El gimoteo de la CEDH
El ataque a una camioneta en la que viajaba una humilde familia el pasado domingo por la noche, provocando la muerte de un joven que la integra, así como la amputación de la mano de un menor, revela la grave situación que guarda el actuar de los cuerpos policíacos de la entidad, y la particular y grave responsabilidad de los mandos superiores.
Pero, como efecto colateral -qué ironía-, también evidencia el fracaso de la gestión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presidida por José Ángel Morán Portales.
“No nos hacen caso”, “No tenemos recursos suficientes”, “No nos alcanza el dinero”, son las reiteradas frases que el Ombudsman suele utilizar tanto en declaraciones públicas como en su interlocución con diversos actores, y con las que suele refugiarse para intentar evadir el escaso impacto que su gestión ha tenido en materia de protección a los derechos humanos y de la contención de los abusos de las autoridades contra las víctimas.
¿Por qué no le hacen caso a la CEDH? Un estudio de contraloría social realizado a través de Educación y Ciudadanía, A.C., reveló que la CEDH no hace uso de sus facultades para sancionar -así sea administrativamente- a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas. El organismo puede y debe; presentar denuncias y protestas ante las autoridades competentes; solicitar amonestaciones públicas o privadas a servidores públicos, solicitar sanciones administrativas y disciplinares; y hasta elaborar informes especiales ante la persistencia de las autoridades en no cooperar o evadir los requerimientos del organismo. Sin embargo el análisis de los propios expedientes de queja revela que el organismo, en ninguno de ellos hizo uso de tales atribuciones. Así, no solicitó amonestación privada o pública contra las autoridades involucradas en la violación a los derechos humanos, ni siquiera notificó al superior inmediato para solicitar sanciones administrativas, menos aún realizó un informe especial o presentó denuncia alguna ante autoridad competente en los términos señalados en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, o ante el Ministerio Público tratándose de delitos. Bueno…no aplica siquiera las atribuciones administrativas de requerimiento y apercibimiento, cuando los funcionarios son omisos para cumplir con los plazos establecidos en dar respuesta a los comunicados y solicitudes del propio organismo. El estudio reveló, en su momento, que el 56 % de los expedientes requerían hacer tal apercibimiento y la CEDH no se tomó la molestia de hacerlo.
¿Por qué le harían caso ahora? El ninguneo a la CEDH se los ha puesto barato su propio titular.
Ex trabajadores y funcionarios de la CEDH durante la actual gestión han señalado que desde su inicio la consigna fue “no confrontarse” con las autoridades, sino “llevársela bien”, suponiendo que tal estrategia colaboracionista sería la “más adecuada” para el cumplimiento del mandato legal de la CEDH. Es una falacia ampliamente corroborada por la experiencia internacional en defensa de los derechos humanos.
A raíz del reciente incidente, Morán Portales se lamenta que a pesar de que durante este año se han emitido cuatro recomendaciones contra la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ésta es omisa. ¿Por qué, entonces, no ha hecho uso de la atribución que le otorga el artículo 29 de la Ley de la CEDH que le permite, previa notificación y solicitud al Congreso del Estado, que éste órgano de representación haga comparecer a las autoridades que son omisas o realizan prácticas recurrentes que violentan los Derechos Humanos, o que incumplen recomendaciones o medidas precautorias de la CEDH? No se conoce, durante los casi cuatro años de gestión, de solicitud alguna de la CEDH en tal sentido. Si tan preocupado está, como afirma, su titular por la desatención a sus recomendaciones ¿a qué obedece que no intente siquiera ejercer tal atribución? Todo indica que se trata de una práctica de auto restricción incomprensible, que no solo limita su eficacia, sino que contradice el mandato legal del organismo. Se queja de la omisión ajena, pero no repara en la suya.
También acusa de una insuficiente capacitación a los policías en materia de derechos humanos: “Los recursos invertidos en capacitaciones a policías poco o nada han servido”, afirma respecto de la Academia de Policía. Pero en comunicado de prensa del 9 de enero de este año, se ufana de la capacitación que la CEDH habría de continuar proporcionando este año a la SSP en continuidad con la impartida el año anterior a 364 elementos de tal corporación ¿qué paso, entonces? Solo por el derecho a saber, valdría la pena conocer para consultar las listas de asistencia de los agentes de la SSP que participaron en las capacitaciones de la CEDH, para corroborar si aparecen o no los ahora involucrados en el asesinato y amputación de un menor de edad. Pero eso no será posible, pues la transparencia y la rendición de cuentas no constituyen una política de la actual gestión de la CEDH.
No se trata, entonces, de dotar de más facultades a la CEDH, sino de ejercer a cabalidad las que ya tiene. No se diga de andar gimoteando.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)