Al final, intentando salvar algo de lo perdido, se ajustaron a la estrategia eclesial habitual: el problema no era de la Iglesia en tanto institucional, sino mera y exclusivamente del individuo Eduardo Córdova Bautista. Ningún reconocimiento del encubrimiento de larga data que abarcó décadas de abusos de su representante legal. Menos aún empatía alguna con las víctimas. Cuando finalmente se vio entonces obligada a reconocer la existencia de los abusos sexuales, simuló la presentación de una “denuncia” ante la Procuraduría local y creó una Comisión de Justicia y Atención a las víctimas. Tal comisión nunca ha establecido contacto con víctima alguna del padre Eduardo Córdova hasta la fecha. La Arquidiócesis potosina no se repone aún del fuerte impacto reputacional causado por el asunto. No hay, en cambio, consecuencia jurídica alguna pues la formal denuncia penal por encubrimiento ha sido congelada por la Procuraduría de Justicia del Estado y nadie a su interior ha sido llamado a cuentas hasta ahora.
La élite social local.
Eduardo Córdova Bautista formaba parte integral de la élite potosina tanto por su origen social, el ascendiente de la investidura sacerdotal, como por su privilegiado lugar al interior de la Arquidiócesis como representante legal durante veintidós años, que le convirtió en el interlocutor de ésta con el poder y la clase política local.
¿Ignoraba la élite local sus conductas? Es difícil aventurar una respuesta general y tajante. Sin duda existían sectores que las desconocían, así como otros que las conocían en cierto grado, de lo cual dan testimonio los rumores –un secreto a voces, se decía– que en torno a ciertas “inclinaciones” de Córdova circulaban en instituciones educativas privadas y en algunos círculos de la élite. Se articulaban en torno a anécdotas contadas por algunos tanto de hechos propios o conocidos a través de terceros. Resulta difícil, para el caso de una élite tan compacta y cerrada como la local, que tales historias no traspasaran tales ámbitos. Es probable que muchos integrantes de las élites no conocieran a profundidad el grado de sordidez de las conductas que fueron conocidas luego, pero es innegable que algunos sí las conocían. Más allá del grado de control, dominio y manipulación sicológica ejercida por el sacerdote tanto a muchas de sus víctimas como a sus entornos cercanos, otro elemento a considerar es el costo reputacional que al propio interior de la élite, habrían tenido quienes tuvieran el atrevimiento de exponerlas o, más aún, denunciarlas. La dinámica reputacional propia de las élites, así como un entorno institucional de encubrimiento, son factores que explicarían –en parte– lo ocurrido. Ello, desde luego, no le justifica.
Durante el escándalo la élite potosina se dividió, cierto, pues también hubo un significativo sector que apoyó las denuncias, firmaron un desplegado, acompañaron a Humberto Abaroa y Gunnar Mebius en la denuncia pública y colocaron espectaculares contra Córdova.
Al estallar el escándalo voces de ciertos sectores de la élite local se sumaron a la inicial defensa eclesial. Si bien el discurso no era abiertamente exculpatorio como el de la Arquidiócesis, sí era decididamente benevolente y empático con el denunciado y el énfasis se colocaba en la obligación de las víctimas de “presentar pruebas” y no sólo hacer declaraciones. Ser cautos, precavidos y no adelantar juicios era la tónica de las declaraciones en un matiz, más bien, benévolo y de condescendencia favorable a Córdova y hasta de crítica a las víctimas.
Políticos panistas y colegios de abogados declaraban que debía otorgarse la presunción de inocencia al sacerdote en tanto no se comprobara lo afirmado por las víctimas y deslindaban responsabilidad a la Arquidiócesis de las denuncias. Daniel Pedroza Gaitán, entonces presidente de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo San Luis, señaló incluso la posibilidad de que el cura contraatacara con “una acción legal para solicitar la reparación por el daño moral ocasionado”. (La Jornada San Luis, el diario digital Plano Informativo, El Sol de San Luis y el portal noticioso del Canal 7 local ediciones de los días 5, 21, 22 de mayo de 2014). Pedroza Gaitán aparecía, junto a otros profesionistas de algunos de los bufetes jurídicos locales más prestigiosos e influyentes, en diversos documentos de la Dirección General de Asociaciones Religiosas, de la Secretaría de Gobernación, haciendo las veces de manera conjunta con Eduardo Córdova, como representantes legales de la Arquidiócesis potosina para diversos trámites.
La Federación Mexicana del Colegio de Abogados salió en abierta defensa de Córdova a quien consideraba“víctima de linchamiento social por delitos no denunciados con oportunidad, ni comprobados y con la posibilidad de haber sido prescritos en caso de haberse cometido […] se está violando el debido proceso”.Córdova era abogado pues previo a su ingreso al Seminario se tituló en la Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)