Aventar mierda, la estrategia
Conducta habitual en chimpancés no es esperable, en cambio, entre humanos arrojar heces, menos aún debiera serlo por parte de instituciones públicas. Y sin embargo es más usual de lo que pareciera, así sea metafóricamente hablando, desde luego.
Aventar mierda parece ser la estrategia con la que el gobierno mexicano desea “enfrentar” la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país, y que informes de diversas y reconocidas instancias como Amnistía Internacional, el Relator Especial sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de la ONU y más reciente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, describen con claridad y precisión. Ni qué decir de los informes realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, así como los del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que analizan y coadyuvan en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Poco afecto y acostumbrado nada al escrutinio independiente, menos aún, al exterior, el gobierno mexicano la pasa mal cada que aparece un informe en materia de derechos humanos.
De la fase de negación con la que invariablemente reacciona el gobierno mexicano a cualquier señalamiento, externo o interno, en materia de derechos humanos, ha pasado ahora a una de consentir, si no es que hasta impulsar solapadamente, una campaña de difamación en contra del GIEI y más recientemente contra Emilio Álvarez Icaza, el ex ombudsman de la Ciudad de México y ahora secretario ejecutivo de la CIDH de la OEA, quien recientemente anunció en una carta abierta que no buscará la reelección al cargo, interpelado con fuerza por la crisis de derechos humanos que se vive en México que le lleva a retomar sus actividades de defensa y promoción de los derechos humanos en el país.
La campaña de difamación lleva varias semanas y es impulsada, entre otros, por José Antonio Ortega Sánchez quien encabeza el llamado Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, organismo utilizado para montar campañas judiciales y de desprestigio público contra activistas sociales. Ortega Sánchez es un ultraderechista vinculado al Yunque, y es cuñado de Jorge Serrano Limón el antiabortista de la organización Provida a quien luego de un largo litigio le fue comprobado desvío de recursos por parte de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. También la promueve Isabel Miranda de Wallace que devino en controvertida figura pública luego del secuestro y asesinato de su hijo, y que fuera candidata perdedora del PAN en la anterior contienda por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Al más puro estilo del “calumnia… que algo queda”, algunos medios, entre los que destaca Televisa, se han sumado a la campaña difundiendo sesgadamente la información para hacerla parecer como si ya existiera una formal investigación que hubiese concluido la existencia de un “fraude millonario” con los recursos que el gobierno voluntariamente asignó para el GIEI haciendo responsable de ello a Álvarez Icaza.
Ni siquiera un ingenuo sería capaz de creer que se trata sólo de una cadena de casualidades la interposición de la denuncia por parte de Ortega Sánchez, la sesgada difusión en los medios masivos de comunicación y el conveniente silencio cómplice de las autoridades mexicanas que no han salido a poner alto a ella a sabiendas de que es notoriamente improcedente y evidentemente frívola tal y como lo demuestra el comunicado emitido por los comisionados que integran la CIDH donde señalan que: “Conforme a las reglas de la Organización de Estados Americanos (OEA), la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. La CIDH no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el Secretario Ejecutivo.” (Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/044.asp )
Es claro que la campaña está acompañada, sino hasta orquestada, desde los altos círculos del poder presidencial. La utilización de querellas judiciales o el inicio de investigaciones sin fundamento contra defensores de derechos humanos, en represalia al ejercicio de sus labores, tiene la clara intención de amedrentarles. En su reciente Informe sobre la situación de los derechos humanos en México (2015), la CIDH considera que el Estado debe asegurar que sus autoridades o terceras personas no manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a quienes se encuentran dedicados a actividades de defensa de los derechos humanos. (Parágrafo 361 del informe)
Aventar mierda es, en cambio, la estrategia a la que acude el gobierno mexicano como respuesta. Si en los chimpancés tal conducta, según estudios de sicólogos y antropólogos de la Emory University encabezados por Bill Hopkins, parece haber detonado una cascada cognitiva que pudo haber derivado en una forma superior de inteligencia, particularmente en materia de comunicación, no parece denotar lo mismo en el caso de la campaña de lodo contra el GIEI y Emilio Álvarez Icaza.
En el ámbito de las redes sociales a través de Internet hay un fenómeno que en la jerga de los cibernautas se denomina shitstorm, un anglicismo que literalmente significa “tormenta de mierda”. Se utiliza para describir un aluvión de críticas, a menudo insultantes con intención de humillar y hasta difamar. Incitación al odio, la apología del delito y la calumnia son algunos de sus componentes y frutos. Las shitstorm buscan intoxicar el debate público, el escándalo y erosionar la civilidad.
Que una especie de shitstorm, como la campaña de difamación contra el GIEI y el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, sea subrepticiamente impulsada o tolerada por el Estado mexicano es una ignominiosa señal.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)