Participación ciudadana e integración de juntas vecinales
El proceso en curso para la renovación de las Mesas Directivas de las Juntas Vecinales en el Municipio de San Luis Potosí, no reúne las condiciones adecuadas para el efectivo impulso de la participación ciudadana auténtica sino, por el contrario, otorga las mayores facilidades a las organizaciones clientelares que disponen de estructuras territoriales de control, entre las que se incluyen, desde luego, las de naturaleza electoral vinculadas a los partidos políticos, en detrimento de la genuina participación ciudadana.
Esto es así por varios elementos. El primero es la premura con la que tales procesos se realizan y la brevedad de los plazos otorgados para el procedimiento. Así, la convocatoria solo otorgó a la ciudadanía escasos diez días para registrar planillas. Ello sin considerar que la información solo fue accesible a un pequeño sector de la sociedad. Si añadimos prácticas como otorgar información privilegiada a grupos y personas, así como la de algunos de los grupos que tradicionalmente ostentan tales representaciones vecinales que intencionada y sistemáticamente se dieron a la tarea de destruir las convocatorias instaladas en las vías públicas de su sector, puede verse que existen más bien obstáculos para la participación ciudadana genuina, antes que condiciones efectivas y suficientes de accesibilidad amplía para la ciudadanía en tales procesos.
Los procedimientos administrativos dispuestos por la Dirección de Desarrollo Social para el registro de las planillas tampoco fueron accesibles sino, por el contrario, restrictivos para la participación. Esto debido a que la sola gestión de la solicitud para el registro de las planillas implicaba un procedimiento restrictivo, antes que abierto y que otorgara facilidades a los ciudadanos y ciudadanas interesados en participar. Así, por meras razones de control administrativo que no tienen sentido en un proceso de participación ciudadana, se realizaba un proceso de control previo para la mera otorgación de la solicitud, cuando lo usual es que en procedimientos de esta naturaleza el control administrativo se genere una vez que el registro se realiza, mediante la revisión de que éstos reúnan los requisitos manifestados en la Convocatoria correspondiente. En esta ocasión fue justo lo contrario. Una restricción más que, con el escaso tiempo otorgado y la difusión limitada, más bien obstaculiza, inhibe y desalienta la participación ciudadana que se supone busca un proceso como la renovación de las Mesas Directivas de las Juntas Vecinales de Mejoras.
Conviene saber que de acuerdo a la serie de cuatro Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) elaboradas por el INEGI y la Secretaría de Gobernación, existe un severo déficit de capital social manifestado en las escasas prácticas de asociacionismo y participación, ya que en la más reciente encuesta del 2008, sólo 1 de cada 10 entrevistados (10%) dice pertenecer a una organización de vecinos, colonos y/o condóminos, un 5.5% en agrupaciones de ayuda social y en organizaciones ciudadanas un 8.3%, contra un 15.2% que respondieron pertenecer o haber pertenecido a una agrupación religiosa. Cabe señalar que los indicadores observan una baja sostenida aplicación tras aplicación de la ENCUP.
En una sociedad con tal déficit, un programa o política pública que se proponga un efectivo y auténtico impulso a la participación ciudadana debe crear plataformas de accesibilidad amplías, antes que restrictivas, como es el caso del actual proceso de renovación de las Juntas Vecinales en el Municipio de San Luis Potosí. Aunque algo similar sucede en el resto del Estado.
Limitar las condiciones de accesibilidad amplia a la participación ciudadana mediante procedimientos políticos y administrativos restrictivos, ha configurado una distorsión al sentido genuino de la participación ciudadana, introduciendo elementos perjudiciales de simulación, manipulación y fomento al clientelismo incluyéndose el de naturaleza partidista.
Lo ocurrido en el actual proceso puede atribuirse a múltiples factores, desde el desconocimiento en la materia, la inexperiencia de la nueva administración, la falta de planeación, buenas intenciones plasmadas en formas inadecuadas, hasta otras de naturaleza menos benévolas con la explícita intencionalidad de conservar formas domesticadas y bajo control de “participación ciudadana” un remedo, en fin, de ésta. No dispongo de elementos suficientes para afirmar que ello se deba a alguna de estas causas, a una combinación o a su conjunto. Pero más allá de los motivos, los efectos son los descritos: una limitada accesibilidad para la participación ciudadana auténtica y genuina, que contrasta con las facilidades a los grupos clientelares de todo pelaje.
El mayor desafío de la participación ciudadana es impulsar su extensión, creando las condiciones que permitan un acceso efectivo y amplio a los ciudadanos a los asuntos públicos que nos afectan y que llegan a tener importantes consecuencias sobre la vida de individuos y de comunidades. La participación efectiva es la condición de posibilidad de la organización de una comunidad democrática.
La forma en que se están constituyendo las Juntas Vecinales de Mejoras marcará la calidad en el tipo de participación ciudadana, más allá de los discursos, de la actual administración municipal encabezada por Mario García. En una reunión sostenida con un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil en junio de este año, se le planteó la particular importancia que tiene la conformación genuina y auténtica tanto de las Juntas Vecinales como del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Respondió, por escrito, afirmando que fortalecería la democratización y representatividad de las Juntas Vecinales de Mejora. El procedimiento no parece apuntar hacia allá.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)