Represión política y erosión del Estado de Derecho
A pesar de que a buena parte de la clase política y a los poderes fácticos de tipo económico, mediático y cultural suele llenárseles la boca cuando mientan el "Estado de derecho", es bueno recordar que ni todo Estado es Estado de derecho, ni cualquier Estado con derecho es un Estado de derecho.
En efecto, el Estado de derecho no tiene que ver con el uso represivo y selectivo de la ley con propósitos intimidatorios y represivos, tal y como se vuelve uso común por parte del gobierno estatal contra los opositores al ilegal funcionamiento de la depredadora Minera San Xavier.
El Estado de derecho -es bueno recordarlo- es la institucionalización tanto jurídica como política de la democracia. De tal suerte que el Estado de derecho procura, mediante el sistema normativo jurídico institucionalizar los valores éticos que dan legitimidad al sistema político democrático.
De ahí que los componentes fundamentales e imprescindibles del Estado de derecho son: el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y creada por procedimientos democráticos; la división de poderes; la fiscalización de la administración pública, y; la protección de las libertades y derechos fundamentales que constituyen la razón de ser del Estado de derecho. ¿Hay eso en San Luis Potosí?
Los grupos en el poder prefieren limitar el Estado de derecho al "imperio de la ley" pero en sentido unilateral donde el gobernado es objeto pasivo. El "imperio de la ley", en cambio, es tanto para los gobernados como los gobernantes. Más aún, cierto que a todos incumbe el Estado de derecho, pero a quien en última y más decisoria instancia se dirige el Estado de derecho es precisamente al propio Estado, a sus órganos y poderes, a sus representantes y gobernantes.
El Estado de derecho no se restringe al "imperio de la ley", menos aún, cuando tal "imperio" es ajeno a los valores que el Estado de derecho debe proteger y fomentar: la libertad, los valores democráticos y los derechos fundamentales.
El Estado de derecho es imperio de la ley producida en las instituciones democráticas pero, en coherencia con esos mismos valores. Lo de más, es lo de menos.
Pero, mientras que quienes verdaderamente se asocian de manera delictuosa e impune para atentar y destruir a gran escala y de manera irreversible el patrimonio histórico y cultural de los potosinos, sin que el gobierno de Marcelo De los Santos haga absolutamente nada para impedirlo, al cobijo de argumentos deleznables y cínicos, por otra parte orquesta una abyecta y desproporcionada campaña de atropellos jurídicos y legales contra los opositores al proyecto de la minera trasnacional.
El uso selectivo e ilegítimo de la ley, acompañado de una campaña mediática a la que se suman gustosos los panistas, los voceros de la iniciativa privada y los aduladores mediáticos que se hacen pasar por periodistas, caracterizan la represión gubernamental, bajo la simulación del "imperio de la ley" y el "estado de derecho", de los que se excusa y exime a la Minera San Xavier, la SEMARNAT, la Secretaría de la Defensa Nacional, el INAH, el Ayuntamiento de Cerro de San Pedro y la propia administración estatal.
Día a día se consolida en el gobierno un sistema autocrático y arbitrario ajeno al Estado de derecho. Una administración pública al servicio de algunos de los más voraces intereses económicos regionales, nacionales e internacionales.
Mientras funcionarios de la administración panista trafican con información privilegiada para realizar jugosos negocios especulando terrenos en donde habrá de instalarse Ciudad Satélite, la General Motors y el nuevo periférico, el gobierno aplica selectiva y abusivamente la ley.Inventar y aplicar desproporcionadamente delitos de "asociación delictuosa" y "motín" a participantes de una marcha es una situación absolutamente violatoria del Estado de derecho.
Bien puede ser o no que Marcelo De los Santos logre sus objetivos: ablandar a algunos o muchos opositores, desmantelar algunas o muchas organizaciones sociales y, finalmente, hacer preservar a como de lugar los poderosos intereses a los que sirve y con los que se identifica. Pero el daño al Estado de derecho no tiene remedio.
El uso selectivo y desproporcionado de la ley para proteger intereses poderosos y justificar represión contra los opositores, solo contribuirá a confirmar en el ánimo y la opinión de amplios grupos ciudadanos que no vale la pena hacer uso de la ley ni de las instituciones jurídicas, que la ley no es la norma ni el criterio que rige para regular las relaciones entre los ciudadanos, tanto entre ellos como con el gobierno, y que el poder público continúa siendo un instrumento para proteger intereses poderosos e ilegítimos.
La erosión en la posibilidad de construir confianza ciudadana en la ley, el Estado y sus instituciones, y hasta en el sistema democrático mismo, son algunos de los gravísimos costos de las acciones del gobierno de Marcelo De los Santos.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)