¿Qué nos enseña el proceso electoral del 2012? (Tercera parte)

Pregunta fundamental del reciente proceso es ¿qué nos enseña sobre el IFE?

La respuesta es tan compleja como el diseño institucional que le ha moldeado a lo largo de sus 22 años de existencia. Cada proceso ha añadido elementos que le han complejizado, quizá en extremo.

Así, el IFE es multifacético, multifuncional y, diría, hasta esquizofrénico. Lo es porque así lo han querido los partidos políticos que lo han ido diseñando y construyendo mediante las reformas electorales sucesivas que han reformado mediante modificaciones y añadidos al COFIPE.

Distingo, por lo menos, siete grandes atribuciones que, por sí solas y por separado requieren de ingentes cantidades de recursos, personal, infraestructura y especialización: organizador de elecciones, fiscalizador de los gastos de los partidos políticos, administrador de los tiempos del Estado en periodo electoral, calificador de la calidad de los procesos electorales, vigilante y árbitro, promotor de la educación cívica y, finalmente, impulsor de la democracia. Tales atribuciones le son otorgadas por el COFIPE en los artículos 2, 79 a 86, 104, 105 y 108, éste último referido a atribuciones específicas al Consejo General del Instituto.

Así, hay, por una parte, un IFE organizador de elecciones bastante eficiente y efectivo, como lo demostró el amplísimo recuento de casi el 55% de la elección –en San Luis fue mayor aún- que no arrojó inconsistencias sustanciales, por el contrario. Organizar elecciones requiere realizar una serie de procesos y actividades desde la integración del padrón electoral hasta la instalación de las casillas necesarias, con los funcionarios debidamente seleccionados y capacitados para la recepción, escrutinio y cómputo del voto, así como para él llenado de la documentación electoral que da cuenta del sentido del sufragio ciudadano. Aún algunos de los más rigurosos críticos del proceso electoral que llegaron a estar presentes en los cómputos distritales como representantes de partido o como observadores pudieron comprobarlo. Pero organizar elecciones no es todo lo que hace el IFE.

Hay también un IFE administrador de los tiempos del Estado en los medios de comunicación durante los periodos electorales. Es el elemento medular de la reforma electoral del 2007 en respuesta a lo sucedido el año anterior en la elección presidencial. Se trataba de construir e implementar un nuevo modelo de comunicación política que evitara la inequidad y, muy particularmente, la propaganda negra y la contratación de publicidad y propaganda política por parte de actores particulares o corporativos. En esta ocasión la distribución de los tiempos oficiales para la propaganda partidista se realizó de manera rigurosamente equitativa, en los términos establecidos por la reforma en la ley. Además, se monitoreó, a través de la UNAM, las transmisiones sobre las precampañas y campañas en los noticieros de radio y televisión. El estudio revela una diferencia de 4 puntos porcentuales de cobertura a favor de Peña Nieto en relación a los otros dos cercanos contendientes. Recuerdo procesos anteriores con diferencias abismales. Siendo esta la primera elección presidencial sujeta a los procedimientos en materia de comunicación política creados por la reforma del 2007, creo que es un avance… Pero no es todo lo que hace el IFE.

Hay, además, un IFE fiscalizador bastante esquizofrénico y desfasado. Lo es así por voluntad expresa de los partidos políticos que quisieron establecer un esquema de fiscalización ex post a través de un órgano técnico con autonomía de gestión: la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que informa al Consejo General para que este sancione las infracciones que llegaran a cometerse. El calendario legal de la fiscalización, incluyéndose una atribución excepcional para el Consejo General (art. 85), está notoriamente desfasado tanto de los términos del proceso mismo, como de la calificación electoral que debe hacer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ello sin considerar los poco relevantes efectos jurídicos que los resultados de la fiscalización tienen respecto de la calificación de la elección, por decisión legal de los propios partidos políticos. Aquí las cosas no marchan bien, pero la partidocracia no parece estar dispuesta a mucho con tal de preservar sus abundantes recursos públicos.

Hay un IFE calificador de la calidad de los procesos electorales bastante mocho y corto en sus atribuciones, pues si bien el artículo 105 en su inciso f) le otorga como una de sus finalidades velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, no le otorga particulares ni específicas atribuciones o procedimientos para hacerlo. Pareciera que lo único que hacerse puede es presentar una denuncia o turnar el asunto a la FEPADE. Habrá que ver si se quieren ampliar las atribuciones al respecto o dotar al IFE de mayores dientes.

Enfatizar solo la organización de elecciones, o la fiscalización, o la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión durante los procesos electorales, o como calificador de la calidad de las elecciones, es reducir las cosas y poco ayuda. Algunos actores, sobre todo al interior de la estructura profesional del IFE, en estos momentos privilegian y destacan la función de “organizador de elecciones”. Esta visión tiende a minimizar las otras atribuciones, o bien, a desplazarlas a algunos de los órganos superiores o técnicos del IFE.

Otro asunto es analizar si el IFE debe permanecer solo como responsable de alguna o algunas de estas atribuciones.

Por cuestiones de espacio será en una próxima entrega que continúe con este análisis, ya que falta el análisis de otros de los siete elementos: el IFE como vigilante y árbitro, promotor de la educación cívica y, finalmente, impulsor de la democracia.

(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)