Hora de defender al SIDH
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) atraviesa por un momento crítico. El SIDH está conformado por el conjunto de instrumentos, órganos y mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). Desde hace casi dos años, varios países miembros de la OEA como Ecuador, Venezuela, Perú, Nicaragua y Brasil, buscan debilitar el Sistema Interamericano, en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de una serie de reformas que se resolverán en una Asamblea General Extraordinaria el próximo 22 marzo en Washington DC.
Sin desconocer o minimizar el papel que la OEA ha jugado en la conformación de un determinado orden político de acuerdo a intereses de carácter hegemónico, es general el reconocimiento de que el SIDH es una de las áreas de mayor prestigio para la OEA.
Sin embargo, hoy día, molestos por las resoluciones de la CIDH en su contra ante denuncias de sus ciudadanos, los Estados de la OEA impulsan una serie de reformas que, en opinión de la mayoría de las organizaciones defensoras de derechos humanos y académicos de la región, debilitan los mecanismos normativos e institucionales de protección regional de los derechos humanos. Hasta ahora, las modificaciones que a través de su historia se habían realizado al SIDH, tuvieron siempre como objetivo ampliar y fortalecer la protección de los derechos fundamentales de las personas, dotando de mayor agilidad y eficiencia a los órganos de supervisión y defensa, que son la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, otorgándoles nuevas atribuciones y fortaleciendo su autonomía.
En cambio, la intención de las actuales propuestas de reforma es limitar el ámbito de acción de los órganos del SIDH supeditándolos al interés de los Estados, en lugar de a la defensa del interés público y de las víctimas.
Así, se pretende suprimir progresivamente la intervención de la CIDH en el estudio y decisión de peticiones individuales por violación de derechos humanos; suprimir el mecanismo de medidas cautelares, uno de los recursos más efectivos implementado por la CIDH; establecer causales de exclusión para el trámite de denuncias contra los Estados, bajo criterios no previstos actualmente, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y limitar las actividades de la CIDH a procesos de promoción y asesoría, suprimiendo las atribuciones de estudiar la situación general de derechos humanos en la región y emitir recomendaciones para avanzar en el cumplimiento efectivo de las obligaciones estatales de respeto, defensa y garantía de los derechos. Grave.
Cabe señalar que la jurisprudencia tanto de la Comisión como la Corte Interamericanas de Derechos Humanos se ha constituido en un baluarte para la reconstrucción de la memoria de las víctimas de las más graves violaciones de derechos humanos en el continente, en su mayoría, personas pertenecientes a los grupos más vulnerables de la región.
Propios y extraños reconocen que la CIDH ha contribuido en la mayoría de avances en materia de derechos humanos, tanto por la elaboración de sus informes temáticos o por país realizados mediante visitas de inspección para conocer directamente los efectos en las víctimas, así como la atención de denuncias individuales y el otorgamiento de medidas cautelares a víctimas de violaciones a sus derechos humanos, de tal forma que el SIDH se ha constituido en un importante referente para otros Sistemas internacionales de protección, como la misma Corte Europea de Derechos Humanos, por ejemplo.
De aprobarse las reformas representarían un gravísimo retroceso para el SIDH que debilitan la efectividad, el acceso y, en última instancia, la capacidad de proteger los derechos de todas las personas que habitan el hemisferio. Ello es aún más grave si se considera que las propuestas de reforma impulsadas por los Gobiernos no han considerado adecuadamente las opiniones de reconocidas organizaciones, académicos y activistas de los países de la región que de manera casi unánime se oponen a las reformas. Para tales sectores las propuestas gubernamentales de reformas al SIDH, incluso, han sido resultado de discusiones poco transparentes y participativas entre los gobiernos, excluyéndose la información y opiniones de actores no gubernamentales. Peor aún, a contrapelo de las propias Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos que se han pronunciado también contra tales propuestas.
El Gobierno mexicano no ha sido ajeno a esta embestida contra el SIDH, aunque debe decirse que buena parte del proceso se realizó en la anterior administración federal. Es la hora de que la nueva administración tome medidas para no debilitar al SIDH.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)