La vulneración de los organismos públicos autónomos
La aparición y proliferación de organismos públicos autónomos en las democracias contemporáneas representa, de acuerdo con la mayoría de los analistas, una mejora de la gobernabilidad democrática, y es también, una de las manifestaciones más destacadas de la reforma del Estado y la consolidación de las democracias representativas, al ocuparse de asegurar y velar por el cumplimiento de algún elemento medular de la democracia, los derechos humanos en este caso.
Los organismos autónomos, como el IFAI, el IFE y los organismos públicos de derechos humanos (OPDH), entre otros, contribuyen a extender la tradicional estructura tripartita de la división de poderes, ampliando la estructura de pesos y contrapesos, así como de rendición de cuentas.
Pero para ser eficaces en su función deben estar conformados por ciudadanos y ciudadanas independientes y competentes que aseguren la independencia y autonomía del organismo, atributos que sostienen de manera más evidente su legitimidad y credibilidad.
Sin embargo el sistema político ha encontrado la forma de pervertir la naturaleza de tales órganos, para subordinarlos a los intereses partidistas del momento.
La realidad nos muestra, en cambio que, cada vez más, el sistema político ha encontrado la forma de pervertir la naturaleza ciudadana y autónoma de tales órganos, para subordinarlos a los intereses políticos-partidistas.
Así, desde hace tiempo, puede delinearse un patrón sistemático de embates contra los organismos públicos autónomos de todo tipo que ha terminado por vulnerarlos seriamente.
En días recientes hemos sido testigos de los perniciosos efectos que ello ha tenido en dos de los principales organismos públicos autónomos: el IFAI y el IFE.
En el primero atestiguamos el bochornoso espectáculo del nombramiento de Gerardo Laveaga como su Presidente. Su llegada en abril del 2012 representó, en sí misma, una grave vulneración a la naturaleza del IFAI: propuesto por Felipe Calderón, condiscípulo y su férreo apologista en múltiples temas, en una negociación política al interior del Senado fue ratificado por el PRI y el PAN, sin reunir la idoneidad para el cargo, por el contrario, diversas organizaciones ciudadanas y académicos del tema manifestaron un abierto rechazo y advirtieron las graves consecuencias de su nombramiento debido a sus antecedentes, pues no sólo carecía de experiencia, sino que se había mostrado contrario al principio de máxima publicidad llegando a tildar de “fundamentalistas” a los propios comisionados del IFAI cuando resolvieron un recurso contra el gobierno de Calderón y sus órganos de seguridad. Para llegar a la Presidencia tuvo que caer en la ignominia de votar por sí mismo, apoyado por otra calderonista: Wanda Sigrid Arzt Colunga, ex asesora de Calderón y ex secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional, que en el 2009 llegó al IFAI en otra maniobra político-partidista del ex presidente.
En la sesión en que se nombró a Laveaga, el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar la acusó de vender su voto a cambio de impunidad, ya que hay una investigación en su contra por conflicto de interés derivado de interponer recursos de revisión sobre solicitudes personales, no excusarse en las votaciones e incluso ser ponente en algunos de ellos (La Jornada, edición del 22 de enero del 2013). Fue, reitero, un espectáculo bochornoso que da cuenta del deterioro y retroceso del IFAI.
Menos estridente, pero no por ello menos grave, fue la sesión en la que el ex priísta ahora Consejero General del IFE, Sergio García Ramírez, terminó por desempatar, a favor del PRI por supuesto, una votación para imponerle una multa por considerar que no pudo justificar el “destino” de los millonarios recursos del famoso “Caso Monex”. Inopinadamente, y de último minuto, luego que hace algunos meses se había excusado de participar en el tema por tener estrecha cercanía con la familia Fraga de reconocida trayectoria priísta y dueña del grupo Efra, una de las empresas que participó en la millonaria triangulación y maquinación del caso, García Ramírez emitió el voto que inclinó la balanza 5 a 4.
Hace tiempo, en el 2006, Sergio Aguayo escribía sobre la “extraña maldición” que caía sobre los organismos públicos autónomos: “cuando tienen éxito se inicia su emasculación”.
La vulneración de la legitimidad de los organismos públicos autónomos en México no anuncia nada bueno… todo lo contrario.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)