Privatización del agua y eficiencia: un mito mundial

Desde los años noventa, y siguiendo las directrices del modelo económico neoliberal, los bancos de desarrollo y los gobiernos industrializados han venido promoviendo al sector privado como solución para mejorar los servicios de agua y de saneamiento en los países en desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que se han planteado reducir hasta el año 2015 a la mitad el número de personas que no tienen acceso duradero al agua potable sana y a los servicios de saneamiento básicos, han también servido para impulsar desde los gobiernos políticas para facilitar e incentivar la participación del sector privado como si de la panacea se tratase.

Las empresas transnacionales del agua han obtenido numerosos contratos de explotación. Supuestamente se esperaba que el sector privado mejorara la eficiencia del servicio y aportara recursos financieros nuevos, no públicos, para satisfacer las grandes necesidades de inversión.

Luego de más de quince años de impulso de tales políticas existen los elementos empíricos suficientes para demostrar que la financiación del sector privado no ha desempeñado, ni tiene probabilidades de desempeñar, ningún papel importante en el avance hacia los Objetivos del Desarrollo del Milenio, pues en ningún lugar del planeta en que se ha privatizado el servicio del agua, hay avances significativos en ampliación de cobertura y mejora de la calidad.

Así lo demuestran varios estudios internacionales tales como: Espejismo en el agua: el fracaso de las inversiones privadas en servicios de agua de países en desarrollo (2006) del World Development Movement, y The relative efficiency of public and private sector water (2006) de la Unidad de Investigación Internacional sobre los Servicios Públicos (PSIRU) de la Universidad de Greenwich.

Tales estudios concluyen que cada vez hay pruebas más abundantes de que el sector privado no es más eficiente que el público en los servicios del agua, pero que sí genera más ganancias para los inversionistas.

El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) concluye que "No se puede dar por sentado que las asociaciones público-privadas (conocidas bajo el acrónimo PPP por el inglés public-private partnership) sean más eficientes que las inversiones públicas y el suministro estatal de servicios....Gran parte de los argumentos a favor de las PPP se sustentan en la relativa eficiencia del sector privado. Si bien hay muchas fuentes sobre este tema, la teoría es ambigua y las pruebas empíricas, heterogéneas" (Public-private Partnership. Fondo Monetario Internacional, 2004).

Según investigaciones hechas para la Economic Rewiew del Banco Mundial, los estudios sobre servicios de agua en Asia "indican que la eficiencia de las empresas privadas no difiere significativamente de las públicas". (The World Bank Economic Review, Vol. 16, No. 1, Oxford University Press 2002).

Las conclusiones de los estudios son contundentes. Señala que en la mayoría de los contratos con empresas privadas, particularmente los de arrendamiento y gestión, no contemplan ninguna intención de invertir por parte de la empresa privada para extender el servicio a viviendas que no tengan conexión con la red. los contratos de concesión, si bien sí contemplan inversiones para extensión de la red, suelen estar sujetos a revisión, y la experiencia demuestra que existe una sistemática y consistente tendencia a ser abandonados u omitidos con el tiempo. Y, finalmente, las empresas privadas de agua no aportan nuevos fondos ni fuentes de financiamiento para las inversiones, sino que dependen fuertemente de las mismas fuentes de que dispone el sector público.

Los informes demuestran que la participación del sector privado en el servicio del agua en los últimos 15 años, no solo no ha significado un avance en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino que ha incidido de forma negativa para las comunidades pobres de todo el mundo.

¿Para qué privatizar entonces el servicio del agua? La única razón es que es un magnífico negocio que no solo ha dejado ganancias de hasta más del seiscientos por ciento a las empresas transnacionales, sino también una buena porción a los intermediarios que suelen ser funcionarios públicos, familiares o amigos de éstos, o hasta empleados de las misma transnacionales.

(Artículo publicado en La Jornada San Luis)