Entra en vigor Protocolo Facultativo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
La comunidad internacional de Derechos Humanos conformada por organizaciones de la sociedad civil, activistas de todo el planeta, los sistemas regionales e internacionales de protección de los Derechos Humanos de los organismos multilaterales como la ONU y la OEA, entre otros, se encuentra complacida por la inminencia de la entrada en vigor de algo que tiene un nombre extraño y largo -como los que usaba el entrañable personaje humorístico del “Doctor Chun-Ga”-, pero que representa un importante avance en materia de Derechos Humanos: el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En el uso cotidiano, un “derecho” es una pretensión o reivindicación justificada. Los “derechos humanos” son pretensiones o reivindicaciones justificadas en la convicción de la igual dignidad y valor inherentes a toda persona humana, por lo que resulta inaceptable establecer tratamientos diferentes en razón de sexo, raza, color, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
A sabiendas de que en la comunidad académica y teórica sobre los derechos humanos, como en la de cualquier otra disciplina, hay apasionantes y profundas discusiones sobre la naturaleza y alcances de los derechos humanos, permítaseme, para efectos de este breve artículo periodístico, utilizar una definición de un reconocido Filósofo del Derecho, Pérez Luño: Los derechos humanos suelen entenderse como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas en las leyes nacionales e internacionales.
Partiendo de la integralidad e indivisibilidad de los Derechos Humanos, éstos suelen clasificarse para efectos de comprensión, de acuerdo a su función, su estructura o por la forma en que históricamente fueron plasmándose en los instrumentos internacionales.
Se reconoce una familia -por así decirlo- de derechos humanos que tienen como finalidad garantizar determinadas condiciones de vida digna que, reconociendo las desigualdades sociales existentes por razones histórico-estructurales, tales derechos pretenden constituirse en instrumento de equiparación, igualación o compensación. Son los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que comprenden, entre otros, a la educación, al trabajo, la seguridad social, a una remuneración equitativa y satisfactoria, a los beneficios de la cultura y del progreso científico y tecnológico, y otros más que se han expresado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en otros instrumentos regionales.
El Protocolo Facultativo es un mecanismo de vigilancia al que los ciudadanos de los países pueden acudir cuando el Estado en el que viven viola alguno de los derechos, para el caso los del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es, entonces, un mecanismo que puede ayudar a exigir que los gobiernos cumplan con lo que aceptaron firmar en el Pacto.
Para el caso de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha existido una vieja discusión –nada exenta de intereses políticos- sobre si éstos son exigibles y en qué medida a los Estados.
El hecho de que por primera vez, en el sistema internacional de protección de los derechos humanos, se permitirá presentar quejas individuales en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, es sin duda un avance trascendente que coloca a todos los derechos en pie de igualdad. Es, en palabras de La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, “una fuerte e inequívoca declaración sobre el valor de igualdad y la importancia que guardan todos los derechos humanos, así como de la necesidad de fortalecer la protección legal de los derechos económicos, sociales y culturales en particular”.
El Protocolo Facultativo fue adoptado hace cuatro años, el 10 de diciembre de 2008, por la Asamblea General de la ONU. Este 5 de febrero Uruguay se convirtió en el décimo país en ratificarlo, uniéndose a Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Portugal, Eslovaquia y España, con lo que se ha desencadenado su entrada en vigor a partir del 5 de mayo próximo.
Para que los y las ciudadanas podamos acceder a sus beneficios, se requiere que nuestros gobiernos firmen el Protocolo. Debemos impulsar que lo haga el de México. Hay una Campaña Mexicana por su firma y ratificación, a la que podemos unirnos: http://ratificapfpidescmex.org/unete-a-la-campana/firma-la-peticion-para-el-presidente-fch/
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)