¿Qué nos enseña el proceso electoral del 2012? (Segunda parte)

Que la elección, en cuanto al sufragio de los votos emitidos, haya sido decidida por los sectores sociales más vulnerables respecto de su posibilidad de emitir un voto libre, informado y razonado, por pertenecer a los grupos sociales con mayor nivel de marginación y menor grado de educación, permite afirmar razonablemente que persiste y se fortalece la práctica de obtener el voto mediante dádivas materiales y económicas.

No es un asunto nuevo en la cultura política del país, pero su persistencia y la notoria intensificación de su práctica y efectos son un indicador grave que señala lo lejos que aún estamos de la normalidad democrática. La democracia no se agota con la realización de procesos electorales. Aunque el régimen democrático es un componente indispensable de la democracia, es insuficiente para caracterizar a ésta adecuadamente. La calidad de una democracia debe calificarse también por las características del contexto social en que ésta se desarrolla (O´Donell, 2004).

Como bien lo describe José Antonio Crespo en una reciente columna en El Universal titulada, Calidad electoral y compra del voto: … en virtud de lo que está en juego (nada menos que el poder político, con todo lo que eso conlleva), difícilmente los contendientes resisten la tentación de hacer trampa para forzar su victoria.

En efecto, la obtención del voto mediante dádivas materiales y económicas, es resultado directo de los contendientes que aprovechan un contexto social adverso de los electores –marginación, pobreza, baja educación, temor, ignorancia- y propicio para sus fines políticos –la consecución de sufragios-. También llevan responsabilidad quienes venden su voto, cierto, pero la asimetría de conocimiento y los márgenes de libertad para la toma de decisión de tales sectores ciudadanos se estrechan por efecto de su condición vulnerable por razones sociales antes que individuales. Toda valoración ética se fundamenta en los niveles de conocimiento y libertad que tienen los sujetos que toman una decisión, y ambos elementos pueden reducirse por efectos de la vulnerabilidad del contexto social en que viven. Los sujetos promotores de tal forma de obtención del voto, los contendientes electorales, no tienen –en cambio- atenuante alguno.

En buena medida la persistencia e intensificación de la compra y coacción del voto obedece a que los propios contendientes no sólo la promueven sino que, en tanto integrantes del Estado Mexicano –como congresistas o integrantes en diversos niveles de los poderes Ejecutivos- se han negado a vigilar o sancionar adecuadamente tal práctica. Así, por una parte, la tipificación de tales delitos es de difícil e intrincada comprobación, y por otra, la instancia para su combate, la FEPADE, es notoriamente débil en infraestructura y recursos.

Pero volviendo al contexto social también debe reconocerse que existe una alta permisividad social para ello debido a una cultura de corrupción que permea la vida política y social. Existe una relación corrupta y corruptora entre partidos políticos y amplios sectores ciudadanos.

¿Cómo se entiende, si no, que personajes públicos vinculados a hechos corruptos sean propuestos por los partidos políticos y que ganen, incluso por amplio margen en ciertos casos, los comicios? Ejemplos sobran por todas partes y en todos los partidos.

Ernesto Gándara Camou -ex Alcalde de Hermosillo- y Claudia Pavlovich Arellano vinculados al incendio y secuelas del caso de la Guardería ABC fueron propuestos por el PRI como candidatos al Senado en Sonora y ganaron la elección. Abel Murrieta ex Procurador de Sonora, involucrado en la impunidad del caso, resultó candidato ganador por el Distrito XVI local de Cajeme y será diputado local. Rubén Escamilla, ex jefe delegacional en Tláhuac por el PRD, quien solicitara favores sexuales para otorgar una plaza, ahora será Asambleísta del DF pues ganó el distrito 35 por casi el doble de votos de su más cercano competidor del PRI. Rosaura Loredo se prepara, de nueva cuenta, a ocupar la Alcaldía de Cerro de San Pedro a pesar que está acreditado que durante su anterior gestión (2006-2009) incurrió en múltiples irregularidades administrativas. Pero gracias a la incapacidad de reunirse de los integrantes de la Comisión Jurisdiccional que estudia el caso, no habrá forma de inhabilitarla.

Es claro que en nuestro país hay un débil y hasta inexistente costo político y social para los políticos, pero tristemente debemos reconocer que lo es también porque hay una sociedad abiertamente permisiva de tales conductas.

No hay clase política impoluta en ninguna parte del planeta, pero en democracias más funcionales y de mayor calidad, sí es posible castigar políticamente y hasta judicialmente a los corruptos.

Otra enseñanza que nos deja el reciente proceso electoral es la urgencia de impulsar una decidida agenda ciudadana anti-corrupción. Si no es ciudadana difícilmente será efectiva. Menos aún si la quiere implementar la propia clase política, sea la hegemónica o hasta la opositora.

Como afirma Alfonso Tamés en artículo publicado en el diario digital Animal Político, titulado Corrupción y nudismo: … Para combatir la corrupción es necesario entender que vivimos en una sociedad que no está interesada en castigarla.

(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)