Otra de policías
Gobiernos vienen y van, pasa el tiempo y las corporaciones policíacas continúan siendo un desastre. Ningún gobierno parece saber cómo enfrentar el grave deterioro de los cuerpos de seguridad del país y la corrupción que los permea desde hace tiempo.
Esta semana hemos dio testigos del espeluznante video que nos muestra a elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (la AFI) ejecutando a, por lo menos, un miembro de la banda delictiva de los "zetas", y en el que aparecen otros más con visibles muestras de haber sido torturados.
Los "zetas", a su vez, son exmilitares que luego de ser capacitados como un selecto y preparado cuerpo de las fuerzas armadas, sirven ahora a los poderosos cárteles de la droga, mostrando otra preocupante faceta de la corrupción.
A lo largo y ancho del país, ni los gobiernos municipales, estatales y federal han sabido enfrentar la necesaria reestructuración de los cuerpos policíacos bajo su mando. La estrategia ha sido crear nuevas corporaciones policíacas que vuelven a repetir las perversiones y corruptelas de siempre. En otros casos simplemente les han cambiado de nombre pero han conservado todos los vicios que les caracterizan.
De Policía Judicial del Estado, nombre tan desprestigiado, le cambiaron a Policía Ministerial pero no modificaron su estructura interna ni combatieron las graves inercias y falta de profesionalización que le ha caracterizado y que la ha llevado a ser más un órgano represivo y delincuencial que lo que debiera ser: un equipo de profesionales dedicados a la investigación criminal.
De Policía de Protección Social le cambiaron el nombre a Dirección de Seguridad Pública del Estado, pero solo fue para efectos de disimular las estadísticas que señalan que, con un nombre o con otro, continúa teniendo uno de los mayores índices de quejas por violaciones a los derechos humanos presentadas por ciudadanos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En días pasados escuché el testimonio de Juan Manuel Rodríguez Bautista, un joven estudiante de Derecho de la UASLP en Ciudad Valles quien fue sometido a una serie de abusos tales como: detención arbitraria, golpes y lesiones. Luego de ser detenido cuando estaba en una fiesta en la comunidad de la La Hincada, debido a una trifulca en la que no participó, le propinaron tal golpe en el tobillo que le causaron un esguince, por lo que al no poder incorporarse para entrar a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública del Estado en Ciudad Valles, ubicadas en el libramiento que circunda la ciudad, lo arrastraron por el suelo. Así también lo "trasladaron" a las celdas de Tránsito Municipal donde lo continuaron sometiendo a un trato inhumano y degradante por espacio de horas y luego lo amenazaron para que no denunciara los hechos. Como dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aplica al cuerpo policíaco, que con un nombre o con otro continúa realizando todo tipo de atropellos contra la ciudadanía.
En el ámbito nacional, le cambiaron el también desprestigiadísimo nombre a la Policía Judicial Federal por el de Agencia Federal de Investigaciones (AFI) pero el video difundido por un diario norteamericano nos muestra el mismo nivel de deterioro que presentaba con su anterior nombre. De nuevo, aún con seda: mona se queda.
Una miope y sesgada visión del combate a la inseguridad y la criminalidad lleva a los gobiernos a implementar una estrategia en la que solo se privilegia el aumento de los efectivos de cuerpos policíacos, así como su capacidad de fuego mediante el mayor equipamiento tecnológico en materia de armas, no de inteligencia. Con ello solo se consigue, irónicamente, aumentar la arbitrariedades policíacas y la penetración del crimen organizado en tales cuerpos, que encuentra en ellos mano de obra especializada en la violencia y actividades criminales, así como un perfil sociópata idóneo, de tal suerte que los cuerpos policíacos son escuelas del crimen pagadas con recursos públicos que terminan por contribuir a incrementar el clima de inseguridad y la criminalidad. Un costoso subsidio gubernamental en apoyo directo al crimen organizado.
Costo económico y social de graves consecuencias.
(Artículo publicado en La Jornada San Luis)