Aborto: crimen y pecado
El caso de Hilda, joven potosina sentenciada a un año de prisión por aborto, cuya apelación comienza a ser considerada a partir de mañana por la V Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado ha ocupado la atención de la opinión pública local.
En su momento, cuando Hilda fue detenida y consignada en julio del 2012 el tratamiento dado al tema fue muy distinto. Fue expuesta al escarnio público: publicaron su domicilio preciso, con calle y número, su fotografía, y solo dieron crédito a la versión policíaca que, mediante boletín de prensa, fue difundida entre los medios. En el exceso el diario “El Mañana” envió voceadores a la comunidad donde vive Hilda a vender ejemplares de su edición, en cuya contraportada aparecía la foto de Hilda -proporcionada por la propia autoridad-, y el título con grandes letras rojas: “Asesinó a su hijo”.
Ahora, en cambio, que Hilda ha recibido asesoría y acompañamiento de una de las más prestigiadas organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos del país, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) que recopila, sistematiza y difunde información sobre derechos reproductivos, y en casos paradigmáticos como el de Hilda asesora jurídicamente a las mujeres criminalizadas por abortar, el asunto tiene ahora un trato muy distinto centrado en la injusticia de la que ha sido objeto Hilda. A través de GIRE, que hasta produjo un documental en el que se exhibe el caso de Hilda y el de otras tres mujeres jóvenes pobres de diversos lugares del país, se ha dado voz a Hilda. En su momento, sobre la vulnerabilidad de Hilda se ensañó el sistema social, policíaco, jurídico, mediático y moral, sin defensa alguna y sin reparos.
Si en San Luis Potosí del 100 % de los delitos denunciados solo el 20 % es investigado, el 9 % por ciento llega ante un juez y se castiga al 1% ¿por qué precisamente el asunto de Hilda fue tan “exitoso” en un sistema caracterizado por la ineficacia y la ineficiencia? Lo fue porque se trata de una mujer que, además, es pobre, y también por la particular naturaleza del aborto como crimen y pecado.
La naturaleza del delito del aborto linda las fronteras de la ciencia, la ley, la moral y la religión Es una zona limítrofe en la que cada una de las anteriores dimensiones tiene zonas oscuras, grises y claras. El problema radica cuando un sector religioso-moral hegemónico, que puede ser mayoritario o minoritario, ha logrado llevar al terreno de lo legal sus convicciones de conciencia para aplicarlas al conjunto de la sociedad sin reparar, primero, en la información oscura, gris o clara de la ciencia ni, después, en que la conciencia ética y moral de algunos o muchos no se ajusta a los mismos criterios de tal grupo hegemónico y, peor aún, al hacerlo no considera atenuantes referidos a la libre conciencia.
Recientemente en España el tema de la despenalización del aborto ha cobrado vigor. Reproduzco algunos argumentos del periodista y sacerdote jesuita Juan Masía Clavel en su artículo “Ley, ciencia y conciencia ante el aborto” (El País, 13 de mayo del 2013): No [debe] confundir[se] despenalización legal con justificación moral. Ni las leyes penalizan cuanto está mal, ni la despenalización de algo lo sanciona como bueno. No constituir delito no significa estar moralmente justificado. Ni que algo esté moralmente mal justifica tipificarlo como delito.
En efecto, si no es lo mismo lo moralmente bueno o reprobable, con lo que una ley define como delito, tampoco y mucho menos con lo que una religión establece como pecado. Ni todo lo malo es delito, ni todo lo que no se considera delito es bueno. Y si bien, para la religión, todo pecado es malo, hay grados en la ecuación, ya que hay pecados veniales y mortales -hasta una subcategoría de capitales-, por lo que hasta la ecuación malo=pecado admite matices. Bueno, hasta el pecado de aborto se perdona como claramente lo señala la doctrina católica.
La “eficacia judicial” en el caso de Hilda está dada por razones extra legales de corte moral y religiosas. En efecto, ¿cómo se explica que el propio personal médico del Hospital Básico Comunitario, del sistema público de salud, haya presentado la denuncia? estimo que principalmente por razones estrictamente morales sino hasta religiosas. De acuerdo a Itzel Silva abogada de GIRE que conduce la defensa de Hilda, el propio juez que la sentenció, Miguel Ángel Ramiro Díaz, pretendió disuadirla de presentar pruebas jurídicas en el caso porque “el aborto es amoral” ¿qué está juzgando el juez, entonces?
Siguiendo al jesuita Masía, profesor de Bioética de la Universidad católica Sophia de Tokio, hay que distinguir los planos jurídico, ético y religioso. El fiscal imputa delitos y solicita penas. La conciencia moral acusa en el fuero interno, provocando remordimiento por el mal moral, aunque éste no constituya delito. La conciencia religiosa interpela para reconocer el mal y creer en el perdón. Pero hay creyentes con una idea equivocada de pecado como delito; hay también instancias eclesiásticas que confunden pecado con delito y perturban la autonomía de las legislaturas, imponiendo a la sociedad una idea de delito como pecado. Fue justo lo ocurrido en San Luis Potosí en mayo del 2009 cuando se modificó el artículo 16 de la Constitución local para proteger la vida “desde el momento de su inicio en la concepción”.
Yo soy católico, y mis creencias religiosas han moldeado en buena medida mi conciencia ética, ¿debo por ello obligar a los demás a actuar de acuerdo a mi código de ética moldeado por mis creencias religiosas? o más aún, si tuviera alguna responsabilidad en la conformación o funciones del Estado, como legislador católico o como personal médico en el sistema de salud público, por ejemplo, ¿debo utilizar al estado y sus leyes para obligar a que los demás actúen de acuerdo a mi conciencia ética moldeada por elementos religiosos? y, todavía más, ¿debo utilizar al Estado y sus leyes para impedir que los demás actúen en conformidad con su conciencia, haya sido o no, moldeada por elementos religiosos distintos a los míos? Desde luego que no.
Con independencia del desenlace que ocurra en el caso de Hilda, el tema de la despenalización del aborto que está en la raíz, debería ser objeto de análisis serio por parte de la sociedad y el legislativo para evitar que el sistema policíaco, judicial, mediático y moral se siga ensañando con las mujeres pobres que se ven enfrentadas a un aborto.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)