Juntas de mejoras: plazo a contra reloj

Marzo marca la contra reloj para la integración de las juntas vecinales de mejoras, uno de los organismos de participación ciudadana más reconocidos en la entidad, particularmente en la capital y su zona conurbada.

En efecto, desde finales de los años cincuenta del siglo pasado, particularmente a partir de la administración municipal del Dr. Nava (1959-1960), las juntas de mejoras han sido identificadas en el imaginario de la ciudadanía de la capital como un espacio de interlocución legítima entre los habitantes de los barrios y colonias con las autoridades municipales.

La relación entre gobiernos municipales, juntas de mejoras y ciudadanía ha oscilado entre el interesado uso político-electoral de estas a las cuales se les percibe, desde el gobierno en turno, como una plataforma territorial óptima para la búsqueda de votos en los procesos electorales, o bien como organismos a modo y cooptados que no causen perturbación a las autoridades. Esta perspectiva de uso clientelar es quizá, la que más ha persistido en el devenir de las juntas de mejoras.

Sin embargo en no pocas ocasiones las juntas de mejoras logran constituirse como un legítimo espacio de representación vecinal que impulsa agendas efectivamente sentidas por sus habitantes: mejoras a la infraestructura, servicios públicos, seguridad, espacios de recreación, conservación de espacios comunitarios e históricos, etcétera.

No resulta fácil el trabajo de quienes integran las juntas de mejoras pues suelen quedar atrapados entre las sobre expectativas y hasta el reclamo vecinal y la ineficiencia, indiferencia e indolencia gubernamental, particularmente cuando estas no están cooptadas y resultan de un genuino y auténtico ejercicio de representación ciudadana.

Ello es así, en parte, porque las juntas de mejoras no tienen forma efectiva de hacer valer sus solicitudes o demandas y todo queda a la discrecionalidad de los gobiernos que tampoco están obligados a rendir cuenta o dar explicación alguna de sus acciones o, la mayoría de las veces, de sus inacciones. Las dos recientes administraciones municipales dan cuenta de tan terrible ecuación entre el abierto desprecio a las juntas de mejoras y la ineficiencia gubernamental. Y uno de los casos más elocuentes es lo ocurrido en las obras de la avenida Muñoz, donde se escenificó una abierta y pública confrontación entre juntas de mejoras y ciudadanía contra el proyecto de la administración municipal que se impuso.

Tratándose de la integración de cualquier mecanismo de participación ciudadana no es asunto sólo de formalidad sino también de sustancia, es decir, se trata de ofrecer durante el proceso mismo de integración las mejores condiciones de accesibilidad y equidad que procuren la mayor participación ciudadana de forma auténtica y genuina. Así, se requieren: plazos suficientemente amplios, requerimientos administrativos mínimos, amplia difusión e información suficiente y oportuna, entre otros.

Desafortunadamente no es inusual que ocurra lo contrario: escasa y hasta sesgada difusión de las convocatorias para que sólo se enteren algunos cuantos; plazos extremadamente reducidos y breves para los registros de aspirantes y para la realización de las asambleas; procedimientos administrativos restrictivos antes que abiertos tanto para la recepción de documentos y requisitos, así como para proporcionar información a la ciudadanía interesada.

Limitar las condiciones de accesibilidad amplia a la participación ciudadana mediante procedimientos políticos y administrativos restrictivos, ha configurado una distorsión al sentido genuino de la participación ciudadana, introduciendo elementos perjudiciales de simulación, manipulación y fomento al clientelismo incluyéndose el de naturaleza partidista.

La forma en que se están constituyendo las juntas vecinales de mejoras será un indicador de la calidad en el tipo de participación ciudadana, más ahora que el horizonte de la reelección es posible por efecto de la reciente reforma político-electoral.

El último día de marzo es la fecha límite establecida por el Reglamento para la Integración y Funcionamiento de los Organismos de Participación Ciudadana en el Municipio de San Luis Potosí, el cual aplica de forma supletoria para todos los municipios de la entidad que no cuenten con uno propio.

Hasta el momento el ayuntamiento de la capital no ha emitido la convocatoria respectiva, considerando que se atraviesa la Semana Santa, los días se reducen alarmantemente para implementar un adecuado procedimiento que ofrezca condiciones de accesibilidad y equidad que procuren la mayor participación ciudadana.

De los 58 municipios, todos ellos obligados por la Ley Orgánica del Municipio Libre a hacer llegar al Ceepac con la antelación debida la metodología que utilizarán en los procesos de elección de quienes integrarán dichos organismos para emitir una opinión técnica, sólo el de Soledad de Graciano Sánchez lo hizo. Sin embargo la convocatoria no aparece en su página web, y una llamada telefónica al área encargada para indagar cómo obtener o conocer alguna, se limitó al señalamiento genérico de que: “se habían pegado en los postes de las colonias”.

(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)