La Ley General de Víctimas
Saludo y celebro desde este espacio la publicación de la Ley General de Víctimas en el Periódico Oficial de la Federación.
La ley, que recoge y plasma los más avanzados estándares internacionales en la materia es un importante avance en el camino correcto y resultado directo de la participación de instituciones académicas, especialistas y activistas en derechos humanos, así como en el tema de víctimas y de organizaciones de la sociedad civil especializadas en litigio estratégico.
Los aportes de las propias víctimas así como de organizaciones y personas con amplia experiencia en el tema, también fueron tomados en cuenta a través de un proceso de diálogo y construcción de consensos que, desafortunadamente fue interrumpido por la lamentable decisión Felipe Calderón, quien fue incapaz de honrar sus compromisos ante las víctimas en los diálogos que sostuvo con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Ello lo pinta entero, ya que prefirió presentar de manera unilateral una Controversia Constitucional para evitar su publicación, llegando al extremo de presentar otra iniciativa distinta a la aprobada de forma unánime por el Poder Legislativo. Afortunadamente la nueva administración enmendó el camino desistiéndose de la Controversia.
La ley publicada obliga al Estado a garantizar de manera integral la asistencia y protección a las víctimas recogiendo y desarrollando puntualmente sus derechos entre los que destacan: la asistencia jurídica, la protección, la ayuda urgente, la verdad, la justicia, la reparación integral y la sanción de los culpables.
La ley viene a dar respuesta a la demanda por dar visibilidad y dignificar a las víctimas de esta incruenta ola de violencia que el Estado ha sido incapaz de contener y, peor aún, mediante estrategias inadecuadas ha exacerbado. Con ella, el Estado Mexicano reconoce que le corresponden obligaciones directas para la atención de las víctimas tanto en materia de asistencia, ayuda, atención y reparación integral del daño, pero además la garantía de la no repetición de los actos victimizantes, y en general, evitar la criminalización y victimización secundaria de los afectados.
Así, la Ley establece una serie de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, tanto individuales como colectivas, en beneficio de las víctimas, que posibiliten el goce efectivo de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición. Son un conjunto amplio de derechos de las víctimas que implican obligaciones específicas de las autoridades en el ámbito de sus distintas competencias y niveles.
La Ley General de Víctimas obliga, entre otras medidas, a realizar programas especiales de rehabilitación en salud física y mental para las víctimas y sus familiares. Y entre las medidas de satisfacción, contempla la búsqueda de las personas desaparecidas y la identificación de los cuerpos y restos y su inhumación respetando las tradiciones familiares y comunitarias.
Es cierto que la promulgación de una ley, por sí misma no es causa suficiente ni eficiente para resolver los problemas sociales y humanitarios que aborda, en el caso, los de las víctimas, pero es un importante paso que debe celebrarse.
Viene ahora la integración de algunas de las instancias y mecanismos operativos de la ley como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima y el Sistema Nacional de Ayuda, Atención y Reparación Integral de Víctimas, así como la reglamentación que deberá tenerse en seis meses. Las organizaciones sociales, instituciones académicas y las víctimas que participaron e impulsaron la ley deberemos estar atentas a su reglamento sea el adecuado.
Otro punto fundamental se refiere a los recursos financieros que deberán destinarse, toda vez que en el presupuesto federal no se contempló partida específica para enfrentar los compromisos y obligaciones de la ley, ya que no estaba vigente, como lo estará a partir del 9 de febrero. Se ocupará, también, tanto vigilancia ciudadana como voluntad política del Congreso y el Ejecutivo federal para que la Ley General de Víctimas no quede en un simple derecho de papel.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)