¿Y dónde está la autoridad municipal?
En semanas recientes me he visto inmiscuido en un asunto vecinal que si bien, es de afectación localizada, resulta una muestra del desbarajuste y el colapso institucional que priva en todos los niveles de nuestra vida pública.
Si bien los problemas que aquejan y corroen nuestra vida social tienen, en gran medida, un alcance estructural lo cierto es que sus afectaciones concretas y específicas ocurren en la cotidianidad próxima. De ahí la conocida frase: “piensa globalmente, actúa localmente”, que de ser aplicable en su origen al campo del medio ambiente, es acertada también para las diversas facetas de la vida colectiva en sus distintos niveles.
Por ejemplificar la forma en que las instituciones públicas resultan inoperantes y lentas para resolver los problemas que aquejan a los ciudadanos, así como para hacer prevalecer la normatividad, es que planteo el tema en esta colaboración.
Resulta que de un día para otro, el 16 de agosto para mayor precisión, una empresa constructora dio inicio a la demolición de una abandonada y semiderruida vecindad en la calle de Sevilla y Olmedo # 363 en el tradicional Barrio de San Sebastián. El problema es que los trabajos se realizan con maquinaria pesada en horario nocturno de las 22:00 a las 03:00 horas.
Así, un trascabo derriba a golpes secos las paredes provocando un ruido excesivo que perturba el descanso de los vecinos de las calles circundantes. Para sacar el material, a pesar de disponer de suficiente espacio al interior del predio, la constructora cierra la circulación de la calle atravesando camiones materialistas y realizando las maniobras a media calle, poniendo en riesgo a los transeúntes.
Todo lo anterior viola el Bando de Policía y Buen Gobierno en sus artículos 12, fracción VI y el 15, fracción V, que claramente señalan la prohibición de producir ruidos molestos que provoquen malestar público o turben la tranquilidad de las personas, así como impedir o poner en peligro el libre tránsito de vehículos o personas mediante la ocupación de la vía pública. Y el propio ordenamiento las cataloga como faltas contra la seguridad pública y el bienestar colectivo.
La empresa se niega a dejar de hacer las labores y alega “tener permisos” que, desde luego, no muestra. De haberle sido otorgados serían inválidos por ir en contra del ordenamiento municipal.
Tenemos, entonces, el desapego de un particular –la empresa constructora- por la normatividad. El recurso de los afectados, dicta la teoría republicana, sería acudir a las autoridades municipales, para que en el ámbito de su competencia se encarguen de resolver el problema.
Pero…llamadas al 072 solicitando intervención oportuna de la Policía Vial y Fuerzas Municipales para hacer valer el Bando de Policía y Buen Gobierno, quejas ante el Juez Calificador, gestiones ante Desarrollo Urbano, Seguridad Pública Municipal, Policía Vial y Fuerzas Municipales, llamadas telefónicas a regidores y hasta el envío de twitts al Secretario del Ayuntamiento –contestado uno de ellos, incluso- no parecen tener efecto alguno, pues la empresa continúa sus labores de demolición nocturna perturbando la tranquilidad y obstruyendo la vialidad cuando le viene en gana. Qué decir de las infructuosas vueltas a la Unidad Administrativa Municipal, para toparse con que celebraron el día del santo patrono de la ciudad en día laboral a pesar de caer en día inhábil. O de las tres aduanas que hubo que pasar en el nuevo edificio de Seguridad Pública Municipal porque de un área lo pasan a otra para la realización de un nuevo procedimiento que, ellos mismos saben resultará inútil…en fin.
Así las cosas, con algunos intervalos para sorprender a los residentes, la empresa sigue en su desapego a la norma afectando a los vecinos, las autoridades sin resolver nada y los afectados malgastando su tiempo y…sin dormir.
¿Por qué el ejercicio de la ciudadanía en México es de “baja intensidad”? ¿Por qué hay crisis de representatividad? ¿Por qué el desapego ciudadano a la ley? son algunas de las preguntas que se hacen politólogos, académicos, analistas, autoridades, observadores y un largo etcétera. Seguro muchas causas estructurales habrá que las expliquen, pero ese pasmo institucional para actuar, la certeza de quienes actúan en desapego a la normatividad de que no serán obligados por las autoridades a respetarla y menos aún sancionados por ello, y el desánimo ciudadano por la inutilidad de sus gestiones y la sordera a sus reclamos, son las explicaciones sencillas y próximas a las profundas preguntas estructurales. Quizá interviniendo en ellas y resolviéndolas nos acerquemos, de a poco, a las soluciones de fondo.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)