Las personas desaparecidas, el persistente costo de una crisis ignorada
Human Rights Watch (HRW), una reconocida organización internacional defensora de los derechos humanos dio a conocer en días recientes el informe Los Desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada, en él da a conocer casi 250 desapariciones que se han producido desde 2007.En más de 140 de esos casos, las evidencias sugieren que se trató de desapariciones forzadas, es decir, participaron en ellas actores estatales en forma directa, o bien indirectamente mediante su colaboración o aquiescencia.
En casi todos los casos, las autoridades no adoptaron medidas oportunas ni exhaustivas para buscar a las víctimas ni investigar lo sucedido. Fueron excepcionales los casos en que los agentes del Ministerio Público tomaron medidas básicas de investigación que son cruciales para encontrar a personas desaparecidas. Muchas veces, incluso, se mostraron más proclives a sugerir que las víctimas tenían algún tipo de culpa y, en clara señal de que no consideran prioritaria la solución de este tipo de casos, indicaron a los familiares que efectuaran la búsqueda por sus propios medios. Cuando los agentes del Ministerio Público sí investigaron lo sucedido, sus esfuerzos se vieron contrarrestados por demoras, errores y omisiones. Las búsquedas e investigaciones también debieron superar otros obstáculos estructurales, incluidas normas excesivamente acotadas y ausencia de herramientas indispensables, como una base de datos nacional sobre personas desaparecidas.
Señala también el informe que: los esfuerzos ineficaces o inexistentes realizados por algunas autoridades para encontrar a personas que fueron sustraídas potencian el sufrimiento de los familiares de las víctimas, para quienes no saber qué les sucedió a sus seres queridos provoca un desconsuelo constante.
Es una impecable descripción resumida de lo que ocurre a lo largo y ancho del país. San Luis Potosí no es la excepción, desde luego. El informe documenta en sus páginas de la 29 a la 31 y de la 74 a la 76 ocho casos de desapariciones ocurridas en San Luis Potosí. Como se señala en el resumen ejecutivo del informe, los casos documentados en él no representan en absoluto la totalidad de las desapariciones ocurridas, lo cual es también cierto para nuestra entidad.
Es, señala HRW, la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas. En efecto, desde los ochentas con la cruenta represión de las dictaduras militares no ocurría un fenómeno similar, pero lo agrava el hecho de que en México la vida institucional no ha sido trastocada -es un decir, claro- por algún golpe militar o por alguna guerra civil en forma y, sin embargo, los resultados son, desde una perspectiva meramente cuantitativa, incluso, mucho peores. Así, en Argentina durante los trece años de dictadura militar se estima que la cifra de ejecutados y desaparecidos asciende a 30,000 personas; en Chile durante los diecisiete años del pinochetismo de infausta memoria, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación contabilizó 2,298 ejecutados y 1,209 desaparecidos. Hace unos días la Secretaría de Gobernación dio a conocer una base de datos con 26,121 “personas no localizadas” durante el sexenio de Felipe Calderón. Como lo señala el informe de HRW, también puede afirmarse que tal cifra no representa en absoluto la totalidad. Si a éstas se suman las ejecuciones, como en los datos de Argentina y Chile mencionados, la cifra en México ronda las 100,000 muy superior a tales países durante el periodo de la llamada guerra sucia.
El agravamiento de las desapariciones se debió, señala HRW, a la terquedad de la anterior administración federal para minimizar e ignorar el tema, lo que llevó a que el gobierno de Calderón no adoptara medidas serias para abordarlo.
El informe concluye que, conforme al derecho internacional y la Ley General de Víctimas de reciente vigencia en México, el gobierno tiene la obligación jurídica de brindar a las víctimas de las desapariciones un recurso efectivo, que garantice el derecho a la justicia, la verdad y una reparación adecuada.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)