La CNDH: una revisión necesaria de los organismos autónomos mexicanos.
El reciente informe de la prestigiada organización no gubernamental internacional de derechos humanos Human Rigth Watch (HRW) sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no solo viene a corroborar los análisis que organismos nacionales han realizado desde hace tiempo, respecto del pobre desempeño de la institución, sino que aporta datos para entender que tal situación es resultado de las propias prácticas y políticas del organismo, antes que de factores externos o contextos adversos a su labor.
Ya antes análisis realizados por el Proyecto Atalaya del ITAM, FUNDAR y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, entre otros, han señalado de manera sostenida la ineficiencia, falta de transparencia, inadecuada fiscalización y prácticas contrarias a la decidida defensa y promoción de los derechos humanos que caracterizan a la CNDH, entre otras cosas.
El informe de HRW dado a conocer en días recientes resalta que, en buena medida, las limitaciones que el organismo tiene en materia de defensa y promoción de los derechos humanos no radican en su mandato legal, la falta de personal o de recursos, por el contrario es -con mucho- uno de los sistemas públicos de derechos humanos con más recursos del planeta, sino en sus propias políticas y prácticas.
Es la propia CNDH quien se autolimita al no ejercer a plenitud sus facultades legales y sus recursos: “Una y otra vez, la CNDH no impulsa a las instituciones del Estado a reparar los abusos que ha documentado, no promueve las reformas necesarias para prevenir abusos futuros, no se opone a leyes, políticas y prácticas abusivas y contrarias a estándares internacionales de derechos humanos, no entrega ni difunde información que posee sobre casos de derechos humanos y no siempre se relaciona constructivamente con actores claves que buscan promover el progreso de los derechos humanos en México”. (Página 2 del informe)
El informe enfatiza que la CNDH parece limitarse a ser una mera descriptora -bien documentada, por cierto- de la grave situación de los derechos humanos en el país, pero incapaz de incidir -por decisión propia- en poner límite a tal situación.
Así, el estudio concluye que la CNDH “habitualmente abandona los casos de violaciones de derechos humanos que documenta antes de su resolución”. Y que una vez documentadas y hasta habiendo emitido recomendaciones puntuales y específicas, sus funcionarios “optan por no monitorear la implementación de las recomendaciones, cuyo fin es garantizar que se reparen los abusos”. Para ello alegan todo tipo de justificaciones que hacen uso de interpretaciones limitadas tanto de la ley, como autorrestrictivas de sus propias funciones. He aquí la gravedad de la situación: contando con todos los recursos legales y operativos a su alcance, la CNDH prefiere no emplearse a fondo. ¿Por qué?
El informe de HRW destaca particularmente el hecho de que, contrario a la práctica internacional en la materia, la CNDH no haga uso del principal recurso que este tipo de organismos no jurisdiccionales tienen: la “publicidad negativa” hacia funcionarios involucrados o prácticas institucionales, para disuadir futuras violaciones a los derechos humanos, así como sancionar social y moralmente a los involucrados. Así, la CNDH no publica ni divulga la mayor parte de la información que tiene. Y de nuevo lo hace por autorrestricciones fundadas en normas de confidencialidad “excesivamente amplias” que devienen en dejar a las víctimas en la indefensión y a fomentar el principal eslabón de la cadena de violaciones a los derechos humanos: la impunidad.
Donde peor librada queda la CNDH es en su incapacidad de sostener una relación constructiva con el resto de los actores sociales relevantes que podrían colaborar en la construcción de una mejor situación de los derechos humanos en el país. La CNDH se ha opuesto a iniciativas de otros organismos públicos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, así como a instituciones y organizaciones de la sociedad civil con lo que ha contribuido, de acuerdo al informe, “a generar una atmósfera de desconfianza que obstaculiza el avance de los derechos humanos”.
El informe sobre la CNDH, además de ofrecer elementos puntuales para analizar y evaluar el desempeño del organismo, es pertinente para el análisis en general del tipo organismos autónomos que prevalecen en nuestro país.
Los organismos autónomos tales como la CNDH, el IFE, el IFAI, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de acuerdo a una opinión generalizada entre los analistas, representan una de las manifestaciones más destacadas del avance democrático y de la reforma del Estado, en tanto que son organismos que contribuyen a fortalecer y extender la estructura de pesos y contrapesos, más allá de la estructura tradicional de los tres Podres tradicionales del Estado. Además de organismos de naturaleza similar a los anteriormente citados, en otros países hay organismos autónomos en materias como lucha contra la corrupción. De acuerdo a estudios y experiencias en distintas latitudes, su éxito radica particularmente en que éstos suelen tener un importante vínculo con la sociedad civil y, en ocasiones, hasta una neta y auténtica configuración ciudadana que les otorga independencia e imparcialidad.
Sin embargo en nuestro país, pareciera existir una tendencia a que tales organismos autónomos, más temprano que tarde, terminen por no constituirse en verdaderos contrapesos imparciales, independientes y eficaces. El ejemplo de la CNDH, el decano de tales organismos en México es un lamentable ejemplo.
“Nuestros” organismos autónomos locales: la CEDH, la CEGAI, el CEE y la Auditoría Superior del Estado son, a su vez, un fiel reflejo de buena parte de los vicios señalados por HRW en su análisis.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)