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La Caravana por la Paz en San Luis Potosí

El próximo domingo 5 de junio, la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia, llegará a San Luis Potosí, en su marcha rumbo a Ciudad Juárez para celebrar un Pacto Civil que contribuya a generar unidad entre organizaciones sociales, colectivos, grupos y ciudadanos, dando vida y fuerza a una “red de redes” para enfrentar la emergencia nacional en la que nos ha colocado la exacerbación de la violencia y para regenerar el tejido social y comunitario, en este oscuro momento por el que la patria atraviesa.

La Caravana será recibida en la Plaza del Carmen hacia las 5 de la tarde, cuando llegue procedente de Morelia.

La Caravana, en voz de sus organizadores nacionales, tiene como objetivo mantener la movilización y dar cauce a la indignación ciudadana contra la impunidad, la violencia y la militarización de la vida pública en nuestro país, para alcanzar un México en paz con dignidad y justicia.

Hoy día hay muchos llamados contra la violencia ¿qué diferencia a este? Varios aspectos.

El primero tiene que ver con el análisis de las causas de la violencia. Mientras que la versión oficial insiste en que ésta es, principalmente, responsabilidad de los grupos criminales, el Pacto Civil considera que tal análisis no es acertado, del todo. La violencia tiene, ante todo, causas estructurales: es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión. Aquí impera la muerte, muerte lenta causada por la miseria, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades para el desarrollo pleno de nuestras vidas, y por la destrucción del ambiente. Se trata de una violencia sistémica donde los más afectados provienen de los sectores excluidos, marginados y vulnerabilizados de esta sociedad: mujeres, jóvenes, niños, migrantes, pueblos indígenas.

No se ignora que el recrudecimiento de la violencia está vinculada al fenómeno del narcotráfico, pero éste se analiza desde una perspectiva global, como efecto tanto del mercado en cuanto consumo, como de las adaptaciones transnacionales que los grupos criminales realizan como resultado, también, de la globalidad. Si ello es, en sí mismo grave, el problema se agudiza por las políticas y acuerdos internacionales para su combate, lo que ha situado a México como el campo de batalla donde a los pobres toca pagar una alta cuota de vidas humanas para que las drogas lleguen a su destino y consoliden grandes negocios.

El asunto es que las autoridades mexicanas han consentido tal papel, al asumir una estrategia militar para enfrentar al crimen organizado y -de paso- a la protesta social, privilegiando un proceso de militarización intensivo y extensivo de la seguridad pública. En ello radica los gravísimos resultados: más de 40,000 muertos en cinco años. Sólo en el mes pasado se contabilizaron casi mil quinientos asesinatos.

Mientras que el discurso oficial, particularmente el asumido por Calderón, insiste en que “no hay de otra” y que la estrategia seguida es la única posible, el Pacto Civil propone un cambio a fondo. En forma alguna se pretende que el Estado deje de actuar contra los criminales y el narcotráfico, como absurdamente se ha querido descalificar al movimiento y hasta al propio Javier Sicilia. No, lo que se busca es cambiar la estrategia que no sólo no ha logrado su objetivo, sino que ha empeorado el problema tanto de la violencia como del narcotráfico.

Otro componente fundamental para entender lo que pasa es la enorme impunidad, así como la corrupción y su infiltración en el Estado.

El Pacto Civil propone seis puntos.

1. Exigencia de verdad y justicia, esclareciendo y resolviendo los asesinatos, desapariciones, , las fosas clandestinas, y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad, incluyendo las redes de complicidad y omisión de las autoridades responsables. 2. Poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana. 3- Combate efectivo y frontal a la corrupción y la impunidad mediante una amplia reforma en la procuración y administración de justicia, que establezca control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad. 4- Combatir la raíz económica y las ganancias del crimen, mediante un combate frontal al lavado de dinero y activos de los delincuentes 5- La atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social. La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia. El Pacto Civil exige una política económica y social que genere oportunidades reales de educación, salud, cultura y empleo para jóvenes. 6- Exigimos democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación. Ello a través de reformas políticas en las que se amplíen los medios e instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el reconocimiento institucional de la consulta popular, las candidaturas independientes, la revocación de mandato, la contraloría social y las acciones colectivas. La seguridad requiere democracia y nuevos medios de participación ciudadana.

Cada punto contiene exigencias y propuestas específicas, así como plazos para algunas de ellas. Resulta imposible en este espacio profundizar más. Este jueves 2 de junio a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Mariano Jiménez, en la calle 5 de Mayo número 610, se realizará un foro de análisis sobre el Pacto. La entrada es libre.


(Artículo publicado en La Jornada San Luis y Revista Transición)


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