Informe y rendición de cuentas: las policías
Mañana se dará a conocer el cuarto informe de gobierno de Fernando Toranzo, el mote de “ciudadano” con el que lo promueve la propaganda oficial refleja que los tradicionales mecanismos de tergiversación del poder continúan vigentes y gozando de cabal salud. La tergiversación ocurre no solo en el mote y la propaganda, sino en el sentido mismo de dar un informe.
La obligación de rendir un informe, desde una perspectiva democrática contemporánea, está vinculado a la debida rendición de cuentas que quienes ostentan un cargo de elección deben hacer. Sin embargo en la cultura política mexicana, tales informes de gobierno resultan ser más bien un espectáculo cortesano de lucimiento personal del gobernante. En la época dorada del sistema político mexicano, que -todo indica- ha vuelto por sus fueros, tal día era ni más ni menos que “el día del Presidente” (o del Gobernador, o del Alcalde) y era ocasión de un amplísimo besa manos de pleitesía. La inercia continúa con otros modos y formas.
En un clásico reciente de la Ciencia Política, “Accountability social: la otra cara del control”, Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz (2002), analizan los déficits del sistema democrático en América Latina enfatizando la coincidencia que varios autores encuentran respecto de la deficiencia en el desarrollo de mecanismos adecuados y eficaces de lo que en inglés se conoce como accountability. El concepto no tiene un equivalente preciso en castellano, y ha sido traducido por diversos politólogos como control, o como fiscalización y hasta como responsabilidad, finalmente, ha sido traducido de un modo más común como “rendición de cuentas”. Sin embargo, hay importantes y sustanciales matices que separan los conceptos. Mientras que accountability conlleva un sentido claro de obligación, el de “rendición de cuentas” parece sugerir que se trata de un acto voluntario, de una concesión generosa del gobernante que rinde cuentas por virtud y voluntad propia, no por necesidad u obligación. Así que una mejor traducción de accountability sería la rendición obligatoria de cuentas en tanto que siendo un derecho del ciudadano, el gobernante se ve obligado a ello.
No es solo un asunto semántico, implica un tipo de relación republicana y política bien distinta de las prácticas al uso. De tal forma que, en la auténtica rendición de cuentas, la obligación del gobierno es el derecho de los gobernados, la idea de accountability contempla ambas dimensiones expresamente. En su acepción original significa, entonces, tanto ser sujeto a la obligación de reportar, explicar, justificar algo, como ser responsable ante alguien que tiene el derecho de ser reportado, recibir explicaciones y justificaciones.
La rendición de cuentas es, entonces, un concepto comprensivo que abarca por lo menos tres aspectos a los que el poder está obligado de forma imperativa: abrirse a la inspección pública; lo fuerza a explicar y justificar sus actos, y lo supedita a la amenaza de sanciones. Todas ellas formas diferentes para prevenir y corregir los abusos de poder.
De entre las muchas cosas de las que en el cuarto informe debiera el Gobernador rendirnos cuentas, en los términos de exigencia que mencioné antes, está lo referente al grado de descomposición de los cuerpos policíacos del estado que se observa con la serie de atrocidades y arbitrariedades que un día sí y el otro también, continúan saliendo a la luz pública.
Ello a pesar de que en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, en el Eje 4 de Seguridad y Justicia, se establece el objetivo (A) de “Asegurar un clima de paz y seguridad en la Entidad a través de un esfuerzo coordinado entre sociedad y gobierno para combatir la delincuencia, la corrupción y la impunidad” que contempla la estrategia (A5) de “Profesionalizar a las corporaciones policiales del Estado, a fin de que se conduzcan éticamente, con formación especializada y de calidad, basada en técnicas de investigación y bajo estándares internacionales de actuación”. Y en otra estrategia, la A2 se afirma buscar “Fortalecer la estructura organizacional a fin de contar con los elementos indispensables para hacer más eficiente la prevención y el combate a la delincuencia. Aplicar métodos uniformes de actuación que privilegien la generación e inteligencia policial susceptible de ser operada con oportunidad y eficacia”, estableciéndose el indicador de aplicar “Evaluaciones de control de confianza a elementos en activo de las corporaciones policiacas” señalándose los números que habrían de cubrirse del 2012 al 2015.
El Gobernador deberá explicarnos, adecuadamente por supuesto, por qué no se ha cumplido con tales objetivos, estrategias e indicadores, así como justificar apropiadamente aquello que no ha ocurrido en los términos y números planteados. Empezando por las familias de Ángel Javier Rodríguez, Daniel Zamorano, Julio César Campos Vázquez, José Guadalupe Martínez Marín, Luis Gerardo Martínez Martínez, todos ellos muertos a mano de policías, somos muchos los que se lo exigimos, es nuestro derecho a la rendición de cuentas obligatoria y apropiada.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)