Los tiempos que corren
La crisis del sistema político en su modalidad democrática no solo refiere a la aparente y persistente incapacidad de ésta por disminuir la enorme y creciente brecha entre la pobreza y la riqueza y las condiciones de bienestar entre los ciudadanos, sino que también refiere al problema de la representación y la forma en que los gobiernos conducen las políticas públicas en relación a las políticas deseadas o esperadas por la población. De tal forma que la crisis toca al núcleo político mismo de la democracia, particularmente respecto de si los procedimientos electorales son formas eficaces de representación ciudadana y de control gubernamental.
Por un lado, muchos ciudadanos no nos sentimos representados con los políticos que resultan ganadores de los procesos electorales, a pesar de la existencia de la representación proporcional para las opciones que no resultan triunfadoras. Los analistas, por su parte, demuestran que los mecanismos electorales no resultan ser eficaces en el control al gobierno, ni en la implementación de políticas públicas favorables a los electores. ¿A través, entonces, de qué procedimientos pueden los ciudadanos de las democracias actuales hacer valer sus derechos políticos y de participación? ¿Cómo asegurar que los gobernantes electos actúen en conformidad con la voluntad de los electores?
Los analistas han explorado diversos planteamientos que permitirían autentificar la construcción de representación ciudadana, y el fortalecimiento de mecanismos de control a los gobernantes. Así, se ha discutido en torno a cuáles son las mejores formas de gobierno, si el sistema presidencialista o el parlamentario, por ejemplo. También se han hecho señalamientos en torno al diseño institucional de los sistemas electorales: si es preferible que sean de mayoría (relativa o absoluta), de representación proporcional, mixtos o de otro tipo. O bien, respecto del sistema de partidos: de partido predominante, bipartidista, de pluralismo moderado o polarizado. Cualquiera de las modalidades que adopte el sistema político tiene efectos en la vida democrática, la construcción de representación, el control gubernamental y el ejercicio de los derechos políticos ciudadanos.
Más recientemente se ha propuesto otros enfoques que enfatizan la necesidad de implementar mecanismos de rendición de cuentas -accountability-, en donde la transparencia y el diseño de organismos autónomos (electorales, de derechos humanos, de lucha contra la corrupción, entre otros), tienen particular importancia.
Sin embargo, la natural tendencia del poder a eludir su responsabilidad hacia los gobernados y someter la administración pública a la discrecionalidad y la arbitrariedad, de la que el Ejecutivo potosino es un acabado ejemplo, no parece conocer límites. A los esfuerzos, inclusive institucionales como la promulgación de leyes de transparencia, los actores gubernamentales han creado y fortalecido espacios de invisibilidad en los que han edificado centros de poder ocultos y separados de las sedes institucionales visibles del poder. Centros de decisión con estrechos vínculos a los grupos de poder económico, en los que ambos intereses se coluden y confunden, y terminan por ser el lugar desde el cual se diseñan las políticas públicas. En nuestra entidad los casos de la Minera San Xavier y los intereses de las empresas inmobiliarias son el claro ejemplo de tal tendencia.
El marginal papel del Congreso local en el diseño de las políticas públicas y la fiscalización al Ejecutivo. La caricatura cómico-trágica de los partidos políticos de “oposición”. La blandenguería que caracteriza a los organismos autónomos locales como la recién, pero inútil, Auditoría Superior del Estado. El tradicional bajo perfil de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El debilitamiento de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información con el lamentable espectáculo protagonizado por uno de sus comisionados en abierto conflicto de intereses respecto de sus funciones. Son palpables muestras de la crisis política y social por la que atraviesa el Estado agravada ahora por el avance de la delincuencia organizada.
Señalar las modalidades de esta crisis no es labor menor en el actual contexto de la entidad, dominado por la soberbia y la desinformación promovida como política de Estado por la actual administración estatal.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)