Terrorismo y derechos humanos… de nuevo
El peor atentado terrorista en la historia de Turquía ocurrió no hace un mes. Una marcha pacifista fue objeto de dos ataques suicidas que dejaron casi un centenar de muertos. Un día antes de lo ocurrido en París, en Beirut el terrorismo abatió a 44 personas en el más mortífero atentado en los últimos 25 años en esta ciudad que ya fue asolada por la guerra civil y el terrorismo de los setenta y ochenta.
Más allá de la entendible cobertura mediática que suscita el injustificable ataque a una de las más emblemáticas ciudades europeas y del mundo, la ola terrorista que asola particularmente a los países del Medio Oriente y África, está en ascenso y extensión.
El Índice Global de Terrorismo 2014 señala que el número de vidas perdidas por ataques terroristas aumentó 61% anualmente, que el número de países que experimentan 50 o más muertes por tal causa lo hizo en 60% cada año entre el 2012 al 2014 y que más de 80% de las muertes de ataques terroristas se dieron sólo en cinco países: Irak, Afganistán, Pakistán, Nigeria y Siria.
La pretendida contención y hasta eliminación del terrorismo que traería aparejada la “Guerra contra el terrorismo” impulsada por Estados Unidos y sus aliados, particularmente europeos, no lo hizo, los datos apuntan a lo contrario: se magnificó.
Dos de las más conspicuas organizaciones terroristas, Al Qaeda y Estado Islámico (ISIS) son resultado directísimo de las estrategias desplegadas por los países occidentales tanto en la guerra contra Irak como la que ahora se libra en Siria. Ello sin considerar, además, que las raíces del actual terrorismo se hunden en los procesos colonizadores de los países europeos y las posteriores intervenciones norteamericanas con fines eminentemente económicos y políticos.
Luego de lo ocurrido en París suenan de nuevo los llamados a la guerra, de seguir el mismo curso no deben esperarse sino los mismos resultados. En cualquiera de sus formas la violencia es una espiral.
Es del todo previsible que las medidas a adoptar por los estados para este nuevo embate planteen peligrosos desafíos y afectaciones a los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Como ha señalado reiteradamente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) –y transcribo partes fundamentales de su folleto informativo titulado Los derechos humanos, el terrorismo y la lucha contra el terrorismo–: el terrorismo tiene efectos muy reales y directos sobre los derechos humanos, con consecuencias devastadoras para el ejercicio del derecho a la vida, la libertad y la integridad física de las víctimas. Además de ese costo individual, el terrorismo puede desestabilizar gobiernos, socavar la sociedad civil, poner en peligro la paz y la seguridad y amenazar el desarrollo social y económico. Todos estos tienen también efectos reales sobre el goce de los derechos humanos. Los Estados, en consecuencia, tienen el derecho y la obligación de adoptar medidas efectivas contra el terrorismo para proteger los derechos humanos de sus nacionales y de otros, prevenir y disuadir futuros ataques terroristas, así como enjuiciar a los responsables.
En los últimos años, sin embargo, las propias medidas adoptadas por los Estados para luchar contra el terrorismo con frecuencia han planteado graves retos a los derechos humanos y el imperio de la ley, además de ser contraproducentes para luchar contra el terrorismo.
El respeto de los derechos humanos y el imperio de la ley deben constituir la base fundamental de la lucha global contra el terrorismo. Implica medidas para hacer frente a las condiciones que propician la propagación del terrorismo, incluidas la falta del imperio de la ley y las violaciones de los derechos humanos, la discriminación étnica, nacional y religiosa, la exclusión política y la marginación socioeconómica, y para fomentar la participación activa y el liderazgo de la sociedad civil, condenar las violaciones de derechos humanos, prevenirlas y prohibirlas en el derecho nacional, investigarlas y enjuiciarlas prontamente, y prestar la debida atención a los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, por ejemplo, mediante la restitución y la compensación.
Muy probable es que los estados tengan oídos sordos a estos llamados, pero no está por demás consignarlo… nuevamente.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)