¿Para qué sirve la democracia?

He afirmado en este espacio que en el proceso electoral del 2006 se pone a prueba no solamente la legitimidad misma del procedimiento democrático-electoral, en tanto mecanismo socialmente válido de renovación y acceso al poder, sino que también se juega la posibilidad de consolidar o no el proceso democrático del país en un sentido más amplio.

Hay un segundo aspecto que debe analizarse, relativo al alcance mismo de la democracia en cuanto sistema de organización política.

A contrapelo de lo mucho que se juega en materia de democracia en este año electoral, pareciera que el concepto de democracia atraviesa por una seria crisis. Se habla, así, de que la democracia no resuelve todos los problemas, ni siquiera aún algunos de los más agudos que laceran a las sociedades contemporáneas como la enorme desigualdad económica, la marginación y la pobreza en general. Hay algunos analistas que hasta consideran peligroso que los actores políticos vinculen a la democracia con la solución de tales problemas o con la superación de la desigualdad social, pues colaboran a una cierta decepción y erosión de la democracia, dado que ésta no es un mecanismo diseñado ex profeso para resolver tales asuntos.

¿Qué es la democracia, o para qué sirve entonces?

Precisemos el concepto y entendamos por democracia un sistema político que debiera reunir, por lo menos, dos características. La primera se refiere a su legitimidad de origen, es decir, al hecho de que quienes ocupen los cargos de gobierno lo hagan por haber llegado a ellos mediante procedimientos electorales dirigidos por autoridades más o menos imparciales, y en relativas condiciones de libertad para los electores y equidad para los participantes, de tal forma que tales procesos sean, por decirlo así, auténticos.

En segundo término la noción de democracia debe incluir, en mi opinión, el concepto de estado de derecho, lo que significa que el gobierno emanado de un procedimiento electoral más o menos imparcial, libre, auténtico y equitativo debe limitar su actuar al marco de las obligaciones y los derechos que la ley le otorga y garantizar que éstos sean efectivamente gozados por todos los ciudadanos que conforman dicho estado, sin distinción o discriminación por edad, sexo, creencias, opiniones, grupo étnico, condición económica, grado académico, entre otros. De tal forma que más propiamente deberíamos hablar de un estado democrático de derecho.

Este es el otro punto neurálgico que nos jugaremos en el próximo proceso electoral: la posibilidad de acercarnos, finalmente, a un verdadero estado de derecho.

En efecto, aceptando sin conceder, que los mecanismos democráticos no sean capaces de resolver de golpe y porrazo el problema de la desigualdad social, la marginación y la pobreza, debemos en cambio ser enfáticos en que sí puede exigírsele la creación, consolidación y expansión de un estado de derecho.

La ausencia de un estado de derecho es la gran asignatura pendiente en el cambio político nacional.

La derrota del PRI en el proceso del 2000 y la llegada al poder de la oposición panista no han significado, ni de cerca, la posibilidad de hacer vigente el estado de derecho en nuestro país. En parte por la incapacidad de las fuerzas opositoras (PAN y PRD) de realizar un pacto para la reforma del Estado. Y porque el panismo en el poder, mediante el foxismo, no ha tenido un compromiso sólido y consistente en el tema, ni creó las condiciones políticas para ello.

La vigencia del estado de derecho exige, por lo menos lo siguiente: combate frontal a la impunidad; fortalecimiento del Poder Judicial mediante la independencia del Ejecutivo; reforma profunda de las corporaciones de seguridad pública y del Ministerio Público; una política efectiva en materia de derechos humanos.

En tales temas, la actual administración ha quedado a deber demasiado.

Acceder finalmente a la vigencia del estado de derecho es también una de las serias disyuntivas de los resultados del actual proceso electoral.

(Artículo publicado en La Jornada San Luis)