Agua: bien público, negocio privado
Todo parece indicar que las próximas administraciones municipales panistas, de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, encabezadas por Jorge Lozano y Juan Manuel Velázquez, respectivamente, han iniciado los trámites para privatizar el servicio de distribución de agua potable de la ciudad de San Luis Potosí y su zona conurbada.
Así lo reconoce el segundo en declaraciones a "Pulso" aparecidas el pasado 10 de octubre, al afirmar que ya hay conversaciones en ese sentido con la empresa Aguas de Saltillo, filial de la trasnacional Aguas de Barcelona, una de las diez empresas que controlan el próspero negocio a nivel mundial.
En Saltillo la trasnacional funciona desde hace 5 años como empresa mixta, porque el municipio le vendió el 49 % de las acciones del sistema de agua municipal.
Lo inmediato fue el aumento de las tarifas de agua y drenaje hasta en un 36 %, así como el desmedido aumento de los costos de conexión a tales servicios, sin que exista una mejor eficiencia en el suministro o en la calidad del agua, de hecho los niveles de eficiencia física han disminuido, mientras que la eficacia de cobranza, en cambio, ha aumentado, pues la prioridad de las empresas privadas en el agua no es llevarla a las casas, sino cobrarla bien.
El proceso de privatización en Saltillo se hizo a espaldas de la población y sin participación de la ciudadanía, y con grandes beneficios para Aguas de Barcelona. Así, por ejemplo, el organismo regulador de agua, SIMAS-Saltillo, tenía un valor en libros de 453 millones, pero la empresa con una oferta de 82 millones se hizo dueña del 49 %, sin que ello corresponda al costo real.
A mediados del año 2000, el municipio de Saltillo dizque para evaluar diferentes esquemas de participación de empresas privadas en sistemas de agua, contrató a la empresa consultora Freese Nichols, que tenía nexos directos con Aguas de Barcelona a través de Arthur Andersen, en ese entonces asesor contable de la trasnacional española. Fue éste quien fijó un piso financiero mucho más bajo para el organismo público descentralizado SIMAS-Saltillo, favoreciendo así a la empresa catalana. El propio Andersen fue quien condujo el proceso de licitación.
Esta es solo una de las turbiedades del negocio, en el que las autoridades municipales también obtuvieron beneficios en efectivo.
Todo parece indicar que en nuestra ciudad se está cocinando algo similar, también a espaldas de la ciudadanía, ya que ni siquiera han tomado posesión del cargo las próximas administraciones panistas de la capital y de Soledad, y sin embargo ya están en pláticas con la empresa española. Algunos diputados panistas ya deben saber algo al respecto, porque Enrique Trejo Azuara vicepresidente de la Comisión del Agua también opinó al respecto (La Jornada San Luis del 16 de octubre).
El negocio de la privatización del agua es un próspero negocio a nivel mundial. En todos los lugares del mundo en que el servicio de agua se ha privatizado los aumentos han sido notorios: en Francia las tasas aumentaron en un 150 por ciento, en Inglaterra 106 por ciento. Los márgenes de ganancia de las empresas aumentaron hasta en un 692 por ciento, un magnífico negocio.
Existe un detallado y extenso estudio de dos organizaciones internacionales: la Internacional de Servicios Públicos y el Movimiento por el Desarrollo (PSI y WDM, por sus siglas en inglés), financiado por la Unión Europea que demuestra el fracaso de las inversiones privadas en el servicio de agua en los países en desarrollo, pues no aumenta la cobertura ni mejora el servicio, aunque sí los costos para los usuarios. En el estudio se presentan casos específicos de países de África, Asia y América Latina
El asunto es delicado porque el derecho al agua es un derecho para todos los ciudadanos, y los gobiernos son los obligados a dotar de tal bien y servicio indispensable a la sociedad.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)