El calderonato y la desaparición forzada
Entre las sangrientas secuelas del abominable sexenio que termina se encuentran las desapariciones forzadas, que han llegado a los más altos niveles en la historia del país.
Se estima, por parte de organizaciones ciudadanas de defensa de los derechos humanos, que durante el sangriento periodo de Calderón las personas desaparecidas ascienden desde 3 mil, como se reporta en el reciente informe de la visita a México del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, hasta 10 mil como sostiene el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
La desaparición forzada es un crimen aberrante y de extrema gravedad condenado por el derecho internacional que lo considera de “lesa humanidad”, es decir, que agravia al género humano y a la sociedad en su conjunto. Así se establece tanto en, la Convención Interamericana sobre desaparición Forzada de Personas (1994), el Estatuto de la Corte Penal Internacional (1998) y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006).
Como señala el mencionado informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o
Involuntarias de la ONU en su visita a México (marzo del 2012), la desaparición forzada es uno de los destacados y ominosos aportes latinoamericanos al catálogo contemporáneo de la historia universal de la infamia. En la carnicería humana que han convertido a México las erróneas e insensibles políticas de Calderón, así como la demencial violencia de las bandas criminales, la desaparición forzada ha adquirido una dimensión particular y otro funesto aporte: “el levantón”.
La definición de la desaparición forzada estipula que ésta, en cualquiera de sus modalidades, debe ser obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. A través del “levantón” el gobierno mexicano ha pretendido evadir su responsabilidad en el tema, argumentando que ésta modalidad es realizada “entre particulares” dejando entrever, además, que quienes “levantan” tanto como quienes son “levantados” están inmiscuidos en actividades criminales así, sin más. También, en un intento de minimizar las cosas, ha asignado, sin prueba ni investigaciones serias de por medio, que la mayoría de las miles de personas desaparecidas en el periodo reciente se debe a la modalidad del “levantón” con lo que “desaparecería” también -irónica y cínicamente- la responsabilidad del Estado, pues, la hacen “entre ellos mismos”.
El argumento es perverso por varias razones.
Ante todo, es responsabilidad del Estado, averiguar seria, profesional y diligentemente todos y cada uno de los casos de privación de la libertad de los ciudadanos y de cualquiera de quien se trate, sea quien sea y haga lo que haga. La libertad es un derecho civil garantizado por la Constitución que no admite excepciones más que las previstas en ella misma entre las cuales, no está por cierto, los supuestos o no “levantones”. Esta modalidad de desaparición forzada se ha convertido en la “excusa ideal” del gobierno mexicano para evadir indebidamente sus responsabilidades constitucionales. Las autoridades federales y locales no investigan adecuadamente las desapariciones forzadas. Simple y llanamente no las investigan.
La obligación no concluye con la investigación, incluye el castigo efectivo para quienes privan de la libertad a cualquiera, independientemente de quien se trate.
La definición de desaparición forzada claramente señala que ésta no debe ser necesariamente realizada por agentes gubernamentales sino, también, por grupos con la aquiescencia, es decir, desde la complacencia hasta la tolerancia del gobierno. Cualquier delito, en este caso las desapariciones -así fueran realizadas por particulares- que no son debidamente investigadas y castigadas sea por la negligencia o la ineficiencia de las instituciones de procuración de justicia constituyen, sin duda, tolerancia gubernamental y, con ello, responsabilidad.
La persistencia, con la buena salud de la que gozan, de las propias organizaciones criminales es, en última instancia, responsabilidad del gobierno, sea por colusión o ineficiencia así como el reflejo del colapso institucional al que ha conducido la incapacidad gubernamental de instaurar el Estado de Derecho.
Cualquiera en el país sabe que la corrupción gubernamental ha sido el caldo de cultivo de las organizaciones criminales, ahora y siempre.
Pero la perversidad es mayor aún, pues la colusión entre el crimen y el gobierno es tal que no puede descartarse que las desapariciones forzadas sean, incluso y en determinados casos, una abierta colusión entre grupos delictivos y cuerpos de seguridad, o de éstos últimos bajo la pantalla del “levantón”, incluyéndose la modalidad de “falsos positivos”.
Cuando la desaparición forzada ocurre contra activistas opositores o defensores de derechos humanos la experiencia internacional establece que existen pocas dudas de que se trata de un mecanismo de represión gubernamental independientemente de la modalidad de ésta. Solo una debida, adecuada y completa investigación podría descartar tal posibilidad.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)