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Ciudad Juárez: la construcción del Pacto Nacional

Estuve en Ciudad Juárez para recibir a la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad y participar en los trabajos de la elaboración del Pacto Nacional.

Es complicado, por la naturaleza de este espacio periodístico, hacer una crónica y el adecuado balance de los resultados del trabajo realizado por las organizaciones y ciudadanos reunidos en Ciudad Juárez. Me limito a trazar dos esbozos de mis impresiones en tanto participe directo del evento, y el contacto cercano con los organizadores.

Primero. El dolor y la pena acumulado en un espacio geográfico y social es abrumador e impactante. Me refiero tanto al hecho de que es en Ciudad Juárez donde se concentran los mayores números, índices y porcentajes de víctimas de la reciente y grave espiral de violencia que asuela al país, como al hecho de que la Caravana llegó también con su propia carga de víctimas, de otras regiones que hicieron aún más densa la concentración geográfica, social y espiritual de los saldos de la violencia.

Los testimonios que la Caravana emplazó, sumó, multiplicó y congregó son impactantes en extremo y dan cuenta de la profunda degradación institucional y social del país. Uno de los fenómenos más visibles de la Caravana fue el efecto de catarsis personal y social de las víctimas. No es un efecto menor, ni debe subestimarse en aras de un examen analítico o estructural de la violencia, sus causas y efectos. Algunos la desestiman por considerarla un mero efecto purgante sin aparentes consecuencias, un fenómeno necesario y permisible pero estéril, por considerarlo un aspecto individual y subjetivo, sin efectos políticos y sociales. Difiero de ello. Si hemos de intentar una profunda renovación de la vida social y política del país, debemos conocer también la profundidad de sus dolores. No hay justicia ni reparación del daño o del tejido social sin la memoria y el conocimiento de la verdad. ¿Qué hay que resarcir? ¿Qué hay que reconstruir? ¿Qué hay que erradicar? ¿Qué hay que cambiar? Resultaría imposible saber a dónde se quiere llegar sin responder a estas preguntas. Son las víctimas quienes nos ayudan a ello, y si bien el efecto catártico de la denuncia, de la propia verbalización, en ocasiones por vez primera luego de años de silencio y dolor reprimido, tienen un efecto subjetivo y directo en las propias víctimas, ello no significa que carezcan de un efecto social y político. Es lo que busca la construcción de este Pacto Nacional que es, necesariamente, un proceso en construcción.

Segundo. La construcción del Pacto Nacional. A la suma de las víctimas debe agregarse la multiplicidad de actores sociales e individuales que el movimiento iniciado por Javier Sicilia ha congregado. En Juárez nos encontramos personas y organizaciones que hemos confluido en diversas luchas y causas durante las últimas décadas en materia de derechos humanos, medio ambiente, elecciones limpias, derechos de las minorías, voto nulo, etcétera, así como un amplio grupo de personas y colectivos más recientes, con estrategias y análisis diversos y múltiples. En suma, hay muchas agendas que han visto en el movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una posibilidad de articulación. Esto mismo complica la capacidad de establecer prioridades tanto de objetivos como de estrategias. Es lo que el movimiento deberá resolver en el corto plazo y no en unas mesas de trabajo de cuatro horas con más de cien participantes, y con una metodología inadecuada. Debe entenderse la reunión en Ciudad Juárez como el primer encuentro de múltiples actores y agendas, congregados por la situación de emergencia nacional que los testimonios y la catarsis de las víctimas patentizan y condensan, sin perder esa centralidad que, por ahora, constituye el elemento nuclear del movimiento, a la vez que la manifestación más clara de la reserva ética del país y su correlato de indignación.

El movimiento debe consolidarse como un referente ético, esa es su identidad y originalidad en el actual contexto nacional. Desde tal identidad debe impulsar una serie de propuestas realistas y efectivas, así como emplazamientos y exigencias al poder y a los actores políticos y sociales. Ellas deberán ser respaldadas por movilizaciones pacíficas y no violentas de resistencia y no colaboración. Éstas dependerán de los contextos nacionales y regionales, y no serán masivas, no lo pueden ser sencillamente porque las mayorías no participan ni es previsible que lo hagan, así sean víctimas estructurales de la violencia. Ordinariamente las víctimas estructurales no son conscientes siquiera de las causas y efectos que les afectan por todo el entramado político e ideológico que induce y conduce al país. Las propias víctimas directas tampoco lo son necesariamente, pero están en condición propicia para llegar a serlo a causa del efecto inmediato que los agravios les han causado. Nadie puede negar que el movimiento por la Paz con justicia y Dignidad representa un fenómeno inédito en el país, porque el contexto del que surge lo es. Es pronto para justipreciarlo en toda su dimensión, y es difícil sustraerse a la tentación de analizarlo y encasillarlo desde una perspectiva política y social tradicional, incluso desde la perspectiva teórica de los movimientos sociales.

No será fácil para quienes hemos suscrito el Pacto Nacional definir la necesaria organicidad del mismo, pero hemos de intentarlo pues se presenta como una alternativa en el horizonte de las ofertas políticas que prevalecen.

La clase política cuenta votantes, adherentes, intenciones de voto, porcentajes de encuestas de opinión, número de consejeros electorales que les toca por cuota, y asuntos similares. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad abreva del testimonio de las víctimas -así sólo fuera una- y desde allí contempla y analiza la profundidad de la emergencia nacional, para articular movimientos ciudadanos diversos que incluirán sus propias agendas, pero articuladas en una agenda común, definida en su identidad y origen: la paz con justicia y dignidad.

(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)


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