El informe Ayotzinapa del GIEI

Poco afecto y acostumbrado nada al escrutinio independiente, menos aún, al exterior, el gobierno mexicano de nuevo la pasa mal luego del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que analizó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.El estudio es impecable. Su estructura, lenguaje, argumentos y evidencias revelan el avanzado y calificado expertis de sus autores y autoras. El contraste con los desatinos de las autoridades mexicanas es abismal.Ya en febrero de este año la PGR de Murillo Karam sostuvo un público desencuentro con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) respecto de la investigación.Otro ejemplo de la incomodidad con que el gobierno mexicano recibe el escrutinio público independiente, especialmente el externo, ocurrió en marzo de este año con el abierto rechazo de las autoridades mexicanas al informe del Relator Especial sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de la ONU. El escrutinio público independiente no es el punto fuerte del Estado mexicano, sino justo lo contrario, particularmente en materia de derechos humanos.En esta ocasión, ante el informe del GIEI, la reacción gubernamental, con la excepción de los iniciales exabruptos del director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, ha sido más cauta. En próximo se verá la verdadera disposición del gobierno si se incorporan de manera auténtica y genuina las líneas de investigación y conclusiones sugeridas en él y, sobre todo, si se profundizan en ellas para llegar al fondo del asunto.El informe del GIEI evidencia las enormes falencias y falacias de la investigación. Huecos, inconsistencias y abiertas falsedades quedan al descubierto. Resulta imposible no concluir que quien dirigió las investigaciones, el propio procurador general, no las conociera o hasta consintiera y ayudara a darles forma.A capa y espada el ex procurador negó la participación de fuerzas de seguridad federales, policía y ejército en los hechos, y resulta ahora insostenible.La infame pira de Cocula, tanto de haber ocurrido como ahora que se conoce de su ficción, no tiene más sustento. Fue justo ella la que sostenía retóricamente la “verdad histórica” de Murillo Karam. Su memoria histórica ha quedado indeleblemente unida a tal frase como a la del: “Ya me cansé”.El informe que contiene la investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa debe constituirse en un punto de inflexión en la fallida política pública que en materia de derechos humanos mal despliegan tanto la anterior como la actual administración federal.Significa también un reto para el sistema ombudsman del país: alcanzar en sus propios trabajos los más altos estándares de la investigación en derechos humanos que revela el informe del GIEI y, particularmente, viene a demostrar que sólo la absoluta independencia y autonomía aseguran la eficiencia y eficacia para la realización de su mandato en materia de protección a los derechos humanos. Autonomía e independencia que los organismos públicos de derechos humanos mexicanos no han alcanzado ni por asomo.Otra enseñanza fundamental de la labor del GIEI es su trato de absoluta consideración y respeto hacia las víctimas. No hay forma de emprender, desplegar y realizar trabajo genuino, auténtico y profesional alguno en materia de derechos humanos si no se asume la perspectiva de las víctimas. No se trata sólo de una opción ética, que lo es, sino incluso de una opción metodológica de investigación profesional.

(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)