El Congreso y el Ombudsman
El próximo martes la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género ha convocado al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a una “mesa de trabajo”, derivada del escrito que presentara hace ya casi tres meses la entonces ex Delegada de la PGR, en el que realiza serios señalamientos que apuntan al incumplimiento del mandato que la ley otorga al organismo por parte de José Ángel Morán Portales.
Formalismos que entorpecen lo sustancial, pueden hacer que de esa “mesa de trabajo” poco pueda resultar en materia de rendición de cuentas para un organismo muy alejado del escrutinio público.
Vayan algunos apuntes que puedan servir para ello, sin costo para los Congresistas.
Un estudio dado a conocer el año pasado, reveló datos preocupantes respecto de la gestión del organismo: el 60 % de los usuarios manifiestan un alto grado de insatisfacción con el trabajo realizado por el organismo; el nivel de calificación de las víctimas respecto de la reparación del daño por las violaciones sufridas es abrumadoramente negativo, pues casi el 90 % de las víctimas lo consideraron muy malo; la sanción a los responsables de las violaciones a los derechos humanos que han sido señalados por el organismo no ocurrió en el 94 % de los casos.
Las opiniones no fueron hechas por críticos del organismo, sino por los propios usuarios y usuarias cuya queja se resolvió mediante una recomendación, algún proceso de conciliación, o la emisión de medidas precautorias para dizque salvaguardar sus derechos. La opinión se recabó mediante entrevistas en las que se utilizaron indicadores específicos de eficiencia y eficacia que aparecen en la normatividad del organismo.
El análisis de los expedientes de las y los usuarios entrevistados, confirmó sus opiniones: solo en el 46 % de los mismos hay constancia de seguimiento dado luego de haberse emitido la recomendación, la medida precautoria o el proceso de conciliación respectivo; sólo en el 23 % de los expedientes analizados se encontraron evidencias documentales de que los procedimientos del organismo se realizaron de acuerdo a los principios de inmediatez y rapidez señalados por la ley. Tan sólo el año pasado, las pocas recomendaciones que se emitieron tardaron en hacerse un promedio de 1 año y 3 meses luego de que las víctimas presentaran su queja en la CEDH.
Desde entonces se sugirió al organismo incorporar indicadores de gestión y desempeño sin que hasta el momento lo haya hecho.
La ley de la CEDH le obliga a llevar un registro y control público de las recomendaciones, proceso de conciliación y medidas precautorias. Ello debió hacerlo desde diciembre del 2009, sin embargo todo el año anterior el organismo fue omiso de su obligación, y sólo hace unas semanas apareció información correspondiente, pero incompleta, ya que no hay forma de saber respecto de la efectividad del procedimiento de la CEDH, o del llevado a cabo por la autoridad responsable, para asegurar la reparación del daño y la sanción a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, a pesar de así exigirlo la propia ley. Por otra parte no existen datos respecto de tal registro para el 2011.
Desde el inicio de su gestión, José Ángel Morán Portales, prefirió conducirse con una dinámica de decisiones unilaterales que ha generado una ruptura entre la única instancia de representación ciudadana al interior del organismo, el Consejo Consultivo de la CEDH. Los conflictos se han presentado en temas como las reformas a la Ley del organismo, la decisión de no presentar una acción de inconstitucionalidad, la elaboración del Reglamento, la presentación de los informes anuales de labores, la elaboración del presupuesto, así como ciertos nombramientos en la CEDH, entre otros. Así lo demuestran tanto las actas del Consejo -que siendo públicas hubo que litigarlas ante la CEGAIP- como diversos testimonios.
Es contrastante su actual actitud, ya que Morán Portales fue Consejero en el periodo de la presidencia de Sergio Azúa Reyes (1997–2001), con quien sostuvo, junto a más consejeros, un abierto y público conflicto con el titular, pues éste no consideraba en nada la opinión del Consejo, conduciéndose con una amplia discrecionalidad y decisiones unipersonales y unilaterales que demeritaban a la CEDH–SLP (Declaraciones de Morán en notas periodísticas del 10 de febrero y del 9 de marzo de 1999). A tal punto llegó la ruptura, que Morán Portales amagó con solicitar al Congreso la destitución del entonces Presidente de la CEDH (19 de febrero 1999). Pero al llegar a la Presidencia parece haberlo olvidado.
También sería bueno saber las razones por las que durante el 2010, la CEDH emitió 29 recomendaciones menos que el año anterior. Tal cifra representa el tercer rango más bajo en los dieciocho años de existencia del organismo, sólo que se registra en el año más violento en décadas. Ni el propio Azúa Reyes emitió tan pocas.
Sirvan estos datos como apuntes y notas para que el encuentro entre los congresistas y el Ombudsman aborde elementos de fondo, y sea un efectivo ejercicio de rendición de cuentas. Más allá de manifestar “lo que a su interés convenga” -como dice la invitación a tal reunión- en relación al escrito presentado por la ex Delegada de la PGR.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)