El retroceso democrático
El proceso electoral del 2006 representa sin duda un brutal retroceso para la vida política y social del país. Las consecuencias serán sumamente graves y costosísimas para el país.
Los artífices del retroceso son también los beneficiarios económicos y políticos de un sistema que mantiene en la postración de la pobreza a más de la mitad de los mexicanos.
Sin recato alguno, sabedores que el cobijo de la impunidad institucional los cubrirá hoy como siempre, fueron puestas a disposición del candidato oficial los recursos del Estado a través de la abierta, y ahora impune, intervención de Vicente Fox y de los otros delincuentes impunes del Consejo Coordinador Empresarial, cuyo cinismo no conoce límites.
La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una abierta invitación a delinquir, una licencia para violentar la ley al amparo "institucional", en tanto en cuanto se forme parte de esa camarilla económico-política que devora la nación a dentelladas.
"¡Impunidad para el poder!" es la divisa de tan imparcial, independiente, certero, objetivo y justo tribunal que forma parte de esas inmaculadas instituciones a las que debemos doblegarnos con ciega fe, en conformidad con los designios de esa camarilla que nos gobierna y se enriquece a nuestro nombre y, desde luego, por nuestro bien, por el bien de todos, lema de sus adversarios e ironías del oficio.
Pero la realidad es más terca que sus simulaciones incluidas las jurídicas, las electorales y las de la propaganda embustera con que nos bombardean hasta el hartazgo los grandes consorcios que controlan los medios de comunicación. Ningún decreto o resolución judicial hará que Felipe Calderón goce de la legitimidad debida. La terca realidad lo demostrará.
Por más ciego que se quiera ser, sea por voluntad propia o por inducción, debe reconocerse que no existen las condiciones para restañar las graves rupturas políticas y sociales que dejó el proceso electoral y que ahora se ahondarán gracias al impoluto proceder institucional de las siempre vírgenes instituciones. ¡Amén!
La brutal involución que significa ya el proceso electoral nos coloca en un escenario de restauración del sistema autoritario, ahora de corte plutocrático, de signo derechista, bajo los colores del PAN. Son matices distintos del autoritarismo priísta que, no por sofisticados o complejos, son menos aciagos y ominosos, por el contrario son más preocupantes toda vez que se asocian e identifican con los intereses de las más reducidas élites del poder económico y los aparatos ideológicos más conservadores. Es la asimilación institucional a la ley del más fuerte, que la resolución del TEPJF ha convalidado, legalizado y legitimizado.
Es de preverse que el autoritarismo panista que inaugura Vicente Fox y su sucesor Felipe Calderón, continuará aumentando la proclividad a coludir los intereses públicos con los negocios particulares -propios o ajenos-, el predominio de la imagen mediática antes que el de las agendas políticas necesarias y sentidas de la población, la discrecionalidad y opacidad en el manejo de los recursos públicos, la insensibilidad política, la intolerancia bajo el discurso hipócrita del respeto a las instituciones, el uso de la represión -legal e ilegal- contra la disidencia, la impunidad para el poder como norma, y -en general- el reforzamiento de la verticalización del poder.
Adiós, entonces, a la vigencia del estado de derecho para todos. Sí a la implantación de un estado de derecho para pocos, es lo que atinadamente Julio Hernández bautiza con su ironía como: la Coalición por el Bien de Pocos.
La falsación del proceso electoral realizada desde el poder y convalidada por el TEPJF, que devino en la inautenticidad de las elecciones, colocan al país en una situación de extrema gravedad.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)